Juan Francisco Guerra Flores
Expediente 1000/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 32 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 10/05/2018
Partes del expediente
- Juan Francisco Guerra Flores
- Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, catorce de marzo y cinco de abril del año actual (fojas 110 a 112, 143 a 145 y 149 a 152, respectivamente), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintiséis de abril del año que transcurre (foja 164), se dio vista a la parte quejosa con los referidos oficios y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el tres de mayo del año en curso (foja 167), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del siete al nueve de mayo de dos mil dieciocho, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el once de julio de dos mil diecisiete (fojas 66 a 80), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $5,999.94 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 94/100 moneda nacional), que pagó el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "depósito de cerveza en envase cerrado", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Sin que obste a lo anterior, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el ordinal 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene la necesidad de que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, toda vez que para que se aplique al quejoso una tarifa consistente en el monto mínimo a pagar como tributo debe encontrarse prevista en la ley y adecuarse al supuesto exactamente aplicable; lo cual, en el caso no ocurre, pues la ley de que se trata no prevé un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar; esto es, el legislador no previó expresamente una cuota mínima a pagar de forma general a todos los supuestos por la expedición o revalidación de la expedición de permisos para la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción VIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B). Devolver a la parte quejosa la cantidad retenida por concepto de derechos de giro de "depósito de cerveza en envase cerrado", así como de fomento a la educación, a la asistencia social e Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; esto es, un monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el presente juicio de garantías; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentados por el ente responsable (fojas 110 a 112), el Director Jurídico de la citada autoridad responsable, informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución al quejoso por medio de cheque el seis de noviembre de dos mil diecisiete, por la cantidad de $5,999.94 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 94/100, moneda nacional); sin embargo, dicha suma evidentemente resultó ser incorrecta, dado que no realizó la actualización retenida. En ese tenor, si tenemos que al monto de $5,999.94 (cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 94/100, moneda nacional), numerario éste que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete y en el mes de noviembre del año en curso, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a octubre de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre del año en curso entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecisiete fue 126.087; y para el mes de octubre 128.717. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02085. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $*. En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis no se encontraba cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $*, lo que pone en evidencia un faltante de pago en favor de la parte quejosa, equivalente a $*. Ahora bien y previo requerimiento a lo anterior, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que notificó al quejoso * , a efecto que compareciera a recoger el cheque expedido a su favor el treinta de enero del año en curso (foja 152), para efecto de dar acatamiento total al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; para lo cual, mediante proveído de seis de abril del año actual (foja 153), este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que acudiera ante dicho ente responsable a que le fuera entregado el cheque de mérito, con el apercibimiento de ser omiso, se tendría por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés en la procuración de lo anterior. Luego, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que no compareció a recoger el cheque expedido a su favor el treinta de enero del año en curso (foja 152), para efecto de dar acatamiento total al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento indicado en proveído de seis de abril de dos mil dieciocho (foja 153). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso ********* no ha comparecido a recoger el cheque expedido a su favor el treinta de enero del año en curso (foja 152), para efecto de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para que obren como corresponda, en virtud de que por acuerdo de veintiséis de abril del año en curso (foja 164), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo concedida en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso ******************** no ha comparecido a recoger el cheque expedido a su favor el treinta de enero del año en curso (foja 152), para efecto de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, agréguense a sus autos el libelo y anexo de cuenta para que obren como corresponda, en virtud de que por acuerdo de veintiséis de abril del año en curso (foja 164), se dio vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo concedida en autos.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no dio cumplimiento al proveído de diecinueve de abril del año en curso (foja 160), para que informara si la parte quejosa acudió a dicha dependencia a recoger el cheque correspondiente para efecto de dar cumplimiento al fallo protector; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado acuerdo. En virtud de lo anterior , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexos presentados el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, catorce de marzo y cinco de abril del año actual (fojas 110 a 112, 143 a 145 y 149 a 152, respectivamente), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibido que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.
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