Juan Francisco Lara Caldera
Expediente 375/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Juan Francisco Lara Caldera
- Congreso del Estado Libre Y Soberano de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de treinta de mayo de este año (foja 545 tomo II), se tuvo por recibido el ocurso firmado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia del oficio de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 170 a 182 tomo I), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: ".lo procedente en el caso es conceder a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Uno. Deje sin efecto el Oficio FP/13/2015, de enero de dos mil dieciséis, en el cual le hace saber a la quejosa el derecho al disfrute de su pensión, así como las particularidades de su otorgamiento. Dos. Emita diverso oficio en el cual reitere los aspectos que no fueron objeto de controversia a través de la presente instancia constitucional, así como la antigüedad reconocida a la quejosa y el porcentaje de pensión asignado; no obstante, deberá dejar insubsistente el párrafo siguiente: ". Ahora bien, aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente en fecha 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince, debido a que se aproximaba el cierre de ejercicio fiscal 2014 y ésta Dirección General del Fondo de Pensiones ya tenía previstos y calculados todos los pagos ordinarios y extraordinarios de fin de año, es decir, ya se tenía programada la nómina de fin de año, además de que la liquidez del Fondo no iba a soportar más pagos a finales de año.". En su lugar, la autoridad responsable deberá: Tres: Precisar que el derecho al disfrute de la pensión se generó a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece (día siguiente al en que la trabajadora dejó de prestar sus servicios); por consecuencia, deberá ordenar y disponer lo conducente para que se efectúe el pago retroactivo correspondiente en el periodo comprendido del veintitrés de noviembre de dos mil trece al quince de enero de dos mil quince. Protección constitucional que se hace extensiva respecto de la diversa autoridad responsable denominada Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de sus atribuciones legales, realice las diligencias necesarias y vigile el exacto cumplimiento de la presente ejecutoria." Luego, en diverso proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 185 y 186 tomo I). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio y anexos recibidos el diez de enero de dos mil diecisiete en este juzgado federal informó que mediante comunicado FP/1293/2016 del mismo mes y año, dejó sin efectos el diverso FP/13/2015 del mes de enero de dos mil dieciséis, a través del cual se le hizo del conocimiento a la quejosa que le fue concedida la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios (fojas 202 a 206 tomo I). Derivado de la comunicación oficial FP/1293/2016, se le reconoció la antigüedad de dieciséis años, un mes y seis días y una cuota mensual de $3,929.50 (tres mil novecientos veintinueve pesos 50/100 moneda nacional), equivalente al 53.85% de las percepciones económicas que recibía en el momento de su retiro, de igual manera se estipuló que el monto de su pensión está integrado por el sueldo neto que recibía siendo trabajadora en activo. Asimismo se precisó que aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente el dos de octubre de dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece, día siguiente en que dejó de prestar sus servicios. Por oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo del año pasado, manifestó que se le devolvió a la parte quejosa por concepto de pago retroactivo de jubilación la cantidad de $49,462.52 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 52/100 moneda nacional), mediante transferencia bancaria (foja 269 tomo I). Emitió a favor de la quejosa el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio (foja 406 tomo I). Bajo el contexto anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete del año pasado, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento efectuado por la autoridad responsable; por lo que, a través del ocurso presentado en la oficialía de partes de este tribunal la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, puesto que a su dicho, no se le había devuelto el pago retroactivo completo por motivo de su pensión (fojas 278 a 292 tomo I). Por lo que, por proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 329 tomo I), se dio vista al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con las manifestaciones vertidas por la quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; así, por ocurso recibido en este juzgado el ocho de mayo del mismo año (fojas 331 y 332 tomo I), la autoridad de referencia indicó que no se encontraba de acuerdo con lo expuesto por la parte promovente del amparo. En las relatadas circunstancias, debido a la discrepancia de lo manifestado por ambas partes procesales y por la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al no encontrarse definida la cantidad líquida a devolver, por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete se aperturó incidente innominado, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 336 tomo I). Posteriormente, por interlocutoria de veintiséis de abril del año actual (fojas 525 a 529 tomo II), se determinó que la cantidad que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, debía devolver por concepto de pago retroactivo de jubilación, era de $********************. Luego, por proveído de treinta de mayo del año actual (foja 545 tomo II), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la referida quejosa, la cantidad generada con motivo de pago retroactivo de jubilación, y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 543 y 544 tomo II). Cabe destacar que la autoridad responsable mencionada con antelación, por diversos comunicados acreditó que devolvió las siguientes cantidades mediante transferencia bancaria: - $7,949.34 (siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional) por concepto de pago de aguinaldo correspondiente a la segunda quincena de noviembre y mes de diciembre de dos mil trece y año dos mil catorce (foja 363 tomo I). - $588.85 (quinientos ochenta y ocho pesos 85/100 moneda nacional) por concepto de ajusto de calendario correspondiente al año 2014 (foja 376 tomo I). - $1,000.00 (mil pesos) por concepto de pago de bono especial semestral (foja 407 tomo I). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, toda vez que obra en autos un sobre amarillo que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa; consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas podrán ser destruidas con el presente expediente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos de cuenta, dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril del año en curso (fojas 54 a 69); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Entonces, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Titular de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos el oficio y anexos (fojas 729 a 733 Tomo II) enviados por la Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo. En ese sentido, mediante proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad (foja 734 Tomo II) se dio vista a la promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó a la aludida accionante de amparo el veinte de abril del año actual (foja 735 Tomo II), notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte, para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió como se indica en la certificación que antecede; en dicho término, no se realizaron manifestaciones respecto del cumplimiento del fallo protector. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: *** De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consistían en llevar a cabo en la brevedad posible, la ejecución total del laudo dictado en el expediente laboral 234/2011. Luego, mediante oficio y anexos, recibidos en este juzgado federal el dieciocho de abril del presente año (fojas 729 a 733 Tomo II), la autoridad responsable, manifestó que tanto la quejosa, como el tercero interesado, realizaron un convenio para dar por terminada la relación laboral que la aquí quejosa María Guadalupe Ibarra Herrera tenía con el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit. De dicho convenio se desprende en su clausula segunda que: "SEGUNDA.- manifiesta la Sindico Municipal del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, que en este momento exhibe el cheque número 2221833 de fecha Doce de Abril del Año Dos Mil Dieciocho, de la cuenta bancaria 4052031291, valioso por la cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), de la Institución Bancaria denominada HSBC, mismo se tiene a la vista de este Tribunal de Conciliación y arbitraje, asimismo manifiesta la actora, que recibe de conformidad dicho cheque, con lo cual, solicita que se tenga por cumplido el pago de las prestaciones reclamadas en el presente juicio laboral, y por ende cumplida la ejecutoria en el dictada. Asimismo manifiesta el actor MARIA GUADALUPE IBARRA HERRERA, que no se reserva ninguna acción civil, penal, laboral o cualquier otra que ejercitar en contra del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLÁN DEL RIO NAYARIT------------------------------------------------------------ Así mismo manifiesta la actora, que está de acuerdo con la propuesta antes mencionada, con lo cual, solicita que se tenga por cumplido.------------- TERCERA.- el actor MARIA GUADALUPE IBARRA HERRERA, manifiesta: que se da por satisfecho en la forma de pago y en la cantidad acordada, ya señalada con anterioridad, asimismo señala que esta cubre toda y cada una de las prestaciones exigidas en su escrito inicial de demanda y en el Laudo dictado en el presente juicio; de igual forma manifiesta que no es su deseo aceptar la reinstalación y renuncia a tal derecho lisa y llanamente para tales efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------ - - - Visto lo manifestado por las partes, este Tribuna acuerda tener por hechas las manifestaciones de las personas que aquí han comparecido, y como lo solicitan, téngaseles dando por terminada mediante el presente Convenio, la relación laboral y hechas y ratificadas las manifestaciones que aquí se han señalado, de igual manera téngaseles sin reservarse acción civil, penal, laboral o cualquier otra que ejercitar en su contra asimismo, se ordena al archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido." A su vez, en dicho convenio, se advierte que las partes convinieron con las prestaciones decretadas en el lauda laboral, por ende se ordenó el archivo del juicio laboral, por lo que, resulta evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin pronunciarse respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó en el presente juicio.
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