Juan Gabriel González Vaca

Expediente 261/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
261/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Gabriel González Vaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del aludido acuerdo, en razón de haberse SOBRESEÍDO el juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. En lo referente al cuaderno principal incidental, el mismo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse negado en definitiva las medidas cautelares solicitadas, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; ********************, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Contraloría Municipal en cuanto órgano interno de Control del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, Michoacán, contra los actos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. a). Acto de aplicación de capítulos y artículos derogados. La resolución administrativa 09 de marzo del año 2018, dos mil dieciocho. b). Violenta el ejercicio de derecho de petición. La negativa o acto de omisión por parte de la autoridad responsable a proporcionarme copias de todo lo actuado dentro del expediente de procedimiento administrativo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda y se proveyó sobre la suspensión de plano, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: Resolución emitida el nueve de marzo de dos mil dieciocho por el Contralor Municipal de Zamora, Michoacán, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades ********************, en la que se determinó destituir del cargo de servidor público al ahora quejoso e imponerle la inhabilitación por un año. b). La omisión de proveer respecto de la solicitud de copias de todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo ********************, presentada el doce de marzo de dos mil dieciocho ante la responsable. No pasa inadvertido que de la demanda de amparo se desprenda que el quejoso también haya expresado que ante la falta de respuesta del Contralor, el quince de marzo del año en curso presentó escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, solicitando copias certificadas del referido expediente administrativo, pero es el caso que en la misma demanda expuso que no deseaba señalar a este último como autoridad responsable, y sólo narraba lo anterior como antecedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, negó la omisión reclamada, esto es, afirmó que respecto a la omisión de proveer sobre la solicitud de copias fotostáticas solicitadas, no es cierto el acto reclamado. Además, la inexistencia de esa omisión se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe con justificación, consistentes en copias certificadas deducidas del procedimiento administrativo ********************, de las que se desprende que a fojas 92 y 93, obra el acuerdo emitido el doce de marzo de dos mil dieciocho en el que se se proveyó la solicitud del ahora quejoso presentada el doce de ese mes y año en curso, por la que solicitó copias de todo lo actuado en ese procedimiento. De igual forma, se cuenta con la copia de la notificación realizada al activo de ese acuerdo, de la que se desprende que el ahora quejoso firmó como constancia de notificación (foja 93 del cuaderno de pruebas). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". Lo anterior permite afirmar que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintidós de marzo de dos mil dieciocho-, la omisión calificada como lesiva de los derechos fundamentales de la quejosa, no existía, porque ya se había realizado pronunciamiento respecto a la petición de copias, las cuales se dejaron a su disposición. Al respecto, cabe precisar que la existencia de los actos de autoridad debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la actuación de la autoridad no existía a la presentación de la demanda de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio por inexistencia del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, es obvio que a las autoridades responsables no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, y tampoco es posible imponerle la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente al momento de la interposición de la demanda, para justificar su negativa, toda vez que, al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria que reclama el quejoso, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. Tiene aplicación al caso, la tesis que dice: Época: Novena Época Registro: 201964 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.32 K Página: 763 "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 192/96. Juan Rafael Díaz Lima y otra. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado por ministerio de ley José Mario Machorro Castillo. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores". Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo del informe con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia del acto reclamado, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde al quejoso, a más de que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a acreditar, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Funda lo anterior considerado, la tesis de jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Octava Época Registro: 210769 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/308 Página: 77 "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 182/93. Fidel Benítez Martínez. 6 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 343/93. Anuncios en Directorios, S.A. de C.V. 19 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 610/93. Carlos Merino Paredes. 27 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. Amparo en revisión 48/94. María del Rocío Ortiz Niembro y otro. 15 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores. Amparo en revisión 111/94. María Luisa Hernández Hernández. 13 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 553, página 368". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de la omisión que se reclama. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la quejosa, ni demostrado en el cuaderno de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente al momento de la interposición de la demanda, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Sexta Época: Amparo en revisión 698/58.-Oranimatla, S.A.-15 de noviembre de 1960.-Mayoría de quince votos.-Ponente: Gilberto Valenzuela. Amparo en revisión 1275/55.-Rodolfo Luna y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-Ponente: Ángel González de la Vega. Amparo en revisión 4689/57.-Adolfo Aguilar Borja y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 6131/57.-Antonio Macías Caballero y coags.-3 de enero de 1961.-Unanimidad de diecisiete votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 2850/59.-Inmobiliaria Málaga, S.A.-22 de marzo de 1961.-Unanimidad de quince votos.-Ponente: Franco Carreño. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, página 209, Pleno, tesis 310". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, consistente en la resolución emitida el nueve de marzo de dos mil dieciocho por el Contralor Municipal de Zamora, Michoacán, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades ********************, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 12 a 16 del cuaderno de amparo). Además, la certeza se corrobora con las constancias que obran en autos, de las cuales se obtiene la existencia del acto reclamado; las que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Se omitirá el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado descrito en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]." Del precepto legal trascrito, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos respecto de los cuales se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificarlos, revocarlos o nulificarlos; lo anterior tiene sustento práctico y justificación plena si se toma en cuenta que dicha causal de improcedencia pretende evitar la existencia de dos resoluciones dictadas dentro de una misma controversia, bajo el riesgo de que resulten contradictorias. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del siguiente contenido: Época: Novena Época Registro: 190665 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 144/2000 Página: 15 "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Contradicción de tesis 31/96. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 5 de octubre de 2000. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 144/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil". De conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte, se desprende que la causal que nos ocupa, se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa contra el acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en la resolución emitida el nueve de marzo de dos mil dieciocho por el Contralor Municipal de Zamora, Michoacán, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades ********************, en la que se determinó destituir del cargo de servidor público al ahora quejoso e inhabilitación por un año. Ahora, del análisis de las constancias remitidas por la responsable el veintidós de junio del año en curso, cuya recepción se proveyó el veinticinco de ese mes y año, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia mencionada, en virtud de que se surten las circunstancias establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, respecto al punto consistente en que sea el disconforme quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se advierte que a través de escrito de tres de abril de dos mil dieciocho, ********************, -quejoso- interpuso juicio de nulidad contra la resolución administrativa emitida el nueve de marzo de dos mil dieciocho dentro del procedimiento administrativo ********************, en la cual se le impuso como sanción la destitución del cargo de servidor público e inhabilitación por el término de un año. En cuanto a que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo, cabe señalar que de las constancias remitidas por la responsable, por oficio 310/06/2018, de veinte de junio de dos mil dieciocho, se desprende que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, admitió a trámite la demanda de nulidad y ordenó emplazar a la parte demandada en el juicio de origen, medio de defensa el cual aun no se resuelve; es así, porque tal cuestión en modo alguno se advierte de las constancias remitidas, así como de las manifestaciones de la responsable. Finalmente, respecto a que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 154 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. "Artículo 154. El Tribunal será competente para conocer y resolver en forma definitiva de las controversias que en juicio se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivos, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda ejecutar, según corresponda, por el Poder Ejecutivo, de los actos materialmente administrativos de los poderes legislativo y judicial; de la Auditoría Superior de Michoacán, por los gobiernos municipales, por los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos así como de cualquier persona física o jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad; será además competente para determinación e imposición de sanciones, salvo las excepciones marcadas en la Ley: I. Que determinen la existencia de una obligación fiscal, la fijen en cantidad líquida o den las bases para su liquidación; II. Que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por las leyes fiscales indebidamente percibidos por el Estado o los municipios; o cuando se niegue por las mismas autoridades la devolución de un saldo a favor del contribuyente; III. Que sean dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando se afirme, en los casos siguientes: a) Que se es poseedor, a título de propietario, de los bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al fisco, para ser pagado con el producto de los mismos; y, b) Que un tercero sea propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados; entonces podrá promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal o municipal. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales o municipales, podrá promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal. En los juicios que se promuevan por alguna de estas causas, no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal; IV. Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a los precisados en las fracciones anteriores, así como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad administrativa, estatal o municipal, fuera del procedimiento de ejecución fiscal; V. Que impongan sanciones por infracción a las leyes y reglamentos estatales o municipales, de carácter administrativo o fiscal; VI. Que hayan sido dictados en materia de pensiones con cargo al erario estatal o a cargo de los municipios de la Entidad, o de las instituciones estatales o municipales de seguridad social; VII. Que se trate de resoluciones negativas fictas, configuradas por el silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que las normas fijen o, a falta de éste, en el término de treinta días; VIII. Que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición de otras normas se consideren como competencia del Tribunal; IX. Que se refieran a la interpretación, cumplimiento o incumplimiento de contratos administrativos, en los que sean parte el Estado o los municipios, o sus entidades paraestatales o paramunicipales; X. Que consistan en cualquier acto u omisión definitivos de las autoridades administrativas del Estado, de los ayuntamientos y de sus entidades paraestatales o municipales, que afecten los intereses jurídicos de los particulares; XI. Que resulten derivados de la prestación de servicios de policías municipales o estatales y las instituciones de seguridad pública; (REFORMADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XII. Que resuelvan respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior, la Unidad y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes; XIII. Que sean resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, estatales o municipales, al resolver los recursos establecidos por las normas respectivas cuando: a) La resolución recaída a un recurso administrativo o de revisión, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio administrativo, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso; y, b) La resolución a un recurso administrativo o de revisión que lo declare por no interpuesto o improcedente, siempre que el Magistrado Instructor determine la procedencia del mismo, el juicio administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. (ADICIONADA, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) XIV. De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, particulares, personas físicas o jurídicas vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría y los Órganos Internos de control de los Órganos del Estado, o por la Auditoría Superior de Michoacán, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al Patrimonio de los Órganos del Estado". "Artículo 278. Los efectos de la sentencia serán: I. Resolver sobre la legalidad y validez de la resolución o del acto impugnado; II. Decretar, total o parcialmente, la nulidad del acto o de la resolución combatida y las consecuencias que de éstos se deriven; debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir; III. Modificar el acto o resolución impugnada; o, IV. En su caso, imponer la condena que corresponda". De los preceptos anotados se advierte que abordan el juicio de nulidad, el cual podrá interponerse contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente; asimismo, patentizan que la autoridad encargada de resolverlo podrá declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente, así como modificar u ordenar su modificación o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya. En esos términos, se concluye que a través del referido juicio se podrá revocar o modificar la resolución administrativa que ahora combate, en la que se le destituyó del cargo de servidor público e inhabilitación por el término de un año; por tanto, en caso de que resulten acertados los planteamientos enderezados contra ella, el fallo que recaiga a dicho medio de defensa podrá tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. En consecuencia, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia propuesta, toda vez que como quedó asentado, la impetrante de amparo, tramitó ante la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, un medio de impugnación que podría modificar, revocar o nulificar, el acto que en la presente vía reclama; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. Es aplicable al caso concreto la tesis del siguiente contenido: Época: Séptima Época Registro: 254485 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 79, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 71 "RECURSOS EN TRAMITE. CAUSAN LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUNQUE NO SUSPENDAN EL ACTO RECLAMADO O SUS EFECTOS. La causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, existe cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Por tanto como lo único que exige la ley para que se configure la aludida causa de improcedencia, es que se esté tramitando un recurso y por medio de éste se pueda obtener que se revoque, modifique o nulifique el acto reclamado, es intrascendente que dicho recurso suspenda o no el acto reclamado o sus efectos. TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 556/74. Manuel Fitzmaurice Beltrán del Río. 25 de julio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez Fitta. Amparo en revisión 268/75. Fernando Celis Pascal. 25 de julio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Sánchez Fitta". Así como la diversa tesis que dice: Época: Octava Época Registro: 225731 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Común Tesis: Página: 234 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTA EN TRAMITE UN RECURSO ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Aun cuando la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia cuando se está tramitando ante los "tribunales ordinarios" algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, debe entenderse que también se surte dicha causal de improcedencia en los casos en que se encuentre en trámite un recurso ante la autoridad administrativa, puesto que el objeto de tal disposición legal es que no se ventilen simultáneamente diversos medios de impugnación respecto de la misma materia o resolución. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 306/89. Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla. 27 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Rubén Bretón Cuesta". De igual manera sustenta lo anterior, la tesis que señala: Época: Décima Época Registro: 2006919 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 8, Julio de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: (I Región)4o.11 A (10a.) Página: 1162 "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. Amparo en revisión 30/2014 (cuaderno auxiliar 426/2014) del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Abraham García Tapia. 2 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: María Danniela Ortega Ortiz. Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación". También es aplicable la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 164702 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 3/2010 Página: 292 "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste. Contradicción de tesis 285/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito). 4 de noviembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Alberto Rodríguez García. Tesis de jurisprudencia 3/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de diciembre de dos mil nueve. Nota: Por ejecutoria del treinta y uno de agosto de dos mil once, la Primera Sala declaró improcedente la solicitud de modificación de jurisprudencia 15/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva". En esos términos, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XIX, en relación con la fracción V del precepto 63 de la Ley de Amparo, al haber sobrevenido la causal de improcedencia examinada. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Séptima Epoca: Amparo en revisión 588/62. Gregorio Escobar y coags. 2 de julio de 1962. Cinco votos. Amparo en revisión 1543/69. Angelina Meza Esquerra. 22 de enero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4444/69. Enrique Villegas Montes y coags. 4 de febrero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1391/70. Carmen Gibsón de Cobera. 24 de septiembre de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 6171/69. Poblado Comunal de San Rafael Ixtapaluca, Mpio. de Tlahuapan, Puebla. 30 de septiembre de 1970. Unanimidad de cuatro votos". Cabe precisar que no es obstáculo a la determinación precedente el hecho de considerar las documentales allegadas por la responsable con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, dado que si bien la regla general prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que las pruebas de la indicada naturaleza, entre otras, deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, cuyo propósito estriba en no quebrantar el principio de igualdad procesal y dar oportunidad a las demás partes procesales (en su caso) a ejercer la facultad de objetar esos documentos -circunstancia que imposibilita ponderar aquéllas exhibidas con posterioridad a la celebración de dicha diligencia, pues de otra manera se limitaría el ejercicio de la referida prerrogativa-; lo cierto es que la indicada regla procesal es inaplicable tratándose de pruebas documentales a través de las cuales se acredita un motivo de improcedencia que llevaría al sobreseimiento del juicio de amparo; a pesar de que su exhibición sea posterior a la celebración de la indicada audiencia. Máxime, si se toma en cuenta que las hipótesis de improcedencia que restringen esta clase de medios extraordinarios de defensa, son cuestiones de orden público que deben atenderse en un orden de prelación preferente al análisis de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados. Por ende, quien resuelve está facultado para valorar los documentos que como medios de prueba se exhiben, siempre que aquéllos sean tendentes a demostrar alguna causa de improcedencia del juicio de amparo -como acontece en el caso-. Época: Décima Época Registro: 2000902 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.) Página: 1279 "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia". Contradicción de tesis 396/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 de febrero de 2012. Cinco votos; Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Everardo Maya Arias. Tesis de jurisprudencia 25/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil doce. Nota: Por instrucciones de la Segunda Sala, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 681; se publica nuevamente con la votación correcta en el precedente". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerando segundo, con base a las razones expuestas en los dos últimos considerandos de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil dieciocho. DESIGNA AUTORIZADO Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Gabriel González Vaca, atento a su contenido, téngasele por designando como su autorizado a Enrique Mateo Hernández quien podrá hacer uso de la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. SE DA VISTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fesvm

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