JUAN FABIAN CHOY RANGEL y Otros.

Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • JUAN FABIAN CHOY RANGEL y Otros.
  • Juan Fabian Choy Rangel
  • GUADALUPE S GARCIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Administrador Titular de la Administración y Recuperación Regional de la Oficina de Atención Regional Baja California de la Coordinación Regional Baja California-Noroeste-Pacífico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita que se requiera a la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Segunda Sala Regional Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En atención a ello, dígasele a la autoridad oficiante que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató los efectos para los cuales se concedió el fallo protector; por tanto, su petición deberá dirigirla a la Segunda Sala Regional Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. No interpuesto recurso de revisión. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la autoridad tercero interesada mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, para que exhibiera las copias faltantes del escrito de agravios, en relación al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; sin que lo hubiera hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesto el recurso de revisión de que se trata. Feneció término legal. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ello, no obstante que no se encuentre notificada la autoridad responsable, en atención a que al ser una autoridad jurisdiccional, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Cobra sustento lo anterior, con la jurisprudencia I.6o.A. J/7 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1603, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época, con número de registro 188100, cuyo rubro y texto dicen: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMISORA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONERLA. Si bien es cierto que la autoridad responsable es parte en el juicio de amparo, y que conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, está legitimada para interponer el recurso de revisión en los casos en que la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto afecte directamente el acto que se le reclame, sin embargo, debe destacarse que ese supuesto constituye una regla general, que debe interpretarse en el sentido de que en los casos en que los actos reclamados fuesen dictados en un procedimiento en el que la autoridad actúa como órgano que realiza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, en el que sólo se resuelve una controversia entre particulares, la decisión sólo afecta a éstos, por lo que dicha autoridad carece de legitimación para interponer el recurso de revisión. Esto es así, ya que acorde con la doctrina, resulta generalmente aceptada la existencia del concepto de Juez en sentido amplio, aplicable a todos aquellos órganos de autoridad que ejercen materialmente la función jurisdiccional, al estar facultados legalmente para decidir controversias entre particulares mediante procedimientos establecidos en la ley, los que necesariamente culminarán con una resolución reconociendo el mejor derecho de alguna de las partes, quienes son las que en definitiva resultarán afectadas, y así, dicho concepto se determina con independencia de que la autoridad pertenezca al Poder Judicial, o bien, a los otros dos poderes que integran al Estado. Por otra parte, la autoridad que en este caso fue señalada como responsable en el juicio de amparo, tiene la oportunidad de defender la constitucionalidad de sus actos, ya que para ello se le brinda la oportunidad de rendir un informe justificado, con todas las prerrogativas que la ley de la materia concede; empero, ello no le legitima para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 85 de la Ley de Amparo, ya que todo recurso solamente puede hacerlo valer quien resulte afectado; y, por otra parte, admitir lo contrario significaría la pérdida de la imparcialidad del juzgador y el rompimiento del equilibrio procesal entre las partes litigantes al conferirle la facultad de actuar a favor de una de ellas, para impugnar lo que no obtuvo en la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito, que inclusive en ciertos casos no la combate el afectado, con lo que tácitamente se conforma, al no hacer valer ese recurso a que tiene derecho." No obstante lo anterior, reexpídase el oficio 18111, expedido el quince de julio del año en curso, mediante el cual se le hace del conocimiento del contenido de la sentencia dictada en autos. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir a los quejosos en los derechos fundamentales vulnerados, con sustento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para que la autoridad responsable Magistrados de la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de esta ciudad, en el ámbito de su competencia deberán: 1. Dejar insubsistente la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 3263/16-01-02-6 de su índice. 2. Dicte otra determinación en la que atienda los lineamientos señalados en esta determinación, esto es que no quedó probado el supuesto fáctico para la procedencia de la aplicación de los artículos 26 y 27 de Ley Federal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como, que el pago que se ordene realizar será a favor de Juan Fabián Choy Rangel y Guadalupe S García, en su calidad de legítimos propietarios del vehículo materia de la litis." Por ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a los Magistrados de la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, les será impuesta una multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Sin embargo, como se advierte del sello que obra en el oficio de cuenta, no exhibió copias suficientes de su ocurso de expresión de agravios para correr traslado a las partes, pues exhibió cinco copias del mismo, cuando son necesarias siete, esto a fin de distribuirlas de la siguiente manera: una para el quejoso, una para la autoridad responsable, dos para las diversas autoridades tercero interesadas, una para el cuaderno en que se actúa y dos más para los agentes del Ministerio Público Federación adscritos al Tribunal del Decimoquinto Circuito en turno, con residencia Mexicali, Baja California, y a este juzgado. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley de Amparo, se requiere al Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, exhiba dos copias del escrito de expresión de agravios; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del citado artículo y al no encontrarse en alguno de los supuestos de excepción. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de abril de dos mil veintiuno. Apersonamiento de tercero interesado. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad tercero interesada Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", con sede en esta ciudad; en atención a su contenido se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Delegados y domicilio. Con fundamento en los artículos 9° y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a los profesionistas que indica en el oficio de cuenta. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se notificará por medio de oficio a la autoridad tercero interesada, en el domicilio que señala. Alegatos. Ténganse por hechas las manifestaciones que realiza la autoridad tercero interesada a manera de alegatos en relación con los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, de lo cual se hará relación al momento de celebrase la audiencia constitucional respectiva de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Datos de contacto. Ahora, en relación a la cuenta de correo electrónico que señala para recibir notificaciones; en atención a ello, se hace saber al promovente que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que indica, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlo como medio de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no lo establece como tal, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por ese conducto.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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