Juan Filiberto Rosales Rodríguez

Expediente 274/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
274/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Filiberto Rosales Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por Anastacio Rosales Ibarguen, en favor de Juan Filiberto Rosales Rodríguez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda ha causado estado. II. Archivo. Consecuentemente, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. Asimismo, de la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil diecinueve. I. Se tiene por no presentada la demanda. Vistos los presentes autos, en específico la certificación que antecede, se aprecia que el plazo concedido a la parte promovente, en proveído de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, a fin de que ratificara su demanda en los términos que le fueron señalados, transcurrió del seis al ocho de mayo del año en curso; sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado el diecinueve de abril del presente año; se tiene por no presentada la demanda de amparo, conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo. II. Anotaciones registrales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese en términos de Ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Francisco Javier Frías Luna, Secretario que autoriza y da fe. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a dos de mayo de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil diecinueve. I. Razón Actuarial. Vista la razón de notificación efectuada por la actuaria adscrita, se advierte que el quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez, fue puesto en libertad a las veinte horas con treinta y cuatro minutos del día de hoy, por las razones que en la misma se exponen. II. Se comisiona al actuario adscrito. Ahora bien, se comisiona al actuario judicial adscrito, para que notifique al quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez, en el domicilio que aparece en autos, para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efecto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Notifíquese en términos de Ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, Secretaria que autoriza y da fe. Lic. Sergio López Valdez Actuaria Judicial

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Anastacio Rosales Ibarguen, en favor de Juan Filiberto Rosales Rodríguez, contra los actos de las autoridades denominadas: Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Coordinador del Tribunal de Barandilla, con sede en esta ciudad. Juez del Tribunal de Barandilla en turno, con sede en esta ciudad. En el entendido de que no se gira oficio a la autoridad que el promovente denominó Director de Tránsito Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal y Director de la Policía Municipal, con sede en esta ciudad, toda vez que es un hecho conocido para este Juzgado de Distrito que tales autoridades no existen y que la denominación de éstas es Secretario de Seguridad Pública Municipal, la cual se designó como responsable. II. Creación del expediente Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 274/2019. III. Suspensión de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que se reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento, de que se dice es objeto el directo quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez. Ahora bien, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para efectos de que cese de inmediato la privación de la libertad fuera de procedimiento de que se dice es objeto el directo quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez, por encontrarse dentro de las conductas establecidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, y éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo sexto del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. Si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Si la detención del quejoso es con motivo de una falta administrativa, la suspensión se concede para efectos de que la autoridad administrativa competente fije la multa correspondiente que se deba cubrir, para que esté en posibilidad de obtener su libertad personal. Si la detención del quejoso es en cumplimiento a una orden de detención, la suspensión se concede para efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente, según sea el caso. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición; asimismo, en caso distinto de los mencionados en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al Juez correspondiente. En el entendido, que en caso, de que no se localice al agraviado Juan Filiberto Rosales Rodríguez, se considerará la desaparición forzada de persona y se proveerá en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que integren el expediente de origen; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo. IV. Diligencia judicial. Ahora bien, tomando en consideración que el promovente señala en la demanda que el directo quejoso Juan Filiberto Rosales Rodríguez, se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en dicho lugar, una vez que lo localice, lo requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efecto el presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. V. Orden de acceso para inspección. Se ordena a las autoridades responsables, así como a las personas subordinadas a ésta y a quienes se encuentren de guardia, para que permitan al Actuario Judicial adscrito el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentra detenido el directo quejoso, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con apercibimiento que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO. Una recta interpretación de los artículos 157 y 209 de la Ley de Amparo, permite establecer que los órganos de control constitucional de primer grado tienen la obligación de cuidar por todos los medios a su alcance que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando el acto combatido atenta contra la libertad de las personas; de tal manera que las autoridades responsables que se resistan a dar cumplimiento a sus mandatos y órdenes pueden incurrir en conductas delictivas reguladas por el Código Penal Federal y, en tales hipótesis, puede y debe dar vista al fiscal federal de su adscripción para que proceda con arreglo a sus atribuciones." (Novena Época; Registro: 202122; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.2 K; Página: 859) VI. Domicilio y autorizado. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fausto de la Paz Camacho, en razón de que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Incidente de suspensión. En lo tocante a la tramitación del incidente de suspensión y la concesión de la suspensión provisional y definitiva para que no surta efectos la "orden de aprehensión", no ha lugar a dar trámite al mismo, en virtud de que como ya se dijo proveyó procede la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, tratándose del acto consistente en privación ilegal de la libertad. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia y acceso a la información. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de Ley.

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