Juan Fernández Hilario
Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Fernández Hilario
- Gobernador Constitucional del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Fenece término concedido. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término de tres días con que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las constancias remitidas por la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), con las cuales señaló haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, ha transcurrido, sin que se haya desahogado el requerimiento formulado; no obstante que habiendo hecho una búsqueda en el libro de gobierno de correspondencia de este Juzgado, no se encontró promoción tendente al respecto; por tanto, este juzgador federal procederá a estudiar las constancias de autos para determinar si se encuentra el fallo protector cumplido. Valoración de cumplimiento. Ahora bien, del estado de autos se advierte que el veintiséis de noviembre pasado, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se resolvió: "R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Juan Fernández Hilario, contra el Decreto 36, publicado el diecinueve de diciembre de dos mil doce en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno del Estado de México", y el acto atribuido al Gobernador del Estado de México, por los motivos expuestos en la parte final del considerativo quinto de la presente determinación. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Juan Fernández Hilario, contra la aplicación del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia." Consecuentemente, una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para su cabal cumplimiento, en los siguientes términos: "1. No apliquen en la esfera jurídica del quejoso, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo; esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo; y, 2. Devuelvan en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que el quejoso adujo tener conocimiento del descuento (veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno), así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la presente sentencia protectora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.18/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 1 y registro digital 183828, que dispone: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.139/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 47, octubre de 2017, tomo II, página 94 y registro digital 2015378, del texto siguiente: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo. Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Sustenta lo expuesto en el párrafo precedente, la tesis P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 135 y registro digital 200006, de título y contenido que a la letra se integra así: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." En veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió el comprobante de pago correspondiente a la primer quincena de febrero de dos mil veintidós, del que se advierte que se devolvió a la parte quejosa la diferencia que resultó de aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es el 1.375%, a partir de la fecha en que el quejoso adujo tener conocimiento del descuento, esto es, $1,654.42 (mil seiscientos cincuenta y cuatro 42/10 M.N.), identificado con la clave 2403. Luego, mediante promociones registradas con folios 4428 y 11949, la autoridad responsable remitió copia certificada de los comprobantes quincenales de pago y la nota sobre la operación aritmética que se utilizó para obtener la cantidad resultante de la devolución quincenal con la clave 2403 correspondiente al servicio médico a favor del quejoso. En ese contexto, conforme a lo establecido en los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador da pleno valor probatorio a las constancias remitidas por la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Fallo protector cumplido. En consecuencia y, no obstante que la parte quejosa no hizo manifestación alguna tocante a las constancias exhibidas por la autoridad responsable con las cuales manifestó cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, este juzgador, procede a resolver sobre el mismo con base en las constancias que obran en autos y se determina que en cuanto al acto de la autoridad obligada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el fallo protector ha quedado cumplido, sin que se advierta que la responsable incurrió en defecto o exceso en el acatamiento del mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Archivo y anotaciones en el libro de gobierno. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción o depuración del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión son depurables, al haberse concedido el amparo y protección, y al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del Acuerdo General citado. Devolución de documentos. En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de la secretaria Tania Ramos Loera. Doy fe.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Representante Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo de veintiuno de enero de dos mil veintidós, remitiendo para tal efecto diversas constancias con las que acredita su dicho; en consecuencia, con el contenido del referido informe y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado de amparo resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Representante Legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto diversas constancias para acreditar su dicho, por lo anterior, este juzgado federal toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos mediante el cual se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, causo ejecutoria el presente asunto para los efectos siguientes; "1. No apliquen en la esfera jurídica del quejoso, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo; esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo; y, 2. Devuelvan en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que el quejoso adujo tener conocimiento del descuento (veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno), así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la presente sentencia protectora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.18/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 1 y registro digital 183828, que dispone: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.139/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 47, octubre de 2017, tomo II, página 94 y registro digital 2015378, del texto siguiente: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2021 que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo." Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene ningún efecto para las autoridades que participaron en la formación de la norma de observancia general, esto es, no alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. Sustenta lo expuesto en el párrafo precedente, la tesis P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 135 y registro digital 200006, de título y contenido que a la letra se integra así: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." En veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remitió el comprobante de pago correspondiente a la primer quincena de febrero de dos mil veintidós, del que se advierte que se devolvió a la parte quejosa la diferencia que resultó de aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es el 1.375%, a partir de la fecha en que el quejoso adujo tener conocimiento del descuento, esto es, $1,654.42 (mil seiscientos cincuenta y cuatro 42/10 M.N.), identificado con la clave 2403. Sin embargo, respecto al descuento subsecuente que debía hacerse del 4.625%, en la Nómina de Pensionados y Pensionistas del Instituto, la responsable no acató la ejecutoria en sus términos, pues del propio comprobante de pago que exhibe la autoridad responsable se advierte que sigue aplicándose la cuota del 6%, identificable con la clave 5540, tal y como se aprecia del recibo de pago siguiente: Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2021 Amparo indirecto 835/2021 ??????????????? En consecuencia, requiérase al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación de total cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida el pasado veintiuno de enero de dos mil veintidós, apercibida que de ser omisa al requerimiento estipulado sigue subsistente el apercibimiento con que fue conminado. Notifíquese.
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