Juan Francisco Ríos Juárez
Expediente 97/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Francisco Ríos Juárez
- Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintinueve de agosto del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso JUAN FRANCISCO RÍOS JUÁREZ, por acuerdo de fecha doce del actual, el que se le notificó el quince siguiente, transcurrió del diecisiete al diecinueve de este mes y año, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro: 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 212 a 241), por una parte se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo solicitado por el quejoso y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a JUAN FRANCISCO RÍOS JUÁREZ, para el efecto de que el Juez de Garantía en materia penal, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente la resolución reclamada de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, dictada en la causa penal número 70/2014, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso JUAN FRANCISCO RÍOS JUÁREZ, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de peculado, en perjuicio de la sociedad. 2. Hecho lo anterior, señalara fecha y hora (previa notificación al quejoso), únicamente para que en la audiencia de vinculación a proceso, resolviera la situación jurídica del quejoso y con libertad de jurisdicción determinara si se acreditaba o no el requisito de procedibilidad correspondiente, esto es, la existencia de un quebrado a la Hacienda Pública, en virtud de que, previamente no tuvo como víctima al Poder Judicial del Estado de Oaxaca (porque estimó que no se le acreditó que existió algún quebranto patrimonial en su perjuicio), sino a particulares (sociedad), dado que en términos de lo previsto en el artículo 217 Bis E, del Código Penal del Estado de Oaxaca, el delito de peculado se perseguirá de oficio, siempre y cuando exista un quebranto a la hacienda pública del Estado o municipios. 3. En caso de que considerara que sí existe el requisito de procedibilidad respectivo, debería pronunciarse respecto al argumento defensista esgrimido por el defensor del imputado en cuanto a que no debía tomarse en cuenta la manifestación del imputado que hizo en las actas de investigación, cuando el licenciado Modesto Isaías Santiago Martínez, lo requirió para que pusiera a la vista las fianzas que estaban faltando en los diferentes expedientes a que hizo alusión el Ministerio Público, dado que no se hizo ante la autoridad competente, como sería en audiencia, ante un Juez y en presencia de su defensor. Precisándose en dicha sentencia que debido a lo anterior, no se analizaría si se acreditaban o no los elementos del cuerpo del delito de peculado (hecho delictuoso), así como la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, toda vez que dichas circunstancias se encontraban sub júdice a lo que determinara el Juez responsable, en cuanto a si se actualiza el requisito de procedibilidad correspondiente. Al causar ejecutoria la sentencia de mérito por auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (fojas 257 y 258), se requirió al Juez responsable su cumplimiento. Razón por la cual dicha autoridad judicial mediante oficio número PJEO/JGMPPE/922/2016-J, remitió copia certificada de la resolución dictada en la audiencia de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, en la causa penal número 70/2014 de su índice (fojas 282 a 326), en la que dejo insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de mayo de dos mil quince y, con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso JUAN FRANCISCO RÍOS JUÁREZ, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de peculado, en perjuicio patrimonial del Poder Judicial del Estado, en términos del artículo 213, en relación con el 217 Bis e), ambos del Código Penal vigente en el Estado. En dicha resolución y en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, el Juez responsable expuso literalmente lo siguiente: ".Precisando desde este momento que la representación social estuvo en lo correcto de integrar de oficio el correspondiente legajo de investigación, en virtud que de los hechos denunciados se advierte un quebranto a la Hacienda Públicas del Estado, en términos de lo que dispone el artículo 217 BIS-E, del Código Penal de Estado, al considerar este resolutor que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca es un Poder que es independiente y autónomo, en términos del artículo 30 de la constitución Política del Estado de Oaxaca, por lo tanto al efectuarse su patrimonio, se está afectando la Hacienda Pública, teniendo también por sentado que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece que el Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto, así como el fondo para la administración de justicia; y de lo narrado ante el Agente del Ministerio Público crea convicción en quien resuelve tomando en consideración de que todos sus argumentos se encuentran concatenados de manera coherente atendiendo a que existe una conexión lógica entre sus pensamientos sin que se oponga o contradigan entre sí, además justifica la circunstancia del porque pudo conocer tales hechos de los cuales ponen del conocimiento del Agente del Ministerio Público, mismo que fueron para él precepto por el sentido de la vista, en sentido de que tuvo conocimiento solamente por referencia, es decir todo lo que tuvo del conocimiento solamente por referencia, es decir todo lo que tuvo del conocimiento el director de administración, lo tuvo que haber leído de los partes informativos de los pliegos de responsabilidad, así como las actas administrativas y demás documentos que fueron levantados principalmente por la Dirección de la Contraloría Interna del consejo de la Judicatura del Estado y a pesar de que todo su dicho básicamente de referencia, no se contrapone en todo lo manifestado, por lo que se considera que tiene una congruencia interna en su propia denuncia y una congruencia externa en todo los demás datos de pruebas vertidos por el Agente del Ministerio Público, y que en un momento más me ocupare de ellos, además tengo que precisar que de acuerdo a lo que solicitó el ciudadano defensor de que no se le debería dar valor probatorio a lo manifestado por el Director de Administración ya que no tenía la facultad de querellarse, en virtud de que el detrimento que se manejó por la Representante Social puede ser considerada por particulares, este resolutor está de acuerdo PARCIALMENTE con el defensor con esta manifestación, sin embargo, no es apta ni idónea para restarle valor a lo dicho, ya que todo tiene el soporte documental que se anexó a dicha denuncia y más adelante analizó el requisito de procedibilidad. Ahora bien, debo reiterar que de acuerdo al artículo 217 Bis inciso E) señala que todos los delitos previstos en ese título del Código Penal, es decir los contemplados en el título octavo donde se incluye el capítulo quinto en donde habla de Peculado y concusión, se establece en dicho artículo que en donde se desprende un quebrando de la Hacienda Pública del Estado o municipal se perseguirá de oficio, entonces al estar contemplado este delito de peculado en este título, es que corresponde que debe de presentase solamente una denuncia de hecho, por lo tanto independientemente que haya sido el Director de Administración que hubiera puesto del conocimiento a la autoridad ministerial estos hechos, o hubiera sido cualquier otra persona, era suficiente para iniciar la denuncia correspondiente, luego entonces es que se le da valor probatorio a todo lo manifestado por dicho Director de Administración tanto en su denuncia como en su posterior ratificación. Pero atendiendo a la ejecutoria de amparo y a la manifestación del suscrito que en parte se coincide con la defensa del imputado, se precisan las razones lógicas-jurídicas, por las que el suscrito considera de nueva cuenta que se acredita el requisito de procedibilidad: Primeramente, los diversos particulares que exhibieron fianza en los expedientes penales precisados en este medio de convicción son los propietarios de dichas cantidades depositadas en el Juzgado segundo mixto de Puerto Escondido y en el supuesto de que legalmente procediera su devolución y esta no se realizará por el hecho probado de que fueron remitidas al Fondo para la Administración de Justicia, efectivamente el requisito de procedibilidad exigiría una querella de quien se dijo propietario del dinero exhibido, mimso supuesto si el reclamante fuera la víctima, después de haber causado ejecutoria una sentencia a su favor donde se determinará el pago de la reparación del daño a su favor. Supuestos que no fueron acreditados por la representación social. Esto independientemente que exista en los medios de convicción un dictamen contable donde se determine que el perjuicio patrimonial asciende a la cantidad de sesenta y dos mil trescientos pesos a favor de quien resulte sujeto pasivo, es decir, en este momento procesal y con los medio de convicción con los que cuentan en el legajo de investigación no se puede determinar realmente el perjuicio patrimonial para cada particular si fuera el caso actualmente, ni tampoco se demostró que el Poder Judicial haya erogado alguna cantidad para cubrir la caución que tenga que ser devuelta o el pago de reparación del daño que requiera alguna víctima en la causa penal correspondiente. Razón por la cual no se tiene como víctima a ningún particular, independientemente de que existe un quebranto al patrimonio del Poder Judicial, entendiendo el término "quebranto" como una disminución del patrimonio e incluso que por conducta omisiva se evite que el patrimonio aumente, para tal efecto se precisa que el fondo para la Administración de Justicia es partes del Poder Judicial, tal como se establece en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En la inteligencia que debemos atender que dicho fondo se integra con un fondo propio y otro fondo en custodia, este último constituido por los depósitos en efectivo que por cualquier causa se haya realizado ente la autoridad judicial, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 87 del mismo ordenamiento citado líneas arriba, es decir, dese que las diversas cantidades fueron depositadas o exhibidas en efectivo en el juzgado segundo mixto, se debe considerar como parte integrante de dicho fondo en custodia y atendiendo a lo que dispone el último párrafo de esta fracción, en el sentido de que los depósitos a que refiere esta Ley (Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado) generarán rendimiento a favor del fondo para la administración de justicia, por lo que se les debe considerar el carácter que señala el inciso d) de la fracción I del mismo artículo, es decir, que deben considerarse estos rendimientos (o interés) generados por los depósitos en dinero efectuados ante los Órganos jurisdiccionales, como fondo propio, por lo que al no haberse efectuado los depósitos a dicho fondo sin duda alguna se evitó que el patrimonio del Poder Judicial aumentara, independientemente que en este momento procesal no se tenga debidamente acreditado el perjuicio patrimonial, en virtud de que este sigue actualizando por falta de intereses que generarla los sesenta y dos mil trecientos quince pesos que no fueron depositados, por lo que la reparación del daño es materia de comprobación en otro estadio procesal, en la inteligencia que la reparación del daño comprende los perjuicios causados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 del Código sustantivo y que de acuerdo a este sistema acusatorio existe una segunda investigación formalizada, en la que se podrá determinar debidamente con un nuevo dictamen contable, pero que sin lugar a duda se advierte, el quebranto por un momento indeterminado hasta el monto, para que se considere que el requisito de procedibilidad se cumplió" (sic). De lo anterior se advierte que el Juez responsable cumplió en sus términos con la ejecutoria de mérito, en virtud de que dejó insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción que se le otorgó, dictó nuevamente auto de vinculación a proceso contra el quejoso JUAN FRANCISCO RÍOS JUÁREZ, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de peculado, en perjuicio patrimonial del Poder Judicial del Estado, en términos del artículo 213, en relación con el 217 Bis e), ambos del Código Penal vigente en el Estado. En dicha resolución la autoridad judicial responsable determinó que en virtud de que se ocasionó un quebranto a la hacienda pública del Estado, específicamente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en términos de lo previsto en el artículo 217 Bis E, del Código Penal del Estado de Oaxaca, el delito de peculado se debería perseguir de oficio, teniendo en esta nueva resolución como víctima al aludido Poder Judicial del Estado, por tal motivo no era necesaria la querella de los particulares que exhibieron el dinero dentro de las diversas causas penales; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de la autoridad judicial responsable para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio número PJEO/JGMPPE/1033/2016-J, recibido vía fax, signado por el Juez de Control en Puerto Escondido, Oaxaca, por el que informa que el cuatro del actual sí se llevó a cabo la audiencia la audiencia de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la cual ya se tuvo por cumplida en el párrafo que antecede. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo, por identidad de razones jurídicas, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta Ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el denominado fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". Notifíquese; por lista a los quejosos, en cumplimiento a lo ordenado por auto de treinta de marzo del actual. IIIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de agosto de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios de cuenta firmados por la autoridad responsable, Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, Oaxaca, con el primero informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista al quejoso Juan Francisco Ríos Juárrez, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA). Y, el segundo, glósese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que manifiesta que las partes quedaron legalmente notificadas de la fecha hora de la audiencia de vinculación a proceso. Notifíquese; por lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado por auto de treinta de marzo del año en curso. IIIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; toda vez que el Juez responsable, en proveído que antecede manifestó que había señalado las doce horas del día cuatro de agosto del año en curso, para la audiencia de vinculación a proceso dictada en la causa penal número 070/2014, que se instruye en contra del aquí quejoso Juan Francisco Ríos Juárez, con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, requiérase al Juez de Garantía en Materia Penal, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, informe si se llevó a cabo la citada audiencia y remita las constancias que acredite haya dado cumplimiento a la sentencia concesoria dictada en este expediente. Notifíquese. III-A
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