Juan Francisco Martínez Campechano

Expediente 326/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
326/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Francisco Martínez Campechano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, mediante oficio que al efecto se le gire, devuélvanse a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (anexo I); sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que, al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo hace las veces de acuse de esa circunstancia.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, mediante oficio que al efecto se le gire, devuélvanse a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (anexo I); sin ser necesario requerir el acuse de recibo respectivo, atendiendo a que, al entregarse físicamente tales constancias, el oficio con sello de recibo hace las veces de acuse de esa circunstancia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y tres discos versátiles digitales remitidos por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), con fundamento en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele remitiendo las constancias conducentes que apoyan su informe justificado; Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa presentó demanda de amparo en la que señaló como actos reclamados de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez) y Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós dictada dentro de la causa penal 797/2019, a través de la cual se prorroga la prisión preventiva oficiosa por otros 4 meses más de los 2 años 8 meses 13 días de prisión preventiva oficiosa ya impuesta, y su ejecución. Ahora, contenido del informe justificado y de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que por cuanto hace a la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós dictada dentro de la causa penal 797/2019 reclamada a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), se advierte que han cesado los efectos de ésta, atendiendo a ello, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución dictada el catorce de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 797/2019, mediante la cual, la jueza responsable prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso; por su parte, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la resolución dictada el catorce de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 797/2019 del índice del juzgado de su adscripción. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que: El catorce de enero del presente año la jueza de control prorrogó por el término de cuatro meses más la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso Juan Francisco Martínez Campechano dentro de la causa penal 797/2019. Posteriormente, el nueve de febrero de dos mil veintidós la jueza responsable señaló las catorce horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada juicio de amparo 454/2021 del índice de este juzgado -misma que fuese confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el recurso de revisión R-242/2021. El diez de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza de control celebró audiencia para resolver la prórroga y modificación de prisión preventiva oficiosa, por una diversa medida cautelar dentro de la causa penal 797/2019/PUEBLA, en la cual dejó insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se había prorrogado inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual de nueva cuenta se prorrogó por otros cuatro meses en audiencia de catorce de enero de dos mil veintidós (ésta última es la resolución reclamada) y, en su lugar se impuso al quejoso la diversa medida cautelar de RESGUARDO DOMICILIARIO, la cual si bien a la fecha no se ha logrado concretar (continuando el quejoso interno en calidad de depósito) ello es en razón de que el domicilio proporcionado para tal fin no ha sido verificado. Como se adelantó, se actualiza la hipótesis legal en comento pues de las documentales remitidas se desprende que, en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, la prorrogación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno y de la cual derivó la diversa de catorce de enero del presente año, cesó en sus efectos, ello al haberse dejado sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar haberse decretado la diversa de resguardo domiciliario. En tales condiciones, al haber sido sustituida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la diversa de reguardo domiciliario, resulta inconcuso que la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil veintidós - a través de la cual se había prorrogado la prisión preventiva oficiosa por el término de cuatro meses más- dicho acto reclamado cesó en sus efectos, pues con ello el acto dejó de existir. Es así, ya que al cesar en sus efectos la medida cautelar impuesta en contra del quejoso -así como su prorrogación- y la notificación de dicha determinación al quejoso, ello es equivalente a que se hubiera otorgado el amparo, y, por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que de facto es inexistente, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable, al emitir el acuerdo en cual dejó sin efectos la orden privativa de la libertad y al dar a conocer al quejoso su contenido. En las condiciones antes relatadas, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal . En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y tres discos versátiles digitales remitidos por la Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), con fundamento en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele remitiendo las constancias conducentes que apoyan su informe justificado; Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa presentó demanda de amparo en la que señaló como actos reclamados de la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez) y Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós dictada dentro de la causa penal 797/2019, a través de la cual se prorroga la prisión preventiva oficiosa por otros 4 meses más de los 2 años 8 meses 13 días de prisión preventiva oficiosa ya impuesta, y su ejecución. Ahora, contenido del informe justificado y de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que por cuanto hace a la resolución de catorce de enero de dos mil veintidós dictada dentro de la causa penal 797/2019 reclamada a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), se advierte que han cesado los efectos de ésta, atendiendo a ello, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución dictada el catorce de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 797/2019, mediante la cual, la jueza responsable prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso; por su parte, la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de la ciudad de Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la resolución dictada el catorce de enero de dos mil veintidós dentro de la causa penal 797/2019 del índice del juzgado de su adscripción. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que: El catorce de enero del presente año la jueza de control prorrogó por el término de cuatro meses más la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso Juan Francisco Martínez Campechano dentro de la causa penal 797/2019. Posteriormente, el nueve de febrero de dos mil veintidós la jueza responsable señaló las catorce horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada juicio de amparo 454/2021 del índice de este juzgado -misma que fuese confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el recurso de revisión R-242/2021. El diez de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la jueza de control celebró audiencia para resolver la prórroga y modificación de prisión preventiva oficiosa, por una diversa medida cautelar dentro de la causa penal 797/2019/PUEBLA, en la cual dejó insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se había prorrogado inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual de nueva cuenta se prorrogó por otros cuatro meses en audiencia de catorce de enero de dos mil veintidós (ésta última es la resolución reclamada) y, en su lugar se impuso al quejoso la diversa medida cautelar de RESGUARDO DOMICILIARIO, la cual si bien a la fecha no se ha logrado concretar (continuando el quejoso interno en calidad de depósito) ello es en razón de que el domicilio proporcionado para tal fin no ha sido verificado. Como se adelantó, se actualiza la hipótesis legal en comento pues de las documentales remitidas se desprende que, en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el diez de febrero de dos mil veintidós, la prorrogación de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno y de la cual derivó la diversa de catorce de enero del presente año, cesó en sus efectos, ello al haberse dejado sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en su lugar haberse decretado la diversa de resguardo domiciliario. En tales condiciones, al haber sido sustituida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la diversa de reguardo domiciliario, resulta inconcuso que la resolución reclamada de catorce de enero de dos mil veintidós - a través de la cual se había prorrogado la prisión preventiva oficiosa por el término de cuatro meses más- dicho acto reclamado cesó en sus efectos, pues con ello el acto dejó de existir. Es así, ya que al cesar en sus efectos la medida cautelar impuesta en contra del quejoso -así como su prorrogación- y la notificación de dicha determinación al quejoso, ello es equivalente a que se hubiera otorgado el amparo, y, por tanto, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un acto que de facto es inexistente, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado y, por ello, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, pues su vida jurídica cesó con la actuación de la autoridad responsable, al emitir el acuerdo en cual dejó sin efectos la orden privativa de la libertad y al dar a conocer al quejoso su contenido. En las condiciones antes relatadas, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia, prevista en el diverso numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal . En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del veinte de abril de dos mil veintidós. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

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