Juan Felipe Hernández Pérez
Expediente 53/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 53/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jorge Apolonio de las Fuentes
- Juan Felipe Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del acuerdo de diecisiete de febrero del presente año (fojas 75 a79), a través del cual se sobreseyó el presente juicio de fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 147/2017, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual informa que el nueve de febrero del presente año, dictó el laudo correspondiente al juicio laboral 360/2015 -acto reclamado-, promovido por Juan Felipe Hernández Pérez y Jorge Apolonio de las Fuentes -aquí quejosos-, adjuntando copia debidamente certificada de dicha resolución. I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veintitrés de enero del presente año (fojas 1 a 4), J***, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ciudad. Por el acto reclamado siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: 1.- Reclamamos de las autoridades señaladas como responsables, la omisión al no haber dictado a la fecha laudo en el juicio principal número 360/2015. 2.- Así mismo reclamamos de las autoridades señaladas como responsables, todas y cada una de las constancias que de hecho y por derecho resulten de los actos reclamados en los puntos anteriores." II.-Trámite del juicio de amparo indirecto. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 5 a 7), se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Felipe Hernández Pérez y Jorge Apolonio de las Fuentes, quedando registrada en el Libro de Gobierno con el número 53/2017; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesado a José Rodolfo Garza Ibarra; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, la intervención legal que le corresponde; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, mediante proveído de quince de los actuales (foja 63), de las constancias que anexó la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad, se tuvo con el carácter de tercera interesada a la empresa "GIMI"; motivo por el cual se ordenó su emplazamiento. Ahora bien, del oficio 147/2017 y anexos, remitidos por la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad, se desprende que el nueve de febrero del año en curso (fojas 65 a 74), se dictó el laudo en los autos del expediente laboral 360/2015, lo que constituye el acto reclamado. Conviene transcribir al respecto, el punto resolutivo del laudo emitido por la autoridad responsable el cual se transcribe a continuación: ".ÚNICA.- los actores ***, acreditaron en su integridad sus acciones que ejercitaron en su demanda en contra del demandado JOSÉ RODOLFO GARZA IBARRA, el cual opuso sus excepciones y defensas y mismas que no logró justificar ni acreditar, en consecuencia debe de CONCEDERSE como CONDENA a el demandado a el pago a favor de los actores de las prestaciones por los importes de: "INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, y los SALARIOS CAÍDOS," por las razones y consideraciones de derecho que han quedado señaladas en el considerando tercero respectivo de esta resolución." III. Actualización de una causal de sobreseimiento. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V , y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada legislación, la cual por ende, conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso concreto, como ya se mencionó, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 360/2015. Sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Ahora bien, del oficio número 147/2017, remitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad, se advierte que adjuntó copia certificada del laudo dictado el nueve de febrero del presente año (fojas 65 a 74), en los autos del expediente laboral 360/2015, el cual constituye el acto reclamado. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, analizada la probanza anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo , es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J.59/99, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad, en los autos del juicio laboral 360/2015, emitió el laudo reclamado el nueve de febrero del presente año; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. IV. Se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional y emplazamiento a los terceros interesados. En vista de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (foja 6 vuelta), así como el emplazamiento de los terceros interesados *** y la empresa ***, ordenado por mediante proveído de quince de febrero de la presente anualidad (foja 63), por los motivos expuestos en párrafos que anteceden.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos, del auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.
- Principal
Agréguese a los autos, la razón actuarial de cuenta, de la que se desprende que el Actuario de la adscripción hizo constar la imposibilidad de emplazar al tercero interesado ***, por el motivo que refiere. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, en especial, de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable denominada Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la ciudad, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada a la empresa "GIMI", así como, el domicilio del diverso tercero interesado José Rodolfo Garza Ibarra. Por consiguiente, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que emplace al presente juico a los terceros interesados *** y la empresa "GIMI" por conducto de quien la represente, ambos con domicilio en el Rancho-Taller, aproximadamente a un kilómetro por camino de terracería a la altura de la carretera Federal 57, km. 236, en el municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, corriéndoles traslado con copia de la demanda de amparo y acuerdo admisorio, haciéndoles de su conocimiento que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional.
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