Juan Francisco Baires Meléndez y Otros.

Expediente 445/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
445/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Edwin Humberto Payes Najarro
  • Juan Francisco Baires Meléndez y Otros.
  • Juan Francisco Baires Meléndez
  • Edwin Alexander Rafael Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 445/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 81, fracción I, inciso e), de la legislación aplicable, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto sobreseído, pero se concedió la suspensión de oficio y de plano, de conformidad a lo previsto en el arábigo 18, inciso a), este expediente es depurable. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su depuración, conforme al numeral 18, fracción II, inciso c), último párrafo del aludido diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Francisco Baires Meléndez, Edwin Humberto Payes Najarro, Luis Alfonso González Serpas y Edwin Alexander Rafael Castillo, por las razones y fundamentos legales expuestos en el tercer y quinto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el comunicado oficial de la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a través del cual devuelve diligenciado el despacho número de origen 847/2022 y de orden (455/2022) del índice de este órgano de control constitucional; por el que se le encomendó notificar a los quejosos Juan Francisco Baires Meléndez, Edwin Humberto Payes Najarro, Luis Alonso González Serpas y Edwin Alexander Rafael Castillo; en consecuencia, dese de baja y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el oficio, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese. ano.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de julio de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito de los quejosos **, ***, ***y ***, a través del cual amplían su demanda de amparo, en los siguientes términos. Señala como autoridad responsable, al Titular de la Oficia de Sub representación Local del Instituto Nacional de Migración, "La Ventosa", Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, de quien reclama lo siguiente IV. ACTO RECLAMADO: LA FACTICIDAD DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN FRACCIÓN V PARTE IN FINE El numeral 114 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda o, en su caso, el relativo a la ampliación, sólo cuando se omiten los requisitos del precepto 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, así como 114, fracción I de la Ley de Amparo, prevéngase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumplan con lo siguiente: 1. Aclaren cuál es el acto reclamado por el cual pretende ampliar su demanda, ya que precisan como tal la facticidad del artículo 111 de la Ley de Migración; sin embargo, en su concepto de violación aluden que en su perjuicio se conculcan los principios de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, solicitan se haga un estudio de control difuso de convencionalidad en términos del expediente varios 912 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre dichas bases surge la duda si lo que reclaman los quejosos del artículo 111 de la Ley de Migración, es su legalidad, inconstitucionalidad o inconvencionalidad, circunstancia que debe ser efectivamente delimitada, pues en todo caso ello será materia de estudio del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Sexta Parte, página 249, Séptima Época Materias(s): Común, registro digital 253236, de contenido: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad federal no está facultada para sustituir a los quejosos en el señalamiento del acto reclamado, porque esto no encaja en ninguno de los casos previstos por el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo tanto es legal y fundada la resolución de sobreseimiento dictada por el a quo, si el acto reclamado no existe en los términos planteados por los quejosos." El citado requerimiento, se formula en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracciones IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda o, en este caso, la ampliación, el quejoso expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, asimismo, que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, en relación con el acto que se reclame y que manifieste bajo protesta de decir verdad cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación. En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar la prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." 2. Ahora, en caso de cumplimiento, se le requiere exhiba dos copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: una para la responsable, y una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 36/2001, registro 189977, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, así como en el caso el diverso aclaratorio, y por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia parte quejosa. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo. Finalmente, con apoyo en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Juan Francisco Baires Meléndez, sin perjuicio de que pueda ser sustituido de manera posterior. Notifíquese

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