Juan Fidel Castro Cornejo
Expediente 56/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Fidel Castro Cornejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, el expediente se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JUAN FIDEL CASTRO CORNEJO, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de junio de los actuales, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Deje insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1086/2018, únicamente respecto al acto jurídico de decisión por el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de convivencia provisional de la menor de iniciales M.C.H., con su progenitor aquí quejoso, adoptada en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado, únicamente en lo atinente a declarar infundada la revocación con motivo de que las convivencias así habían sido acordadas por las partes; dejando intocada el resto de consideraciones. Mediante oficios 3747/2023 y 3748/2023 de tres y siete de julio de los actuales, la responsable remitió copias certificadas de la resolución de esa misma fecha dictadas y de diversas constancias emitidas en el juicio ordinario civil 1086/2018-I, en la que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, únicamente respecto del acto jurídico de decisión por el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de convivencia provisional de la menor de iniciales M.C.H., con su progenitor, adoptada en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado, únicamente en lo atinente a declarar infundada la revocación con motivo de que las convivencias así habían sido acordadas por las partes; dejando intocada el resto de consideraciones. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que resuelva conforme a derecho proceda el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso, en el entendido que la determinación que adopte: Deberá atender en su integridad el planteamiento del ahora quejoso formulado en el escrito del recurso de revocación, en el sentido que no ha sido posible llevar a cabo dichas convivencias y con base a lo aquí expuesto pronunciarse atendiendo el interés superior de la menor en el sentido de proveer las medidas necesarias para su correcta celebración. En caso de reiterar que las convivencias se sigan llevando a cabo de la misma manera, deberá expresarse de manera fundada y motivada, por qué estima sea el adecuado para la menor, atendiendo a sus particulares circunstancias. En la resolución emitida la responsable se pronunció en torno a los argumentos referidos por el aquí quejoso, esto en relación a que le afecta el hecho de que la convivencia de su menor hija se haya fijado únicamente por dos días a la semana, en un horario de diecisiete a diecinueve horas, en el domicilio de la parte actora en el juicio de origen, pues manifestó que al ser las convivencias en dicho domicilio, éstas se le impedirían, manifestando que debieron de fijarse en otro lugar distinto al domicilio de la parte actora, como en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz (DIF). Atento a lo cual, la responsable evaluó las opciones de convivencia brindados en los centros de convivencia familiar asistida, las cuales se dan ante la presencia de una tercera persona independiente y neutral, y toda vez que la menor se encuentra bajo la guardia y custodia de la parte actora en el juicio de origen (aquí tercera interesada), tomando en consideración lo manifestado por la menor en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil del Estado, en la que precisó que tiene once años de edad, que estudia la primaria y que no convive con su papa desde hace cinco años toda vez de que su mama no la deja, el juez responsable determinó que llevaran a cabo los días viernes de catorce a quince horas y sábado de diez a doce horas, en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, y ante la presencia de una tercera persona designada por dicha institución. De igual forma, fijo una convivencia a distancia los días miércoles de cada semana, de diecisiete a dieciocho horas a través de medios de comunicación disponibles. Finalmente, apercibió a la parte actora que en caso de no presentar a la menor en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, se emplearan en su contra medidas de apremio que la ley autoriza. Asimismo, en autos obra el oficio mediante el cual, lo anterior hizo de conocimiento al Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, así como a las partes dentro del juicio natural. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso y vía electrónica a la parte tercera interesada; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JUAN FIDEL CASTRO CORNEJO, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de junio de los actuales, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Deje insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1086/2018, únicamente respecto al acto jurídico de decisión por el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de convivencia provisional de la menor de iniciales M.C.H., con su progenitor aquí quejoso, adoptada en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado, únicamente en lo atinente a declarar infundada la revocación con motivo de que las convivencias así habían sido acordadas por las partes; dejando intocada el resto de consideraciones. Mediante oficios 3747/2023 y 3748/2023 de tres y siete de julio de los actuales, la responsable remitió copias certificadas de la resolución de esa misma fecha dictadas y de diversas constancias emitidas en el juicio ordinario civil 1086/2018-I, en la que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, únicamente respecto del acto jurídico de decisión por el cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de la determinación de convivencia provisional de la menor de iniciales M.C.H., con su progenitor, adoptada en la audiencia prevista en el artículo 345 del Código Civil del Estado, únicamente en lo atinente a declarar infundada la revocación con motivo de que las convivencias así habían sido acordadas por las partes; dejando intocada el resto de consideraciones. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en la que resuelva conforme a derecho proceda el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso, en el entendido que la determinación que adopte: Deberá atender en su integridad el planteamiento del ahora quejoso formulado en el escrito del recurso de revocación, en el sentido que no ha sido posible llevar a cabo dichas convivencias y con base a lo aquí expuesto pronunciarse atendiendo el interés superior de la menor en el sentido de proveer las medidas necesarias para su correcta celebración. En caso de reiterar que las convivencias se sigan llevando a cabo de la misma manera, deberá expresarse de manera fundada y motivada, por qué estima sea el adecuado para la menor, atendiendo a sus particulares circunstancias. En la resolución emitida la responsable se pronunció en torno a los argumentos referidos por el aquí quejoso, esto en relación a que le afecta el hecho de que la convivencia de su menor hija se haya fijado únicamente por dos días a la semana, en un horario de diecisiete a diecinueve horas, en el domicilio de la parte actora en el juicio de origen, pues manifestó que al ser las convivencias en dicho domicilio, éstas se le impedirían, manifestando que debieron de fijarse en otro lugar distinto al domicilio de la parte actora, como en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz (DIF). Atento a lo cual, la responsable evaluó las opciones de convivencia brindados en los centros de convivencia familiar asistida, las cuales se dan ante la presencia de una tercera persona independiente y neutral, y toda vez que la menor se encuentra bajo la guardia y custodia de la parte actora en el juicio de origen (aquí tercera interesada), tomando en consideración lo manifestado por la menor en la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil del Estado, en la que precisó que tiene once años de edad, que estudia la primaria y que no convive con su papa desde hace cinco años toda vez de que su mama no la deja, el juez responsable determinó que llevaran a cabo los días viernes de catorce a quince horas y sábado de diez a doce horas, en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, y ante la presencia de una tercera persona designada por dicha institución. De igual forma, fijo una convivencia a distancia los días miércoles de cada semana, de diecisiete a dieciocho horas a través de medios de comunicación disponibles. Finalmente, apercibió a la parte actora que en caso de no presentar a la menor en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, se emplearan en su contra medidas de apremio que la ley autoriza. Asimismo, en autos obra el oficio mediante el cual, lo anterior hizo de conocimiento al Desarrollo Integral de la Familia con residencia en Coatzintla, Veracruz, así como a las partes dentro del juicio natural. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente al quejoso y vía electrónica a la parte tercera interesada; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de julio de dos mil veintitrés. Vistos los oficios con sus anexos, remitidos por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Notifíquese personalmente al quejoso; y vía electrónica al tercero interesado. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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