Juan Francisco Andrade Muñiz
Expediente 468/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Francisco Andrade Muñiz
- Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Con Sede En Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que trascurrió el término legal de diez días para que la parte quejosa recurriera el auto de once de mayo de dos mil veintidós, en la que este juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se pronunciara al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e), de la misma legislación, así como en el numeral 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado firmeza. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo para las demás partes para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; de ahí que la resolución no les irrogue perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el punto 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal1, en relación con invocado ordinal 21, inciso c) se determina que el original del incidente de suspensión derivado del presente asunto, es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, al haberse negado la suspensión definitiva solicitada. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.
- Principal
Obre como corresponda. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en virtud de que en resolución de once de mayo actual se acordó lo conducente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Ma del Carmen Zúñiga Cleto, jueza Octava de Distrito en el estado de Guanajuato, asistida de Adela Nohemí Avalos Solís, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el juez del Juzgado Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en esta ciudad, por medio del cual informa que ese juzgado siempre ha permitido a las partes acceder a los procesos que se llevan en ese órgano jurisdiccional, y que en el caso particular, una vez que se le hizo del conocimiento la interposición de la demanda de amparo que nos ocupa, instruyó al personal del archivo para que le indicara el momento en que el demandado acudiera a consultar el expediente, por lo que hasta el día tres de mayo de la presente anualidad se tuvo noticia de ello; por lo que remite copia certificada de la certificación en la que consta que Sergio Enrique López Barajas autorizado de la parte demandada ************-aquí quejoso-, acudió a ese tribunal a consultar el expediente **************, y se le permitió la consulta del aludido expediente, del cual emana el acto reclamado. En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia consiste precisamente en la negativa de permitir la consulta del expediente número L-0245/2022-I por el Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Ahora, de las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de amparo, así como las que hace valer la autoridad responsable en el oficio que se acuerda y de las constancias que exhibió anexas a este, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: Que el quejoso fue emplazado al juicio laboral ***************. Que no se le permitió la consulta del expediente ***********, por parte del Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, hasta en tanto diera contestación a la demanda. De la copia certificada que se anexa, se advierte que se levantó certificación de fecha de tres de mayo de la presente anualidad, en la que consta que al autorizado de la parte demandada, se le permitió la consulta del expediente del juicio de origen. Por tanto de las manifestaciones y certificación de la autoridad responsable se advierte que al permitirle el acceso al expediente que es de lo que se dolía el quejoso, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada. En efecto, si lo que la parte quejosa reclama es la negativa para consultar del expediente número L-0245/2022-I por el Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; es inconcuso que una vez que se le permitió consultarlo e imponerse de autos, los efectos de dicho acto reclamado desaparecieron total e incondicionalmente. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: «CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal». Por ende, se concluye que el juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiséis de mayo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.
- Incidental
Agréguese el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el delegado de las autoridades responsables en contra de la sentencia dictada en este asunto, el que fue registrado con el número 74/2022 de la estadística del citado tribunal.
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