Juan Enrique Hernández Avalos

Expediente 81/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
81/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Juan Enrique Hernández Avalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo para recurrir el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, sin que se hubiese interpuesto recurso alguno. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA. 3. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Administrativo "A" de este órgano jurisdiccional, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 4. Archivo del expediente. Por lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. 5. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción I), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. 6. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. 7. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. 8. Calificación del original del incidente de suspensión. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en lo establecido en el artículo 20, fracción III) del Acuerdo General antes aludido, toda vez que se negó la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión; en consecuencia, para efectos de su destrucción, se determina que el incidente de suspensión debe glosarse al presente juicio. En consecuencia, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado, se ordena destruir el expediente judicial y el incidente de suspensión en los términos ahí precisados. 9. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese de la siguiente manera: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, por medio del cual rinde informe justificado. Asimismo, remiten diversas constancias certificadas que integran el expediente 002462/2022; documentales que este juzgado federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, de dichas constancias, así como del informe de cuenta, se advierte el proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en el presente asunto procede analizar si en el caso se actualiza alguna de las hipótesis que hacen improcedente el juicio de garantías, por ser su estudio preferente y de orden público, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, quien aquí juzga, considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Lo anterior es así, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo el quejoso ********** debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo en contra del acto reclamado, de acuerdo con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, en virtud de que en el caso, se señala como acto reclamado, el siguiente: ? La multa que le fue impuesta en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por la cantidad de $********** (********** moneda nacional), con motivo del incumplimiento a las formalidades establecidas en la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el procedimiento de origen. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el acto reclamado por la parte quejosa procede el recurso de revocación, el cual dispone: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Lo anterior, hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Ello es así, ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal indicado, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos. Con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Máxime que, en la especie no se advierte que se configure alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, dado que: a) El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, ni un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento de origen, pues la multa que reclama en esta instancia, le fue impuesta en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con motivo del incumplimiento a las formalidades establecidas en la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. d) No se trata del auto de vinculación a proceso. e) La procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeta a interpretación adicional, ya que tiene su fundamento legal precisamente en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; por lo que en la especie, al tratarse el auto impugnado de una resolución de mero trámite, es inconcuso que procede dicho medio de impugnación. En consecuencia, el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, mediante el cual impuso al quejoso **********, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, multa por la cantidad de $********** (********** moneda nacional), con motivo del incumplimiento a las formalidades establecidas en la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el procedimiento de origen, es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación ante el propio Juzgado de Control responsable; entonces, el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dicho acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través de esa instancia. Es aplicable la tesis I.4o.P.3 P (11a.), con registro digital 2024398, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2854, Undécima Época, de texto y rubro siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. NO ESTÁN OBLIGADOS A AGOTARLO QUIENES NO TIENEN LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la determinación de la Jueza de Control de hacer efectivo en su contra el apercibimiento de la medida de apremio consistente en multa, toda vez que, en su carácter de subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, incumplió con el requerimiento judicial de trasladar al imputado en la hora indicada a la audiencia intermedia. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que debió agotarse el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, e interponer contra aquella decisión el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que sólo los sujetos del procedimiento que tienen la calidad de parte procesal en términos del artículo 105, fracciones I (víctima u ofendido), II (asesor jurídico), III (imputado), IV (defensor) y V (Ministerio Público), del Código Nacional de Procedimientos Penales, están legitimados para interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del mismo código. No lo están, en cambio, quienes carecen de tal calidad, aun cuando intervengan en el proceso penal por cualquier razón. Por tanto, las decisiones del órgano jurisdiccional que estos últimos consideren les causan agravio no están sujetas al principio de definitividad al ser impugnadas en amparo indirecto; de ahí que no están obligados a agotarlo previamente a instar la acción constitucional. Justificación: El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales está previsto para quienes son parte en el procedimiento penal acusatorio, pues procede contra actos dentro o fuera de audiencia; en el primer caso debe interponerse en ese momento y, en el segundo, se tienen dos días para ello. Tratándose de las partes se asume que, o bien están asistidas por un profesional en derecho (defensa o asesor) o son un órgano técnico que, por su propia naturaleza, puede realizar su defensa. En ambos supuestos están en posición de controvertir en la propia audiencia los acuerdos de trámite. En cambio, cualquier otro interviniente no está en esa situación, razón por la cual estaría en clara desventaja cuando el acuerdo de trámite se dicte en audiencia; además, el plazo perentorio de dos días para recurrir respecto de autos dictados fuera de ésta es demasiado corto para quienes, como tales sujetos (o incluso auxiliares) pudieran recibir una asesoría jurídica suficiente para defenderse; por tanto, no se les puede atribuir la carga de agotar ese medio de impugnación previamente a promover el juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, si la promovente se abstuvo de agotar el citado recurso antes de acudir ante este órgano jurisdiccional y, por ende, no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al omitir agotar el recurso idóneo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia Tesis 1a./J. 85/2019 (10a.), con registro digital 2021251, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283, Materia penal, Décima Época, de texto y rubro siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." A sí como la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Finalmente, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, Volumen 12, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 37, con número de registro 257209, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se desecha de plano la demanda de amparo. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Por lo anteriormente manifestado, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con cinco minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Comuníquese la presente determinación a las partes. Notifíquese.

  3. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese únicamente para que obre como corresponda el informe previo que rinde el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México. Lo anterior, toda vez que el diez de mayo del año en curso, se dictó la resolución interlocutoria y, sobre dicho informe, se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 125, 128, 142, 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa contra los actos que reclamó del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta incidencia. Notifíquese.

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