Juan Francisco Hernández Medina
Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 35 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Francisco Hernández Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en el cual se manifestó inconforme con el mismo; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso******************** por su propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de ********************, para los siguientes efectos: "Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente. Y consecuentemente, deje insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas, esto es, el cobro del impuesto predial dos mil veintiuno, relativos a las cuentas prediales concernientes a los inmuebles objeto del entero del impuesto tildado de inconstitucional, que fueron materia de pronunciamiento en la presente resolución. Determine y cobre el impuesto predial calculando la base gravable conforme a sus valores unitarios mínimos; y de resultar una cantidad menor a la consignada en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, le devuelva el remanente debidamente actualizado, hasta que se realice el pago respectivo." b) Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió a la Tesorera Municipal de esta localidad, su cumplimiento. c) En proveídos de siete de enero, nueve de febrero y once de marzo, todos de dos mil veintidós, se tuvo a la Tesorera Municipal de esta ciudad, remitiendo copia certificada de la orden de valuación, del avalúo y notificación de pago del impuesto predial por avalúo catastral, respecto de los inmuebles relativos a las cuentas prediales *****************. d) Con motivo de lo anterior, el once de marzo de la anualidad que corre, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. e) Ahora, del examen de las constancias remitidas por la responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, quedó insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas -cobro del impuesto predial, que consta en los comprobantes de pago expedidos a nombre de la parte quejosa respecto de los inmuebles relativos a las cuentas prediales ******************, así como su inaplicación en perjuicio de la parte quejosa mientras se encuentre vigente, ubicando dichos predios en la zona correspondiente al valor mínimo, ello dado que respecto de dichos predios la responsable realizó lo siguiente: ****************** Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que el fallo protector quedó cumplido. Sentado lo anterior, conviene establecer que no son obstáculo a esta determinación las manifestaciones de inconformidad que respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo vierte la parte quejosa, en las que medularmente refiere que no está de acuerdo con el valor de los terrenos y de las construcciones que aplicó la responsables a los inmuebles a que se refieren a las cuentas prediales ********************, porque debió aplicarles la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 m.n.) por metro cuadrado, por ser el valor mínimo como zona marginada irregular, conforme al artículo 5, F-I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; y por lo que hace al valor de las construcciones debió aplicar el valor de $398.53 (trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), por metro cuadrado, que corresponde a techumbres corriente-malo, valor mínimo, en términos del numeral antes citado; pues contrario a lo que manifiesta y como quedó expresado en párrafos precedentes, a los inmuebles relativo a las cuentas prediales antes referidas se les aplicó la tasa del 0.002 por ciento y fueron ubicados en los valores más bajos tanto en terreno como en construcción de acuerdo a la zona que les corresponde (clasificación de tipo moderno, calidad precaria y estado de conservación malo), de conformidad con el artículo 5, fracción I, inciso b) de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. De ahí que las citadas manifestaciones de inconformidad se encuentren fuera del alcance del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que como se ha visto, se cumplió a cabalidad con los efectos señalados. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la que otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación. En virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación del presente proveído, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de marzo de dos mil veintidós, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en el cual se manifestó inconforme con el mismo; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso******************** por su propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de ********************, para los siguientes efectos: "Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, el último párrafo del artículo 5 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mientras se encuentre vigente. Y consecuentemente, deje insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas, esto es, el cobro del impuesto predial dos mil veintiuno, relativos a las cuentas prediales concernientes a los inmuebles objeto del entero del impuesto tildado de inconstitucional, que fueron materia de pronunciamiento en la presente resolución. Determine y cobre el impuesto predial calculando la base gravable conforme a sus valores unitarios mínimos; y de resultar una cantidad menor a la consignada en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, le devuelva el remanente debidamente actualizado, hasta que se realice el pago respectivo." b) Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró la firmeza del fallo protector; razón por la cual se requirió a la Tesorera Municipal de esta localidad, su cumplimiento. c) En proveídos de siete de enero, nueve de febrero y once de marzo, todos de dos mil veintidós, se tuvo a la Tesorera Municipal de esta ciudad, remitiendo copia certificada de la orden de valuación, del avalúo y notificación de pago del impuesto predial por avalúo catastral, respecto de los inmuebles relativos a las cuentas prediales *****************. d) Con motivo de lo anterior, el once de marzo de la anualidad que corre, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. e) Ahora, del examen de las constancias remitidas por la responsable, mismas que de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, se desprende que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, quedó insubsistente el acto de aplicación de las normas impugnadas -cobro del impuesto predial, que consta en los comprobantes de pago expedidos a nombre de la parte quejosa respecto de los inmuebles relativos a las cuentas prediales ******************, así como su inaplicación en perjuicio de la parte quejosa mientras se encuentre vigente, ubicando dichos predios en la zona correspondiente al valor mínimo, ello dado que respecto de dichos predios la responsable realizó lo siguiente: ****************** Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; lo procedente es declarar que el fallo protector quedó cumplido. Sentado lo anterior, conviene establecer que no son obstáculo a esta determinación las manifestaciones de inconformidad que respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo vierte la parte quejosa, en las que medularmente refiere que no está de acuerdo con el valor de los terrenos y de las construcciones que aplicó la responsables a los inmuebles a que se refieren a las cuentas prediales ********************, porque debió aplicarles la cantidad de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 m.n.) por metro cuadrado, por ser el valor mínimo como zona marginada irregular, conforme al artículo 5, F-I, inciso a) de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno; y por lo que hace al valor de las construcciones debió aplicar el valor de $398.53 (trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), por metro cuadrado, que corresponde a techumbres corriente-malo, valor mínimo, en términos del numeral antes citado; pues contrario a lo que manifiesta y como quedó expresado en párrafos precedentes, a los inmuebles relativo a las cuentas prediales antes referidas se les aplicó la tasa del 0.002 por ciento y fueron ubicados en los valores más bajos tanto en terreno como en construcción de acuerdo a la zona que les corresponde (clasificación de tipo moderno, calidad precaria y estado de conservación malo), de conformidad con el artículo 5, fracción I, inciso b) de la Ley de Ingresos para el municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. De ahí que las citadas manifestaciones de inconformidad se encuentren fuera del alcance del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que como se ha visto, se cumplió a cabalidad con los efectos señalados. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la que otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación. En virtud de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación del presente proveído, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ***********************; atento a su contenido, téngasele haciendo manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, donde se determinará si la sentencia fue cumplida o no.
- Principal
Agréguense en autos el oficio y anexos que remite la Tesorera del Municipio de Celaya, Guanajuato; mediante los cuales aduce cumplir con la ejecutoria dictada en el presente juicio. En ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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