Juan Francisco Garcia Aguilar

Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Francisco Garcia Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, en contra de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso considerando tercero. Notifíquese y personalmente al quejoso y su defensa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Se rinde informe justificado. Se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que se anexan al informe que se tiende, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Cuenta. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 14609. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe rendido por la autoridad responsable, respecto a la suspensión de plano concedida al quejoso, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por lo tanto, dese vista a las partes con el mismo para los fines legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 841/2021-I. Suspensión de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente Juan Francisco García Aguilar reclama del Director del Centro de Reinserción Social La Mesa, con sede en esta ciudad, en esencia, la omisión de llevar a cabo sus funciones a fin de proteger la vida del quejoso. Ya que refirió que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, reportó ante la autoridad correspondiente que en la celda donde se encontraba habitando había sustancias "ilegales", que tras una inspección por parte de la autoridad penitenciaria se encontraron tales sustancias y con motivo de eso, empezó a recibir amenazas de muerte por parte de los responsables, solicitando a dicho centro el traslado a un área de protección donde no peligrara su vida, ya que se encuentra en una celda con la población en general, y la autoridad responsable ha omitido realizar sus funciones dejándolo en un estado de indefensión. Ahora, si bien de las anteriores manifestaciones se puede advertir que el agraviado refirió que las amenazas que recibió fueron realizadas por sus propios compañeros de celda, esto es, no directamente de la autoridad responsable, lo cierto es que tal circunstancia en modo alguno deslindaría a la autoridad responsable a que, dentro de sus facultades, evite que se ocasionen daños en la integridad física y psicológica del peticionario del amparo. Lo anterior es así, en razón a que se deben tomar en cuenta las particularidades que acontecen en el caso, esto es, que el agraviado es una persona que se encuentra detenida y, por ende, bajo el cuidado y responsabilidad de la autoridad responsable que integra al Estado Mexicano. Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que respecto a las condiciones de detención, los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado con motivo de su posición especial de garante con respecto a esas personas, ya que las autoridades penitenciarias ejercen un control respecto a éstas. Así, aspectos como la detención en condiciones de hacinamiento; escenarios inadecuados de higiene, la sobrepoblación o no contar con atención médica oportuna, constituyen violaciones a la integridad personal, además de generar condiciones infrahumanas o degradantes que afectan la salud de las personas privadas de su libertad. Con base en tales premisas argumentativas, si bien en el caso los actos que se infringen al agraviado pudiesen estarse ocasionando por personas particulares, esto es, no directamente la autoridad responsable, lo cierto es que las autoridades penitenciarias al ejercer un control respecto al peticionario del amparo y los diversos individuos que se encuentran en reclusión, son quienes tienen la obligación de evitar que se dañe de cualquier forma la integridad física o psicológica de Juan Francisco García Aguilar; y por tanto, a quienes se debe exigir a través de la suspensión de plano a que velen en todo momento por la protección del quejoso. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato cualquier acto consistente en los malos tratos o tortura física y psicológica de los que pueda ser objeto Juan Francisco García Aguilar, así como cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Por ende, al manifestar el promovente Juan Francisco García Aguilar que la autoridad responsable penitenciaria no ha realizado sus funciones en relación a trasladarlo a diversa área del centro penitenciario en la cual se le pueda proteger y su vida no peligre, es imperativo que ésta, dentro de sus facultades, establezca las medidas que estime convenientes para brindarle la seguridad debida, en aras de preservar su integridad física, así como su vida. En el entendido que queda bajo su más estricta responsabilidad la toma de medidas de seguridad para preservar la integridad y salvaguardar la vida del aquí quejoso, pues esta juzgadora estima que no debe pasarse por alto el reglamento interno de tal centro penitenciario. Informe suspensión de plano. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda; asimismo, deberá remitir copia certificada de las constancias con las cuales acredite las medidas de seguridad que hubiese tomado a fin de preservar la seguridad del aquí quejoso. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirva proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Admisión de la demanda. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Juan Francisco García Aguilar, contra la autoridad y actos señalados en la misma. Copias del escrito de demanda. No es óbice a la presente determinación, el hecho de que el quejoso no haya exhibido las copias del escrito de demanda de amparo para traslado, pues tratándose de actos restrictivos de la libertad, el párrafo segundo del numeral 110 de la Ley de Amparo establece una excepción a la obligación de presentar las copias de referencia. Apoya a lo anterior, el criterio de jurisprudencial P./J. 8/2017 (10a.), emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. [Énfasis añadido] Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, virtud de que los actos reclamados fueron materia de la suspensión de plano decretada en el presente proveído. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con diez minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo que se han generado con motivo del regreso escalonado a las labores en este órgano jurisdiccional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y de ellos se advierta que a alguien pueda asistirle tal representación, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días hábiles, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser nítidas, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opten por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a quien incumpla una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se les reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notificaciones del quejoso. Atento a que el quejoso Juan Francisco García Aguilar, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Tijuana, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario, entregándole copia autorizada de las actuaciones que deriven de la tramitación de este juicio. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizado. Asimismo, se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Edgar Iván Sánchez Contreras, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral a Juan Daniel López Delgado, ya que no cuentan con dicho registro como se advierte la certificación de cuenta, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Karla Denisse García Organez, por así haberlo solicitado. Datos de contacto. Ahora, en relación al número telefónico que señala el promovente, se hace saber que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del mismo, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Exhortación para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta al resto de las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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