Juan Ernesto Martínez Zepeda
Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Ernesto Martínez Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz y Secretaria Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, las copias certificadas del expediente 500/2003-I de su índice tomos I y II), las cuales remitieron en conjunto a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador, que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de las autoridades responsables, la sentencia dictada en el presente asunto; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se cita por analogía, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2012455 Época: Novena Época Registro: 1003171 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Sección - Recursos Materia(s): Común Tesis: 1292 Página: 1452 REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada. Época: Décima Época Registro: 2012455 Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: XIX.1o.A.C. J/1 (10a.) Página: 2464 LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo expuesto, una vez que obren los acuses de notificación de las autoridades responsables, relativos a la sentencia dictada en el presente asunto, así como de este proveído, glósense al sumario para que surtan sus efectos legales procedentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 435/2021 (906/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para que dicha autoridad emplazara a la tercera interesada Ana María Barón Santiago, en su carácter de albacea de las sucesiones intestamentarias números 550/1985 y 115/1994, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz; por tanto, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas. Atento a lo anterior, resérvese de proveer lo que en derecho corresponda respecto del emplazamiento de la citada parte procesal, hasta la audiencia constitucional. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en sesión extraordinaria de veintitrés de agosto del año en curso, notificada a través de la Circular SECNO/26/2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la Propuesta de medidas en los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan y Poza Rica, con motivo de las afectaciones derivadas del paso del huracán "Grace" y determinó que este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, regresara al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, del periodo comprendido DEL VEINTITRÉS HASTA LAS OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de garantizar la seguridad de las personas justiciables y de las que prestan sus servicios en los juzgados, así como el acceso a la justicia, autorizándose a este órgano jurisdiccional para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos calificados como "urgentes". Lo que se comunicó a los abogados litigantes y público en general, a través de aviso fijado en lugares visibles del inmueble que alberga a este órgano jurisdiccional. En esa tesitura, tomando en cuenta que el presente asunto no se ubicó dentro de los asuntos urgentes, que la celebración de la audiencia constitucional se encontraba prevista dentro del periodo que abarcó la suspensión de los ??????????????? plazos y términos procesales y que la fecha señalada ya transcurrió, se difiere la misma y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo dicha audiencia. ESTADO DE AUTOS Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó girar despacho 435/2021 (906/2021) al Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, sin que a la fecha haya sido devuelta dicha comunicación oficial. Atento a lo anterior, con fundamento requiérase a la referida autoridad para que en el improrrogable termino de veinticuatro horas contra contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, devuelva debidamente notificado la referida comunicación oficial o informe la imposibilidad para diligenciarlo. Haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento con el que fue conminado en auto de doce de julio del año en curso. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no obra la comunicación oficial remitida al Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, el doce de julio de dos mil veintiuno, a través de la cual se le solicitó llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Ana María Barón Santiago. Máxime que, tomando en consideración que mediante la Circular 1, de doce de enero del año en curso, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, informó que el periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, será del doce al treinta de julio de dos mil veintiuno. Lo anterior, constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 16/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO." En tales condiciones, toda vez que no se tiene la certeza de que dicha parte haya sido emplazada a la presente instancia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, en que lo permiten las labores del juzgado. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
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