Juan Francisco Cisneros Gutiérrez

Expediente 462/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
462/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Juan Francisco Cisneros Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar en autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad; por medio del cual informa que no fue posible emplazar a la demandada NESTLE, Sociedad Anónima de Capital Variable. En el entendido que no se realiza mayor pronunciamiento con su contenido, en virtud de que el cinco de agosto del año en curso, causó ejecutoria el proveído de doce de julio del año en curso, en que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por notoriamente improcedente. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar en autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Presidente y Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual rinde informe justificado. En el entendido que no se realiza mayor pronunciamiento con su contenido, en virtud de que el cinco de agosto de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el proveído de doce de julio del año en curso, en que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por notoriamente improcedente. Finalmente, mediante oficio con transcripción del presente proveído, devuélvanse al oficiante las constancias que adjuntó a su informe de cuenta, en virtud de que las mismas resultan innecesarias, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de doce de julio de dos mil dieciséis, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso en contra de dicho proveído, el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de julio de dos mil dieciséis. I. Se desahoga prevención. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso JUAN FRANCISCO CISNEROS GUTIÉRREZ, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así pues, con apego a los numerales transcritos y relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracciones XII y XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones. Por cuestión de orden, primeramente se realizará el estudio relativo al acto reclamado, consistente en la omisión de diligenciar los exhortos remitidos y recepcionados por las responsables, respectivamente, antes del dieciséis de junio del año en curso. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar a la redacción de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Además, aclaró, que lo anterior generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Criterio visible en la tesis de jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De lo reseñado se advierte que, la omisión de diligenciar los exhortos remitidos y recepcionados por las responsables, respectivamente, para el emplazamiento de la empresa Nestlé México, Sociedad Anónima de Capital Variable, antes del dieciséis de junio del año en curso, han dejado de tener efecto, en virtud de que cada uno de ellos, fue sustituido por el último que en audiencia de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se ordenó de nuevo, enviar al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a fin de que por su conducto se emplazara a la empresa de referencia. Razón por la cual, se estima que los exhortos enviados y recibidos por las responsables, respectivamente, ya no podrá surtir efecto legal alguno, pues dejó de existir su objeto, al haber sido sustituido por el último que se ordenó girar. Como se ve, no obstante se concediera al quejoso el amparo solicitado, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, puesto que estos fueron sustituidos por el nuevo que se ordenó girar en la audiencia de dieciséis de junio del año en curso. De ahí que, como se anticipó, se actualice la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo y deba sobreseerse en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cuanto al diverso acto reclamado, consistente en el exhorto que en audiencia de dieciséis de junio del año en curso, la responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, ordenó enviar al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, se actualizada la causa de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la simple lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En las condiciones apuntadas, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en contradicción de tesis, consideró que la falta de proveído, por regla general, es notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Criterio visible en tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Luego entonces, como se observa del escrito de demanda y el ocurso aclaratorio, el acto reclamado, consistente en la omisión de enviar el exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, fue ordenado en diligencia de dieciséis de junio del año en curso, dentro del expediente laboral JE4-07-792/2013, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, cuya finalidad es emplazar a juicio a la ahí demandada Nestlé México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Así, atendiendo a la temporalidad (dieciséis de junio del año en curso), en que se ordenó enviar el exhorto a la fecha de la presentación de la demanda, queda de manifiesto que dicho acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal acto reclamado no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Lo anterior es así, ya que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -como es el caso-, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, esto es, la omisión de girar un "oficio". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado en los términos indicados- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. "Registro: 215164 Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación68, Agosto de 1993Página: 49Tesis: I.7o.C. J/3JurisprudenciaMateria(s): Común VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." "Registro: 184249 Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXVII, Mayo de 2003Página: 1186Tesis: VI.2o.C. J/231JurisprudenciaMateria(s): Común VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En consecuencia, se actualiza las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, éste último con relación en el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo y con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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