Juan Gabriel Alameda Garcia

Expediente 992/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
992/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Gabriel Alameda Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 152 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del Acuerdo General citado, porque se desechó la demanda de amparo; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, tres de noviembre de dos mil veintiuno. REQUERIMIENTO AL ACTUARIO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra la constancia de notificación a la parte quejosa del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se requiere al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, encargado de la citada notificación, para que la integre al expediente, en el entendido que, si no cuenta con la constancia aludida, se ordena que de manera inmediata la realice. Lo anterior, con miras a abreviar y agilizar la integración de este expediente en acato irrestricto a lo que dispone el artículo 17 Constitucional. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de Juan Gabriel Alameda García, que se promueve contra los actos del JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y SANCIONES PENALES DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MARIO CORTEZ ALDAMA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 992/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la promovente reclama: ".se reclama la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el que el Juez de Ejecución de Sentencias y Sanciones Penales de esta Ciudad de Puebla, deja a salvo los derechos de la víctima (quejoso Gabriel Alameda García) en los rubros del pago de la reparación del daño moral y material para que los haga valer en la vía civil dentro de la carpeta de ejecución de sentencia número 258/2015IJESIE..." Lo anterior así, pues el sentenciado Hugo Rodríguez Hernández, no ha hecho el pago de la reparación del daño impuesto en la sentencia dictada dentro de la Causa Penal úmero 160/2013, del Juzgado Segundo de lo Penal de esta Ciudad de Puebla. Sin embargo, respecto a dicho acto el juicio de amparo es notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Amparo indirecto 992/2021 Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, en el artículo 132, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el legislador dispuso: ".Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:. V. Reparación del daño." Conforme a ello, resulta indudable que contra las resoluciones emitidas por el juez de ejecución en las que se pronuncie respecto a la reparación del daño, procede el recurso de apelación. En el caso concreto, el acto reclamado por el impetrante de amparo lo constituye dejar a salvo los derechos del aquí quejoso Juan Gabriel Alameda García en los rubros del pago de la reparación del daño moral y material para que los haga valer en la vía civil, al no haber realizado el sentenciado en la citada causa penal el pago de la reparación del daño. De manera que la legalidad de tal determinación es susceptible de ser analizada por el tribunal de alzada, mediante el recurso de apelación, el cual, atendiendo al objeto de ese medio de impugnación, podrá en caso de considerarla incorrecta, revocarla o modificarla, en términos del artículo 131 de la Ley Nacional referida. Por tanto, la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la resolución que se reclama a través del presente juicio de amparo. Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie lo hace ver la promovente del amparo. En mérito de lo anterior, es incuestionable que en la especie la quejosa debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE APELACIÓN que prevé el artículo 132, fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución penal, el cual está obligado a agotar dado que por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Amparo indirecto 992/2021 En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación aludido, por parte de la promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia2 , cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Mario Muñoz Padilla, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 393 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se Amparo indirecto 992/2021 asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

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