Juan Flores Moreno

Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1269/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Juan Flores Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa.********************En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS********************Devuélvanse al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas.********************ARCHIVO********************Ahora, se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio.********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************DESTINO DE INCIDENTE********************En relación con el incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyase transcurridos tres años, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número III-1269/2022, promovido por Juan Flores Moreno, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Juan Flores Moreno promovió demanda de garantías contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de garantías registrada bajo el número III-1269/2022; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad en materia familiar residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado, el que cuenta con competencia mixta. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado, en la presente instancia constitucional, consiste: Del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 834/2021, en el que se decretó como medida provisional la reincorporación de la actora, aquí tercero interesada, al domicilio conyugal y la salida del demandado, aquí quejoso; además se le prohibió acercarse a su esposa a una distancia no menor de doscientos metros a la redonda del lugar en que se encuentre la afectada; y, se le requirió para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio contra la actora. Sin que pase inadvertido para quien suscribe el hecho de que en su demanda de amparo el quejoso precisó que reclama del juez responsable el haber atentado contra los derechos posesorios respecto del bien inmueble que habita; sin embargo, del análisis integral de la demanda de garantías y su escrito aclaratorio es factible advertir que dicha circunstancia no la reclama por vicios propios, sino que ello deriva de la medida cautelar decretada y en atención a la cual se determinó la salida del aquí quejoso del domicilio conyugal. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se advierte que es cierto el acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario oral familiar número 834/2021. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La tercero interesada señala que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que el quejoso, previamente a acudir a esta instancia constitucional, no interpuso el recurso de apelación previsto en el Código Familiar del Estado. Argumento que resulta infundado. Para determinar lo anterior resulta conveniente traer a glosa el contenido de los preceptos legales que regulan el citado recurso, los cuales a la letra dicen: "Artículo 1087. En los procedimientos del orden familiar solo será admisible el recurso de apelación." "Artículo 1092. Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva." "Artículo 1095. Para que proceda la apelación contra autos o interlocutorias que no sean de las determinadas en el artículo 1092, se requiere disposición expresa de este Código. En estos casos, de admitirse en ambos efectos, se remitirán los autos originales a la superioridad y de ser necesario el medio óptico; y cuando lo fuese en el devolutivo, se enviará a la alzada testimonio integrado con las constancias señaladas por el juez y las partes dentro del término de tres días.". Ahora, si bien es cierto que el Código Familiar prevé la posibilidad de impugnar mediante el recurso de apelación diversas determinaciones, no menos verídico resulta que para que este fuera procedente contra la medida provisional reclamada se requiere de disposición expresa acorde a lo señalado en el artículo 1095 transcrito, lo cual no acontece, ya que en el Código Familiar no existe disposición expresa que prevea que en contra de las medidas provisionales procede el recurso de apelación. Más aún que dada su naturaleza, no son determinaciones que pongan fin al juicio, sino que se dirigen a salvaguardar temporalmente ciertas situaciones, derechos o bienes, a fin de conservar la materia del juicio, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Por tanto, al resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la tercero interesada y no advertirse de oficio la actualización de alguna, procede el análisis del fondo material controvertido. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa por los motivos que más adelante se expondrán. Ahora bien, el quejoso se duele del auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 834/2021, que decretó como medida provisional la reincorporación de la actora, aquí tercero interesada, al domicilio conyugal y la salida del demandado, aquí quejoso; además se le prohibió acercarse a su esposa a una distancia no menor de doscientos metros a la redonda del lugar en que se encuentre la afectada y se le requirió para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio contra la actora. Ahora bien, de las constancias relativas se advierten los siguientes antecedentes del acto reclamado: Ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se tramita el juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa número 834/2021, promovido por la tercero interesada Guillermina Magaña Ángeles frente al quejoso Juan Flores Moreno. En ella solicitó como medida cautelar la separación de personas, virtud de la violencia de la que dijo ser objeto; así como su restitución al domicilio conyugal (foja 3 del tomo de pruebas). Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda, ordenó emplazar al reo; y, negó decretar las medidas solicitadas argumentando que la separación había sido materializada, en atención a que la quejosa no habitaba en ese momento en el domicilio conyugal; no obstante, determinó prohibir al demandado que se acercara al domicilio de la actora, virtud de la violencia alegada (foja 20 a 23 del tomo de pruebas). No obstante, mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, la tercero interesada insistió en su solicitud, a cuyo efecto realizó diversas manifestaciones (foja 49 a 54 del tomo de pruebas). En mérito de ello, por auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, el juez responsable requirió a la actora para que acreditara la necesidad de la medida (foja 55 a 55 bis del tomo de pruebas). En atención a dicho requerimiento, por escrito de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la tercero interesada ofreció diversos medios de prueba entre las que destaca la testimonial a cargo de tres atestes (foja 57 a 82 del tomo de pruebas). Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se admitieron los medios de prueba ofrecidos (foja 83 a 84 del cuaderno de pruebas), destacando la testimonial (foja 95 a 100 del tomo de pruebas). Siendo así, desahogada que fue la testimonial el catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se decretó como medida provisional la reincorporación de la actora, aquí tercero interesada, al domicilio conyugal y la salida del demandado, aquí quejoso; además se le prohibió acercarse a su esposa a una distancia no menor de doscientos metros a la redonda del lugar en que se encuentre la afectada y se le requirió para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio contra la actora (foja 102 a 103 del tomo de pruebas). Posteriormente, el cinco de abril de dos mil veintidós, se dictó resolución en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial (foja 113 a 121 del tomo de pruebas). El doce de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva (foja 148 a 173 del tomo de pruebas). Inconforme con dicha determinación, la aquí tercero interesada interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, ordenó la reposición del procedimiento dejando sin efectos todo lo actuado a partir del proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, a fin de que el juez de nueva cuenta analice el escrito de contestación de demanda presentado por el demandado (foja 198 a 217 del tomo de pruebas). De tal modo que mediante auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el juez responsable dejó sin efectos la sentencia dictada y todo lo actuado a partir del proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, y acordó lo conducente respecto del escrito de contestación de demanda (foja 225 a 228 del tomo de pruebas). En mérito de ello, la parte actora, aquí tercero interesada, solicitó medida cautelar a fin de que se le pusiera en posesión del inmueble de su propiedad y que había sido el domicilio conyugal (foja 241 a 245 del tomo de pruebas). Mediante auto de quince de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable requirió a la actora para que acreditara la necesidad de la medida (foja 246 a 247 del tomo de pruebas). En atención a ello, la solicitante de la medida ofreció diversos medios de prueba, entre las que destaca la testimonial a cargo de tres atestes (foja 249 del tomo de pruebas). Siendo así que por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el juez responsable admitió las pruebas ofrecidas por la actora (foja 261 a 262 del tomo de pruebas). El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se desahogó la prueba testimonial a cargo de tres atestes quienes en lo que aquí interesa y, en esencia, fueron coincidentes en señalar que en señalar que conocían a las partes por tener un vínculo familiar directo y por afinidad; que el domicilio conyugal únicamente es habitado por el demandado en atención a que el quejoso no le permite la entrada, ya que incluso cambió las cerraduras y que ha ejercido múltiples actos de violencia en contra de la actora (foja 269 a 274 del tomo de pruebas). Y, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable decretó como medida provisional la reincorporación de la actora, aquí tercero interesada, al domicilio conyugal y la salida del demandado, aquí quejoso; además se le prohibió acercarse a su esposa a una distancia no menor de doscientos metros a la redonda del lugar en que se encuentre la afectada y se le requirió para que se abstenga de realizar actos de molestia por cualquier medio contra la actora. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. De inicio debe precisarse que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia, implican el despliegue de una serie de conductas estatales a través de las cuales se garanticen la seguridad de las víctimas, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. En este contexto, pueden dictarse medidas de urgencia para evitar situaciones en las que se ponga en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o a su integridad sexual, de amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su familia. En esta línea, sobre la medida de separación de personas en casos de violencia familiar, el Código Familiar el Estado de Michoacán, dispone lo siguiente: Artículo 857. El cónyuge que intente demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar la separación al juez de instrucción. Artículo 858. La solicitud puede ser escrita o verbal, y en ella se señalarán las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores de edad o con discapacidad y las demás circunstancias del caso. Artículo 859. El juez podrá decretar el desahogo de los medios de prueba y practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de decretar la medida. Artículo 860. Presentada la solicitud, el juez sin más trámite, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia, y de concederla, atendiendo las circunstancias particulares del asunto, dictará las medidas pertinentes para que se practique, la que se notificará al otro cónyuge, previniéndole para que se abstenga de impedir la separación o les cause molestias, bajo apercibimiento que de no acatar dichas disposiciones se dará vista al ministerio público para que proceda legalmente. Artículo 861. En la resolución en que la medida se decrete o en la diligencia en que se practique, el juez podrá decidir cuál de los cónyuges, hijos menores de edad o con discapacidad permanecerán en el domicilio conyugal. Asimismo, determinará con quién de los cónyuges se quedan los hijos en custodia provisional, estando siempre a su interés superior. Levantará un inventario de las pertenencias personales que el cónyuge que es separado se lleve, incluyendo las necesarias para el ejercicio de su profesión, arte u oficio, así como de todos los bienes que se queden en el domicilio conyugal. Artículo 862. El juez podrá dictar, de estimarlo pertinente, otras medidas, atendiendo a las circunstancias del caso, o variar las decretadas, en virtud de causa justa o superveniente, petición o acuerdo de los interesados. Artículo 863. En la resolución en que se decrete la separación, se señalará el término de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella, que no deberá ser mayor de ocho días contados a partir del siguiente de efectuada aquella. A juicio del juez, podrá concederse por una sola vez, una prórroga hasta por igual término. Artículo 864. Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la separación, debiendo el cónyuge regresar al domicilio conyugal dentro de los tres días naturales siguientes. Pudiendo solicitar al juez su reincorporación al mismo. Observándose en ella lo previsto, en lo conducente, para la separación. Cualquier dificultad que surgiere en la reincorporación, el juez la resolverá de plano y sin más trámite. Artículo 865. El juez, de oficio o a petición de parte, señalará y asegurará las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda. Artículo 866. También podrá decretar las medidas que estime convenientes para evitar que los cónyuges se causen perjuicios en sus respectivos bienes y en los de la sociedad conyugal, en su caso. Asimismo, podrá ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a los cónyuges, la anotación preventiva de la demanda y auto que la admita en el Registro Público de la Propiedad y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes, con el fin de que no se transmitan, graven, modifiquen o extinga su dominio, posesión o demás derechos reales sobre los mismos. Artículo 867. Cuando la cónyuge se encontrare embarazada, lo comunicará al juez, quien a petición de parte o de oficio, asegurará los gastos concernientes a la comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, gastos de embarazo y parto. Artículo 868. De igual modo, podrá revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieren otorgado, con las excepciones que señala el artículo 1757 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 869. Los derechos contenidos en este capítulo, también podrán ser ejercidos por la concubina y el concubino, cuando tengan un domicilio en el que vivan de común acuerdo, así como por la persona que forme parte de una unión fuera de matrimonio, los parientes de esta o cualquier otra persona que esté sujeta a custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado.". Los preceptos transcritos revelan la naturaleza provisional de la medida cautelar aludida, pues en términos generales, precisan que quien intente demandar a su cónyuge puede pedir su separación ante el juez competente, así como que éste deberá resolver sobre la solicitud y dictar las medidas necesarias para que se realice concrete. En efecto, dicha figura jurídico-procesal implica la facultad del juzgador para decretar lo conducente para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación del proceso. Asimismo, dichas medidas generalmente se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, pues el afectado puede combatirlas en forma posterior. En conclusión, la figura procesal analizada se encuentra prevista por el orden jurídico nacional para preservar una situación de hecho frente a un riesgo inminente o preparar un medio de convicción que, por el transcurso del tiempo, pudiera desaparecer o perder su eficacia probatoria, de ahí que su instauración obedece evidentemente a evitar un daño irreversible. Lo antes señalado permite colegir que dicho acto no constituye un acto privativo (de naturaleza definitiva) sino aquellos que son catalogados como de molestia (de naturaleza temporal) y, para evidenciarlo, es pertinente acudir al texto del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, en tanto que contiene el derecho fundamental de audiencia previa que el quejoso dice le fue violentado, que en lo que interesa establece: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Dicho Texto Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De lo anterior se deduce que dicho numeral contempla la garantía para ejercer debidamente el derecho fundamental de defensa, la cual consiste en: a) Que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, del contenido de la cuestión que va a debatirse y de las consecuencias que se producirían en caso de que prospere la acción intentada. b) Que se le dé la oportunidad de presentar sus defensas, organizándose un sistema de comprobación, de tal forma que quien sostenga una cosa, pruebe su veracidad, y que quien sostenga lo contrario pueda también demostrarlo. c) Que cuando se agote la etapa anterior, se brinde a los interesados la oportunidad para presentar alegaciones; d) Que el procedimiento concluya con una resolución completa, congruente e imparcial; y, e) Que el afectado tenga la oportunidad de impugnar la citada determinación. Así, las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el proceso jurisdiccional o administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa. Aquí es importante precisar que la garantía de audiencia previa tiene como condición de exigibilidad, la relativa a que el acto de autoridad tenga la calidad de privativo. Por lo cual, como acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos del gobernado y no todo acto de autoridad provoca esos efectos -como aquí acontece-, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. En efecto, hay actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se tratan de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Entonces, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación", en términos del segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan carácter de definitivos. Para una correcta intelección del tema en concreto, es necesario acudir a la jurisprudencia que a letra dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". De lo anterior se sigue que para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado y que es señalado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por tanto, si requiere el cumplimiento de las formalidades establecidas por el artículo 14, o si es un acto de molestia y, por ello, es suficiente el cumplimiento de los requisitos que prevé el artículo 16 Constitucional. Para efectuar tal distinción debe acudirse a la finalidad que el acto persigue, esto es, si la privación del bien es la finalidad connatural del acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Como quedó visto, los preceptos del Código Familiar transcritos señalan que la separación provisional de cónyuges es una medida sujeta a una temporalidad, que, por lo general, tiene como finalidad que aquella persona que vaya a demandar a su cónyuge pueda solicitar esa separación, así como proteger la integridad de los contendientes en casos dado podría existir violencia o situaciones de riesgo, incluso, derivada de la molestia que podría provocar futura contienda judicial. Lo que traería como consecuencia que deje de habitar el domicilio conyugal por ese tiempo, en tanto se resuelve la controversia planteada. En esta tesitura, la separación de cónyuges es sólo una medida provisional o precautoria, pues tiene por objeto salvaguardar la integridad y seguridad de los integrantes de la familia. Consecuentemente, dicha separación provisional no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo que hiciera obligatoria la observancia de la garantía de audiencia previa, en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues la separación del quejoso de su domicilio conyugal no es un acto definitivo, no es su finalidad connatural, sino en todo caso un acto de molestia. Por tanto, contrario a lo argumentado por el quejoso, no se requería que fuera escuchado en forma previa, precisamente debido a la naturaleza provisional del acto de molestia de que se trata. Es aplicable a lo anterior por analogía la tesis aislada CXXIV/95, que si bien se refiere a la legislación del Estado de Jalisco, alude a la misma figura que se contempla en esta entidad federativa, cuyo texto y datos de localización son los siguientes: "SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA PREVE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. La separación de personas contemplada como acto prejudicial en el citado artículo 221, constituye una medida provisional que no entraña propiamente un acto de privación de aquellos a los que se refiere el artículo 14 constitucional al consagrar la garantía de audiencia, es decir, de los que tienen por objeto fundamental sustraer algún derecho del patrimonio del gobernado, respecto de las cuales se precisa la substanciación de un procedimiento previo al dictado del acto en el cual se observen las formalidades esenciales que permitan al afectado la defensa oportuna y plena de sus intereses; se está en presencia, por lo contrario, de una medida que tiene por objeto preservar los principios que regulan la institución social de la familia para cuya conservación se hace necesario mantener separados a los cónyuges a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la medida y hasta la fecha en que el Juez deje sin efecto la providencia decretada ante la falta de presentación de la demanda, denuncia o querella, o bien, hasta la conclusión del juicio correspondiente, a fin de evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de quienes se ven en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial para ventilar las diferencias surgidas durante su matrimonio, o para dar noticia de la comisión de un delito por su cónyuge, tanto las que significarían alterar las condiciones personales y familiares en que está planteado el conflicto, como las que podrían causar una lesión aún mayor a la integridad moral de los propios cónyuges y de los demás miembros del núcleo familiar, ya expuestos a una situación de riesgo por la sola presentación de la providencia. Por tanto, de la interpretación relacionada de los artículos 221, 228, 231 y 584 al 591, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se advierte que el referido artículo 221, no autoriza la privación del patrimonio sin previa audiencia, sino tan solo impone una medida de carácter provisional tendiente a salvaguardar la integridad moral de los miembros del núcleo familiar y las mejores condiciones que permitan la decisión del conflicto conyugal a ventilarse, cuya eficacia quedará subordinada al curso de dicho juicio y a las defensas que hagan valer los cónyuges en el procedimiento respectivo que, en su caso, llegue a instaurarse.". Como se dijo, las medidas provisionales o cautelares, no exigen la observancia de la garantía de previa audiencia, es decir, son las características inherentes a tales providencias las que justifican su existencia, pero en su carácter de provisionales es donde radica su constitucionalidad, por no tratarse de actos privativos sino medidas provisionales o cautelares, de ahí que sea infundado el concepto de violación en el que el quejoso se duele que la transgresión a su garantía de previa audiencia. Entonces, al constituir el acto reclamado un acto provisional sobre separación de personas, de ningún modo implica que la jueza responsable haya violentado derechos del quejoso, pues como se dijo, la medida tiene una justificación legal, ya que tiene por objeto preservar la familia y proteger a sus miembros, basándose en los elementos al alcance para decidir la valoración de los hechos de violencia de que la aquí tercera interesada manifestó. Además, como ya quedó debidamente expuesto, el dictado de la medida provisional de separación de personas -cónyuges-, no constituye un mandamiento privativo de derechos que resulte definitivo y que en todo caso hiciera de observancia obligatoria la garantía de audiencia -pues no se requería que el quejoso Juan Flores Moreno fuera escuchado en forma previa, debido precisamente a la naturaleza provisional de dicho acto-. Por ello el peticionario de amparo lógicamente no tuvo oportunidad de aportar pruebas; de ahí que resulten ineficaces sus planteamientos relacionados con la violación a la garantía de audiencia. Es aplicable la tesis aislada CXII/2016, de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR. El hecho de que el juzgador determine el dictado de medidas de prevención en los casos de violencia familiar, ya sea al admitir la demanda o durante su proceso, no vulnera los derechos al debido proceso, audiencia o propiedad del agresor, ya que, por un lado, tales medidas no son definitivas y, por otro, merecen un grado de protección menor frente a los valores y derechos que se pretenden proteger. De esta forma, las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tales medidas tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas en principios de debida diligencia y estado de necesidad.". Prosiguiendo con el estudio de los conceptos de violación, se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que, en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otra parte, se tiene presente que la Primera Sala ha interpretado que para dictar una medida de prevención basta que el juzgador advierta la existencia de una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño, ello derivado del dicho de la persona que alega la agresión y la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Que tal estándar se desprende tanto del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que, en su caso, merecen los menores de edad y que también se contemplan en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que cada entidad federativa emita, conforme a lo cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima. Lo anterior quedó plasmado en la tesis aislada CXI/2016, de la literalidad siguiente: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Para dictar una medida de prevención basta que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. Así, basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Tal estándar se desprende tanto del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que merecen los menores de edad y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima.". [Lo destacado es propio]. Ahora bien, los artículos 314, 315, 316, 317, 320, 324 y 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán, disponen: Artículo 314. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar. Artículo 315. Para los efectos del artículo anterior, se entiende por integrante de la familia, a la persona que se encuentre o haya estado unida a otra por matrimonio, concubinato, relación de hecho, o por parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral hasta el cuarto grado, así como por parentesco civil o de afinidad. Artículo 316. Los que formen parte de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual. Es de interés público la asistencia médica y psicológica, para lo cual el Estado la prestará a través de sus dependencias. Artículo 317. Se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación, el ejercicio de la violencia hacia los menores de edad o personas con discapacidad. Artículo 318. También comete violencia familiar el elemento de la familia que transforma la conciencia de un menor de edad, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores o abuelos. Artículo 320. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda. Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados.". Disposiciones anteriores que, en su conjunto y en general, prevén la posibilidad de que se decreten diversas medidas para salvaguardar la integridad física, psicoemocional, económica y sexual, de la persona que forme parte del núcleo familiar, derivado de actos de violencia familiar, entre ellas, la salida del agresor del domicilio conyugal, la prohibición de que el agresor se acerque a este y la fijación de alimentos a favor del agraviado a cargo del agresor. Entendida violencia familiar como todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. Además, los artículos 857, 861, 863 y 862 del Código Familiar del Estado de Michoacán, en términos generales, precisan que quien intente demandar a su cónyuge puede pedir dicha separación al juez competente, así como que éste deberá resolver sobre la solicitud y dictar las medidas necesarias para que se realice concrete, así como proveer respecto a las conducentes a fin de llevarla a cabo. Asimismo, de manera relevante, se invocan los numerales 61 y 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo contenido es siguiente: ARTÍCULO 61. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje (sic) estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima. ARTÍCULO 62. Las órdenes de protección de emergencia son las siguientes: I. La desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; II. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. El reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y, IV. La prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Dichas previsiones ponen en relieve que el legislador local cumplió con un estándar convencional de regulación legislativa sobre el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia con una perspectiva de medidas progresivas para modificar los patrones socioculturales fomentando la equidad de género. En términos de esa normativa, las órdenes de protección de emergencia son las siguientes: I. La desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento; II. La prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; III. El reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y, IV. La prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Por lo anterior, se estima que, contrario a lo señalado por el quejoso, el acuerdo reclamado el que se decretó como medida provisional la reincorporación de la aquí tercero interesada al domicilio conyugal y la salida de este, no es arbitraria en atención a que está justificada su emisión. Esto porque dicho órgano jurisdiccional cuenta con la facultad para emitir, en cualquier momento, las providencias temporales necesarias con la sola finalidad de prevenir actos o situaciones de riesgo, sin que ello implique una violación al debido proceso o a la garantía de audiencia. Además, el juez responsable consideró que en la especie acontece una situación de riesgo a la dignidad humana, sin que sea necesaria la existencia, presencia o materialización del daño a la víctima, sino tan solo la posibilidad de afectación, suficiente para evitar, prevenir y erradicar esa situación. No obstante, destacan con singular atención lo siguientes aspectos: Que la medida tiene su origen en las manifestaciones verbales de la aquí tercera interesada relacionadas con hechos de violencia familiar, en términos del primer párrafo del artículo 317 del Código Familiar del Estado; y, Que el juez responsable consideró que en la especie acontece una situación de riesgo a la dignidad humana, sin que sea necesaria la existencia, presencia o materialización del daño a la víctima, sino tan solo la posibilidad de afectación, suficiente para evitar, prevenir y erradicar esa situación. Ello en atención a que el aquí quejoso ejerció violencia en contra de la tercero interesada al impedirle el acceso al domicilio conyugal al cambiar las cerraduras para prohibirle con ello el acceso, no obstante que el inmueble está registrado a nombre de la actora y su hija. Circunstancias que en su momento fueron manifestadas por la quejosa y robustecidas con las pruebas que al efecto exhibió, entre las que destaca la prueba testimonial a cargo de tres atestes, quienes fueron coincidentes en señalar que conocían a las partes por tener un vínculo familiar directo y por afinidad; que el domicilio conyugal únicamente es habitado por el demandado en atención a que el quejoso no le permite la entrada, ya que incluso cambió las cerraduras y que ha ejercido múltiples actos de violencia en contra de la actora. De tales hechos se obtiene con meridiana claridad una situación de riesgo que puede considerarse como violencia familiar -en términos del artículo 317 precitado-, porque la solicitante señaló haber sido agredida por el quejoso en diversas ocasiones en el domicilio conyugal pero, de manera relevante, que el quejoso le ha impedido el ingreso a su domicilio al haber cambiado las cerraduras, además de haberla amenazado y ejercer actos de violencia verbal en su contra. Por lo que, con independencia de que los cónyuges se encuentran separados virtud a dichas circunstancias desde antes de que iniciara el juicio familiar, no debe perderse de vista que es viable considerar que pudiera haberse presentado un ambiente hostil entre los cónyuges, esto, porque la tercero ha referido diversas agresiones anteriores e, incluso, amenazas de muerte. Circunstancia que válidamente tuvo por robustecida el juez responsable con base en lo narrado por los atestes, pues como ya se dijo, bastaba la existencia de indicios leves sobre una situación de riesgo para que se decretara la medida. Máxime si se tiene en consideración que los testigos fueron coincidentes en señalar que la tercero había salido del domicilio y que el quejoso le impedía el ingreso, hecho que por sí solo puede considerarse como violencia familiar, al constituir una conducta intencional que priva de la vivienda dejando a la víctima en estado de zozobra e indefensión. De tal modo que ante tales manifestaciones que en su momento se robustecen con los testimonios señalados, se estima que de manera correcta, el juez responsable estimó que se actualizaba una situación de riesgo a la dignidad humana de la solicitante, sin que fuera necesaria la existencia, presencia o materialización del daño a la víctima, sino tan solo la posibilidad de afectación, suficiente para evitar, prevenir y erradicar esa situación, lo que este juzgador también aprecia como una posibilidad. Máxime que además de ser una medida de emergencia para prevenir actos de violencia, la medida decretada también tiene como finalidad evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de quienes se ven en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial para ventilar las diferencias surgidas durante su matrimonio, o para dar noticia de la comisión de un delito por su cónyuge, tanto las que significarían alterar las condiciones personales y familiares en que está planteado el conflicto, como las que podrían causar una lesión aún mayor a la integridad moral de los propios cónyuges y de los demás miembros del núcleo familiar, ya expuestos a una situación de riesgo por la sola presentación de la providencia. De esta manera, bastaba que el cónyuge que presenta la demanda de divorcio solicite la separación expresando las causas que la originen, para que una vez justificada la urgencia y necesidad, proceda decretar la medida provisional, ya que no se requiere que se justifiquen plenamente las causas que la fundan, cuando se sustentan principalmente actos de violencia, en tanto que para decretar la medida basta que se manifiesta que existe un riesgo y existan indicios leves sobre ello. Incluso, tales actos podrían incrementarse en razón de las acciones legales incoadas en contra de la parte demandada, pues lo que se debe buscar es evitar las consecuencias dañinas que derivarían de la cohabitación de dos personas, en la que, al menos una de ellas ha expresado su voluntad de no seguir en convivencia. Siendo incluso que del contenido de la demanda de divorcio y de las manifestaciones de los testigos se desprende que los hechos denunciados van dirigidos a la persona de la tercero interesada, hechos que obviamente, dada la naturaleza de los hechos de violencia referidos dentro de un contexto familiar, sólo constaban de manera directa a los integrantes del núcleo familiar que son quienes, finalmente, saben cuál es la situación bajo la cual se convive en el domicilio conyugal, de tal modo que efectivamente las declarantes conocían de los hechos. De tal modo que las manifestaciones de los testigos en el sentido de que el quejoso impedía el ingreso de la tercero al domicilio conyugal y las constantes amenazas eran suficientes para construir el indicio que se requiere en el presente caso sobre hechos de violencia, sobretodo tratándose de salvaguardar la integridad de alguna de las partes lo cual es un imperativo para el juzgador. De ahí que válidamente, independientemente del valor que se le pudiera conceder a la testimonial, el juez responsable tenía la facultad legal de dictar las medidas que considerara pertinentes. En consecuencia, legalmente puede concluirse que la manifestación de violencia contenida en la demanda familiar, robustecida con las declaraciones de las atestes, eran suficientes para resolver en la forma en la que lo hizo el juez responsable, al señalar que existían indicios de violencia y que por ello era probable el riesgo para la integridad física, psicológica o emocional de la tercero interesada. Lo cual hasta el momento, es suficiente para justificar la medida cautelar pues, como se dijo, las pruebas rendidas deben valorarse con cierta flexibilidad ante un contexto de violencia alegada, pues basta la existencia del riesgo que indiciariamente se evidencie para que proceda la separación de cuerpos. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: Registro digital: 2011430 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 836 Tipo: Jurisprudencia ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Registro digital: 2008545 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXIX/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1397 Tipo: Aislada IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ahora bien, la utilización de esta herramienta de análisis para verificar si existe una situación de vulnerabilidad o prejuicio basada en el género de una persona, no es exclusiva para aquellos casos en que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad, en virtud de que si bien es cierto que históricamente son las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivadas de la construcción cultural de la diferencia sexual -como reconoció el Constituyente en la reforma al artículo 4o. de la Constitución Federal publicada el 31 de diciembre de 1974, en la que incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres-, también lo es que los estereotipos de género que producen situaciones de desventaja al juzgar, afectan tanto a mujeres como a hombres. De ahí que la perspectiva de género como método analítico deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo de "mujeres" u "hombres". De ahí que, contra lo afirmado por el quejoso, la determinación reclamada se encuentra debidamente motivada. Finalmente, resulta infundado el argumento del quejoso en el sentido de que la medida decretada ya se había materializado anteriormente, ello en atención a que si bien los cónyuges permanecían separados, lo es porque la tercero salió de su domicilio y el quejoso aprovechó para cambiar las cerraduras e impedirle así el acceso, lo que motivó que se fuera a vivir con su hija. De tal modo que la separación de los cónyuges a que hace referencia el quejoso atendió a circunstancias imputables a él, no así con motivo de la determinación del juez. Luego, la medida decretada atiende al hecho de que el juez responsable ordenó la reincorporación de la tercero al domicilio conyugal virtud a que ella es la propietaria, por lo que a fin de protegerla y salvaguardar su integridad, es que se ordenó la salida del quejoso del inmueble que ha venido habitando de manera exclusiva. Es así que el juez responsable sí estaba en condiciones de ordenar la medida de reincorporación al domicilio y separación del quejoso, más aún si se toma en cuenta que el artículo 62 de la Ley por una Vida Libre de violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, permite se emita y ejecute la desocupación del domicilio conyugal con independencia de la acreditación de la propiedad o posesión del bien raíz. Finalmente, es infundado lo que arguye el quejoso en el sentido de que: El inmueble en cuestión fue edificado y adquirido con los recursos que él enviaba y la tercero interesada en forma dolosa y ventajosa lo registró a su nombre sin su consentimiento; Que la tercero interesada no ha trabajado en su vida y con artimañas lo quieren desalojar; Que no tiene dónde alojarse, tiene cuarenta y siete años y no puede obtener un empleo bien remunerado para tener un lugar para vivir con dignidad. Empero, contra lo afirmado, la medida de reincorporación decretada emana del riesgo latente de que la tercero interesada sea víctima de violencia, lo que quedó evidenciado en forma suficiente por aquella. En tanto que los aspectos que destaca el quejoso, de ser el caso, deberán ser objeto de análisis al resolver el fondo del asunto en lo tocante al destino del bien raíz referido. Máxime que, como se dijo, dada su naturaleza, la medida cautelar solo se dirige a salvaguardar temporalmente la integridad física y mental de la tercero interesada hasta que se resuelva el fondo. A más de que por su edad y al no existir prueba que corrobore que tiene una discapacidad, debe considerarse que el quejoso está en posibilidades de procurarse un ingreso para sobrevivir. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar la protección constitucional al aquí quejoso. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Juan Flores Moreno, en contra del acto reclamado al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADO GUILLERMINA MAGAÑA ANGELES, LO SIGUIENTE; V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número III-1269/2022, promovido por Juan Flores Moreno, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Juan Flores Moreno, en contra del acto reclamado al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-1269/2022 promovido por Juan Flores Moreno, por propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercera interesada Guillermina Magaña Ángeles, quien se encuentra debidamente emplazada en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales; asimismo, la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ordinario oral familiar 834/2021, mismo que obra en un tomo de pruebas por separado. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la tercera interesada formuló alegatos. EL JUEZ: Ténganse por rendidos los alegatos expuestos por la citada tercera interesada, y al no existir diversas manifestaciones, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano