Juan Francisco Morales Patiño

Expediente 59/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
59/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
29/02/2016

Partes del expediente

  • Juan Francisco Morales Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por el cual informa que confirmó el acuerdo de este juzgado dictado el cuatro de los corrientes (F. 40), y aceptó la incompetencia declinada, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo 59/2016, promovida por **********, bajo su proveído 78/2015 Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Visto el escrito que suscribe ***********, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se hizo en el presente juicio; ahora, toda vez que en proveído de cuatro de los corrientes, este órgano se declaró legalmente incompetente, en vía de alcance al oficio 1788, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, para que se provea lo conducente a su contenido, previa copia certificada que se deje en el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso **********, mediante el cual en cumplimiento al requerimientos de veintiséis y veintiocho de enero inmediato anterior, señala: ".La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal a que tengo derecho, por ser violatorio de mis Derechos Humanos, ya que actualmente estoy privado de mí libertad personal, toda vez que fue dictada sentencia condenatoria dentro del proceso penal número 02/2012, por el ilícito de Fraude, el cual no cometí, y así lo ha venido acreditando en todo el proceso antes citado, mismo que no ha sido valorado de manera imparcial por la autoridad responsable." -SIC- Ahora bien, en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintisiete de enero pasado, manifestó: "...señalo como acto reclamado, la ilegal e inconstitucional privación de la libertad persona a que tengo derecho. toda vez que fue dictada sentencia condenatoria dentro del proceso penal número 02/2012, por el ilícito de Fraude, el cual no cometí. y el ahora supuesto ofendido ***********, presentó demanda Ordinaria Civil número C0389/2014 ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial de Celaya Guanajuato, y en el cual confirma en dicha demanda la inocencia del quejoso. Motivo por el cual se presentó amparo indirecto para obtener mi libertad y reintegrarme a la sociedad." -SIC- En tanto que en su libelo inicial, expresó: ".le reclamo la ilegal e inconstitucional privación de mi libertad personal a que tengo derecho, toda vez que me fue dictada sentencia condenatoria por un ilícito que no cometí." ".esto no fue valorado correctamente por el Juez Tercero Penal dentro de la causa penal 02/2012, y me fue dictada sentencia condenatoria y a la cual no tenía beneficio alguno, motivo por el cual se apeló la misma y se ordenó reposición del procedimiento hasta sus careos, para posteriormente dicta nueva sentencia y la cual nuevamente fue condenatoria, motivo por el cual se interpuso el recurso de apelación e ambos efectos. situación que se hizo saber al magistrado de la primera sala penal del poder judicial del Estado. por lo que confirmó la sentencia condenatoria en mi contra. y por las cuales sigo privado de mi libertad, desde el 13 trece de enero del 2012 dos mil doce a la fecha." -SIC- "PRIMERO.- Se me tenga por solicitando el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de actos de la autoridad responsable, por la injusta sentencia condenatoria dictada en mi contra" En ese orden, acorde con las manifestaciones realizadas por el quejoso, y en observancia a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo, que imponen la obligación de precisar el acto reclamado en el juicio de amparo, para lo cual se estima necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; se precisa que el acto que reclama el quejoso es el siguiente: - La resolución de dos de octubre de dos mil catorce, dictada dentro del toca penal 194/2014, del índice de la Primera Sala Penal de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que confirmó la sentencia condenatoria emitida en su contra, en el proceso penal 02/2012, del progresivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de esta localidad, por el delito de fraude, en la que se le negaron los beneficios de Ley. - Y que como consecuencia, se encuentra privado de su libertad personal. Lo anterior encuentra sustento en lo manifestado por el propio quejoso en sus respectivos ocursos, preponderantemente los párrafos trascritos con anterioridad, así como que sus conceptos de violación están enderezado a la incorrecta valoración de pruebas dentro del proceso penal de que deriva el acto reclamado y que como consecuencia trajo la emisión de una sentencia condenatoria y su convalidación ante el tribunal de segunda instancia; por tanto, se estima que la determinación reclamada en términos de lo dispuesto en el ordinal 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al procedimiento penal antes citado, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 176 y 47 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento...". Los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como enseguida se reproduce: "Artículo 170.- (.) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Así como en el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (...) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como una garantía de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado una sentencia definitiva; de ahí que se considera una resolución que pone fin al juicio generador de los actos reclamados; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con sede en México, Distrito Federal, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias que integran el expediente que se formó. Sirve de apoyo, en lo conducente y por las razones que la informan la jurisprudencia identificada como P./J. 1/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pagina cuarenta y tres, del rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO." Finalmente, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 8º, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la aludida ley, infórmese a la parte promovente el derecho que le asiste a oponerse a que se asiente su nombre y datos personales, al hacerse pública la resolución que se pronuncie en este asunto; en la inteligencia de que la falta de oposición, conlleva su consentimiento para que la misma se publique sin supresión de datos

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JUAN FRANCISCO MORALES PATIÑO, EL AUTO DE UATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SÍNTESIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso **********, mediante el cual en cumplimiento al requerimientos de veintiséis y veintiocho de enero inmediato anterior, señala: ".La ilegal e inconstitucional privación de la libertad personal a que tengo derecho, por ser violatorio de mis Derechos Humanos, ya que actualmente estoy privado de mí libertad personal, toda vez que fue dictada sentencia condenatoria dentro del proceso penal número 02/2012, por el ilícito de Fraude, el cual no cometí, y así lo ha venido acreditando en todo el proceso antes citado, mismo que no ha sido valorado de manera imparcial por la autoridad responsable." -SIC- Ahora bien, en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintisiete de enero pasado, manifestó: "...señalo como acto reclamado, la ilegal e inconstitucional privación de la libertad persona a que tengo derecho. toda vez que fue dictada sentencia condenatoria dentro del proceso penal número 02/2012, por el ilícito de Fraude, el cual no cometí. y el ahora supuesto ofendido ***********, presentó demanda Ordinaria Civil número C0389/2014 ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial de Celaya Guanajuato, y en el cual confirma en dicha demanda la inocencia del quejoso. Motivo por el cual se presentó amparo indirecto para obtener mi libertad y reintegrarme a la sociedad." -SIC- En tanto que en su libelo inicial, expresó: ".le reclamo la ilegal e inconstitucional privación de mi libertad personal a que tengo derecho, toda vez que me fue dictada sentencia condenatoria por un ilícito que no cometí." ".esto no fue valorado correctamente por el Juez Tercero Penal dentro de la causa penal 02/2012, y me fue dictada sentencia condenatoria y a la cual no tenía beneficio alguno, motivo por el cual se apeló la misma y se ordenó reposición del procedimiento hasta sus careos, para posteriormente dicta nueva sentencia y la cual nuevamente fue condenatoria, motivo por el cual se interpuso el recurso de apelación e ambos efectos. situación que se hizo saber al magistrado de la primera sala penal del poder judicial del Estado. por lo que confirmó la sentencia condenatoria en mi contra. y por las cuales sigo privado de mi libertad, desde el 13 trece de enero del 2012 dos mil doce a la fecha." -SIC- "PRIMERO.- Se me tenga por solicitando el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de actos de la autoridad responsable, por la injusta sentencia condenatoria dictada en mi contra" En ese orden, acorde con las manifestaciones realizadas por el quejoso, y en observancia a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo, que imponen la obligación de precisar el acto reclamado en el juicio de amparo, para lo cual se estima necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; se precisa que el acto que reclama el quejoso es el siguiente: - La resolución de dos de octubre de dos mil catorce, dictada dentro del toca penal 194/2014, del índice de la Primera Sala Penal de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que confirmó la sentencia condenatoria emitida en su contra, en el proceso penal 02/2012, del progresivo del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de esta localidad, por el delito de fraude, en la que se le negaron los beneficios de Ley. - Y que como consecuencia, se encuentra privado de su libertad personal. Lo anterior encuentra sustento en lo manifestado por el propio quejoso en sus respectivos ocursos, preponderantemente los párrafos trascritos con anterioridad, así como que sus conceptos de violación están enderezado a la incorrecta valoración de pruebas dentro del proceso penal de que deriva el acto reclamado y que como consecuencia trajo la emisión de una sentencia condenatoria y su convalidación ante el tribunal de segunda instancia; por tanto, se estima que la determinación reclamada en términos de lo dispuesto en el ordinal 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al procedimiento penal antes citado, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 176 y 47 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento...". Los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como enseguida se reproduce: "Artículo 170.- (.) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Así como en el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (...) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como una garantía de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir el acto reclamado una sentencia definitiva; de ahí que se considera una resolución que pone fin al juicio generador de los actos reclamados; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con sede en México, Distrito Federal, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias que integran el expediente que se formó. Sirve de apoyo, en lo conducente y por las razones que la informan la jurisprudencia identificada como P./J. 1/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pagina cuarenta y tres, del rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO." Finalmente, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 8º, tanto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la aludida ley, infórmese a la parte promovente el derecho que le asiste a oponerse a que se asiente su nombre y datos personales, al hacerse pública la resolución que se pronuncie en este asunto; en la inteligencia de que la falta de oposición, conlleva su consentimiento para que la misma se publique sin supresión de datos.

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