Juan Francisco Castro Villagómez

Expediente 485/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
485/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Francisco Castro Villagómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de siete de los actuales; en los siguientes términos: Manifiesta, bajo protesta de decir verdad los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Refiere que de las autoridades señaladas como responsables, reclama el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, por así preverlo el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como la expedición del artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de " actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, en la especie la parte quejosa señaló como actos reclamados: ".el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, por así obligarlo el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas." Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso, narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que mediante nombramiento de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ingresó a la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cargo de Secretario de acuerdos. Que el seis de marzo de dos mil diecisiete, se emitió el oficio 10-C.1.0122/2017 suscrito por el Coordinador General de la contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se señala la fecha límite para la presentación de la declaración inicial de situación patrimonial. Que el diez de marzo de dos mil diecisiete, presentó la declaración inicial de situación patrimonial. Que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, al intentar presentar su declaración de modificación de situación patrimonial, correspondiente a este año, se le indicó que estaba pendiente la de dos mil diecisiete, por lo que procedió a realizarla en virtud de que no le permitía hacer la actual hasta que no realizara la del año pasado. Que promueve el presente juicio de amparo, porque la declaración de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esto último, se desprende que el acto de aplicación consistente en el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que reclama el quejoso es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, pues como lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, promueve el presente juicio de amparo, porque la declaración de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierten datos objetivos y que evidencien el inminente inicio del procedimiento reclamado y por consecuencia, la aplicación concreta o material del artículo 33, párrafo cuarto, que tilda de inconstitucional. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización del procedimiento reclamado o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional porque la declaración de situación patrimonial de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin existir mayores datos que demuestren la aplicación presente y concreta de la norma que se tilda de inconstitucional, dado que al tenor de lo expuesto por el impetrante, el inicio del procedimiento administrativo se fundamenta en un contexto de mera probabilidad; manifestaciones a las que se les otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA:Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de siete de los actuales; en los siguientes términos: Manifiesta, bajo protesta de decir verdad los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Refiere que de las autoridades señaladas como responsables, reclama el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, por así preverlo el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como la expedición del artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de " actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, en la especie la parte quejosa señaló como actos reclamados: ".el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, por así obligarlo el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas." Asimismo, del capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el quejoso, narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que mediante nombramiento de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ingresó a la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cargo de Secretario de acuerdos. Que el seis de marzo de dos mil diecisiete, se emitió el oficio 10-C.1.0122/2017 suscrito por el Coordinador General de la contraloría Interna del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se señala la fecha límite para la presentación de la declaración inicial de situación patrimonial. Que el diez de marzo de dos mil diecisiete, presentó la declaración inicial de situación patrimonial. Que el treinta de mayo de dos mil dieciocho, al intentar presentar su declaración de modificación de situación patrimonial, correspondiente a este año, se le indicó que estaba pendiente la de dos mil diecisiete, por lo que procedió a realizarla en virtud de que no le permitía hacer la actual hasta que no realizara la del año pasado. Que promueve el presente juicio de amparo, porque la declaración de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esto último, se desprende que el acto de aplicación consistente en el inminente inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el artículo 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que reclama el quejoso es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Lo anterior es así, pues como lo manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, promueve el presente juicio de amparo, porque la declaración de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierten datos objetivos y que evidencien el inminente inicio del procedimiento reclamado y por consecuencia, la aplicación concreta o material del artículo 33, párrafo cuarto, que tilda de inconstitucional. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este Juzgador no soslaya la Jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro contiene la siguiente afirmación: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE." Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que las responsables no han ordenado la realización del procedimiento reclamado o que están a punto de hacerlo, puesto que para llegar a dicha conclusión se sopesó que el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que acude a esta instancia constitucional porque la declaración de situación patrimonial de dos mil diecisiete se hizo de manera extemporánea, existiendo la posibilidad de que se le inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, establecido en el numeral 33, párrafo cuarto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin existir mayores datos que demuestren la aplicación presente y concreta de la norma que se tilda de inconstitucional, dado que al tenor de lo expuesto por el impetrante, el inicio del procedimiento administrativo se fundamenta en un contexto de mera probabilidad; manifestaciones a las que se les otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y de otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 485/2018-II. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y V del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones II y V del artículo 108, así como lo previsto por el numeral 110 de la Ley de Amparo, de la Ley de la materia como se verá a continuación: A) La primera irregularidad surge de la fracción II del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". Como se advierte de la transcripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo actio el acto que reclama a las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS." Sin embargo, atendiendo a sus conceptos de violación se advierte que medularmente se duele del inicio o de la determinación que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra. Por tanto, de lo antes expuesto no es posible deducir con claridad de lo que se duele el quejoso. Pues este juzgador asume que lo que en realidad pretende reclamares es: La inconstitucionalidad del artículo 33, párrafo IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, Como acto concreto de aplicación el inicio o la determinación que inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad en su contra. O bien, de no ser el caso, deberá manifestar con toda claridad y precisión el precepto legal que reclama, así como el acto concreto de aplicación, si por su naturaleza lo combate como heteroaplicativo, o en su defecto, manifestar si exclusivamente lo combate con motivo de su entrada en vigor, sin reclamar algún acto de aplicación. En el entendido que de señalar los citados actos, deberá especificar la autoridad a quien atribuye su emisión, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna; deberá aclarar y especificar cuál es el acto que reclama de cada una de las autoridades que señaló como responsables, así como la norma o precepto legal que reclama. Consecuentemente, tomando en cuanto lo anterior, este Juzgador estima que no es posible establecer cuál es el acto o los actos de los que se duele el quejoso en esta instancia constitucional, entonces; y, por tanto, es necesario que lo precise con toda exactitud. B) La segunda irregularidad emerge de la fracción V del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente no narró bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación de la parte quejosa manifestar su relato de hechos con sujeción a la verdad. C) La última irregularidad advertida emerge de lo establecido en la fracción V del artículo 114, en relación con lo estipulado en el 110 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica." "(.)" De la transcripción del artículo anterior, se desprende que al promoverse la demanda de amparo deberán exhibirse con ésta, las copias suficientes para cada una de las autoridades responsables, para el tercero interesado, si lo hubiere, para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse la medida cautelar. El requisito aludido no constituye formalismo sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tiene como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa, correspondiendo a la parte quejosa la carga de exhibir las copias de su escrito de demanda, suficientes para correr traslado a cada una de las partes y para formar por duplicado el incidente de suspensión, en el caso de solicitarse la medida cautelar. En el caso concreto, la parte quejosa únicamente anexó a su demanda de amparo siete copias de la misma, las cuales son insuficientes para darle trámite a la vía constitucional que intenta, dado que se necesitan tres tantos más para que sean distribuidos de la siguiente manera: Autoridades responsables SIETE COPIAS. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito UNA COPIA. Incidente de Suspensión DOS COPIAS. Cabe mencionar que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo por comparecencia, vía telegráfica o medios electrónicos; ni se trata de un asunto del orden penal o laboral, ni están involucrados derechos de menores o incapaces, derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, ni el quejoso es persona en estado de pobreza o marginación, pues el hecho de que haya acudido a contratar los servicios profesionales de un abogado, como lo es su autorizado, para defender sus derechos, denota la ausencia de las citadas características. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones II y V, en relación con el 114, fracción II, así como lo previsto por el numeral 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al quejoso para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes: Señale con precisión cuál es el acto que reclama, así como la autoridad a la que se lo atribuye. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación. Exhiba tres copias más de su demanda de amparo. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Además que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizada a Paola Alejandra Herrera Castro, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a tenerle como domicilio la cuenta de correo electrónico que refiere, toda vez que la Ley de Amparo no prevé dicho supuesto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano