Juan Fernando Paredes Blanco
Expediente 161/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Fernando Paredes Blanco
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 9 a 14), que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, agréguese a los autos el escrito signado por Juan Fernando Paredes Blanco, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta; se advierte que al notificar personalmente al quejoso Juan Fernando Paredes Blanco, el proveído de siete de marzo del año en curso, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; por tanto, téngasele señalando los estrados para oír y recibir notificaciones.
- Principal
I. Demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por Juan Fernando Paredes Blanco, contra actos de la autoridad denominada Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras. II. Formación de Expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 161/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: ".Del C. Secretario de Educación del Estado de Coahuila, reclamo la orden dada a las ejecutoras para cambiarme de adscripción sin mi consentimiento y sin la conformidad del Comité de la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y de las ejecutoras la ejecución de dicha Orden de Presentación número: 02-200, de fecha 01 de marzo de 2016." En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo vigente. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo antes transcrito se puede advertir que la fracción XXIII del artículo 61 citado, no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una hipótesis abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de garantías, de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Así conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 5, fracción II, en comentario. Ahora bien, de los preceptos transcritos (artículo 61, fracción XXIII y 5, fracción II de la Ley de Amparo) podemos inferir que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Esto, aunque ahora la nueva Ley de Amparo prevé la procedencia de actos contra particulares, en ciertos casos, y con ciertas limitantes, pero estos extremos no se surten en el caso a juicio del suscrito. En efecto, la tesis transcrita pone de manifiesto que autoridad para efectos del amparo es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Además, actualmente es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por actuar con las facultades conferidas por una ley y capaz de afectar la esfera jurídica de los gobernados. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares (salvo las limitantes ya descritas); por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, atento a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así también, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable hay que distinguir las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo anteriormente, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Y si bien es cierto, la nueva ley, expresamente establece que actualmente los particulares pueden ser autoridad responsable en el juicio de amparo, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Esto es, se prevé esa posibilidad pero siempre que la actuación del particular, tenga las siguientes características: 1. Que su actuar tenga como fundamento una disposición legal, esto es, que el acto que ejecute tenga como base una facultad, función, obligación, que le fue otorgada por una ley. 2. Y que dicho actuar sea susceptible de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, derechos fundamentales de la persona. Extremos que, en caso de darse, pueden dar la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto a los particulares. Ahora bien, del contexto de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa, esencialmente, reclama de las autoridades que señala como responsables el cambio de adscripción correspondiente a sus funciones como maestro de grupo de la escuela primaria Miguel Hidalgo, en Nava, Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, relativo al oficio número 02-200, de veintinueve de febrero del presente año, signado por el Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, de los antecedentes señalados por el quejoso en su demanda de amparo, se desprende que dicho en oficio el Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, le hizo del conocimiento al aquí promovente que a partir del uno de marzo del presente año, su lugar de trabajo sería en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en la escuela primaria Braulia García Morales; lo que pone de relieve que el acto reclamado es de índole meramente laboral surgido precisamente de una relación obrero-patronal, pues además el quejoso estableció propiamente que es empleado de la referida institución educativa desde el año de dos mil ocho, donde se desempeña como maestro de grupo. En ese tenor, el acto que reclama el promovente no constituye, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto entre trabajador y patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse una manifiesta e indudable causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que dispone el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, este último interpretado en sentido contrario; motivo por el cual, en atención a lo dispuesto por el numeral 113, del ordenamiento legal antes invocado, se desecha de plano la demanda de mérito. Se tiene al quejoso autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Rufino Acevedo Zúñiga, atento que tiene registrada su cédula profesional respectiva, en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Dado que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cipres, número 7, de la colonia Bosque del Río Escondido, en Nava, Coahuila de Zaragoza, es decir, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, a fin de cumplir con lo señalado por el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia en vigor, notifíquese el presente auto por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado; asimismo, requerírsele para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le harán por lista de acuerdo de este Juzgado de Distrito. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Hágase de conocimiento de la parte quejosa, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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