Juan Enrique Lizama Medrano

Expediente 2160/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2160/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Enrique Lizama Medrano
  • Roselyn Lizama Rentas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 9369, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Juan Enrique Lizama Medrano y Roselyn Lizama Rentas, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, formándose por tal motivo el toca 559/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SECCIÓN AMPAROS EXP. 2160/2022 -III -A OFICIO. III.57001/2022. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. P R E S E N T E. Constante de (183) ciento ochenta y tres fojas útiles y de conformidad con lo acordado en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por********************y ********************; me permito remitirle el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por los quejosos, contra la sentencia dictada en este juicio, junto con el escrito de expresión de agravios respectivo, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad al artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. MÉRIDA, YUCATÁN A DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. A T E N T A M E N T E. (FIRMA ELECTRÓNICA) KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN

  3. Principal

    Mérida, Yucatán a siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por los quejosos ********************y********************, con el cual interponen recurso de revisión en contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, y en el mismo formulan sus agravios; por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; entréguese copia del escrito de revisión a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, procurándose su traslado por medios electrónicos oficiales, con confirmación de recepción, y al tercero interesado ********************. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del mismo con el que expresan sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Lo anterior, máxime que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente únicamente consta en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese y de manera personal al tercero interesado ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-2160/2022, promovido por JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, La Jueza, declara abierta la audiencia. Seguidamente, la Secretaria da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 25106, correspondiente al escrito del quejoso Juan Enrique Lizama Medrano, por medio del cual realiza alegaciones. Ahora bien, la Secretaria hace relación de la demanda de amparo; el auto admisorio de seis de septiembre de dos mil veintidós; los informes justificados rendidos por el Juez Tercero Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y del Actuario a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Acto seguido, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que adjuntó la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen 423/2021; así como las documentales ofrecidas por el tercero interesado Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, en su escrito glosado por auto de diecisiete de octubre del año en curso, y la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Acto continuo, en el período de alegatos, se da cuenta con el escrito del quejoso Juan Enrique Lizama Medrano, por medio del cual realiza alegaciones; asimismo, se hace relación del escrito glosado el diecisiete de octubre de esta anualidad, del tercero interesado Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, por medio del cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; de igual modo, se hace relación del alegato ministerial 352/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con el que formula diversas alegaciones. En atención a lo anterior, la Jueza acuerda: Agréguese a estos autos, el escrito de alegatos del quejoso Juan Enrique Lizama Medrano, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones del quejoso, tercero interesado y de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita, las cuales se tomarán en consideración al momento de emitirse la sentencia respectiva. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar se declara visto el expediente para dictar la sentencia siguiente. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2160/2022-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamaron de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, y que hicieron consistir medularmente, en el emplazamiento que les fue practicado en el juicio ejecutivo mercantil 423/2021, promovido en su contra, por Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, así como todo lo actuado con posterioridad a éste. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda y se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 2160/2022-III; se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se realizó el emplazamiento de la parte tercero interesada y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra un acto de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La precisión del acto reclamado, debe realizarse de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Para ello, debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 423/2021, promovido en su contra, así como todo lo actuado con posterioridad a éste. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades señaladas como responsables Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, precisaron que son ciertos los actos que se les atribuye. Lo que además se corrobora de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 423/2021, remitidas por la Juez de origen, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el tercero interesado aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, fue emplazada en el domicilio donde habita, dado que en el acta y cédula de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que se entregó a Guadalupe Novelo, ésta dijo ser empleada doméstica de los ahora quejosos, y que en ese predio vivían, habitaban y tenían su domicilio. Al respecto, debe decirse que dicha causal de improcedencia se desestima, en virtud de que atañe a cuestiones de fondo, que serán abordadas al momento de analizar la legalidad del emplazamiento reclamado, por parte de los quejosos. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Sin que haya alguna otra causal de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los peticionarios de amparo expresaron los conceptos de violación que se encuentran dentro del capítulo respectivo de su demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible a página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa son infundados, por las razones siguientes. En el caso concreto, la parte inconforme aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que argumenta que nunca se le notificó en forma legal tal juicio ejecutivo mercantil. Que si bien en autos del juicio de donde emana el acto reclamado, se encuentra o debe existir u obra la diligencia con la cual se les pretendió notificar, la misma es ilegal, ya que nunca tuvieron conocimiento del juicio intentado en su contra, ya que ni tuvieron la oportunidad de ser oídos ni vencidos en el procedimiento, ni de contestar la demanda o comparecer ante autoridad que llevó el procedimiento. Que la autoridad responsable viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual refiere que para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que debe ser notificada vive en la casa designada, y después de ello, practicará la diligencia de todo lo cual, asentará razón en autos; y que en caso de no poder cerciorarse, el notificador de que vive en la casa designada la persona que deba ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al Tribunal sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313. Continúan diciendo los quejosos que la ley establece ciertos requisitos a toda autoridad al realizarse la diligencia más importante de todo procedimiento, el emplazamiento, ya que ésta es precisamente una formalidad esencial de todo procedimiento, sin embargo, en la especie no se acreditaron los lineamientos señalados por la autoridad, pues de lo contrario hubiesen interpuesto los medios de defensa que la Ley les otorga para defenderse de una demanda como la que nos ocupa. Que todo acto de molestia o todo acto de autoridad en un procedimiento seguido ante los tribunales se deben de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, siendo entre los más importantes según nuestra legislación el emplazamiento, mismo requisito que la autoridad responsable omitió por completo cuidar. Ahora bien, para una mejor comprensión, se estima conveniente realizar la reseña de los datos indispensables del expediente 423/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil anteriormente citado, cuyas copias fotostáticas certificadas fueron remitidas por la Juez responsable como justificación a su informe, y de las que se advierte: a) Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de los aquí quejosos JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS, señalando como domicilio para que los demandados fueran requeridos de pago, el predio marcado con el número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. b) Mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, en los términos propuestos, en contra de los aquí quejosos, por lo que se ordenó al Actuaria adscrita al Juzgado responsable, que procediera a notificarles dicho auto, les requiriera de pago y, en caso de no hacerlo, les embargara bienes suficientes para cubrir las prestaciones reclamadas, así como las costas, apercibiéndolos que de no señalar bienes para embargar, el derecho pasaría a favor de la parte actora; asimismo, se le concedió un término de ocho días para que hiciera pago de las cantidades reclamadas, o bien contestara la demanda, oponiendo sus defensas y excepciones. c) Citatorio de siete de diciembre de dos mil veintidós, a las nueve horas con diez minutos, en el cual se hace constar que el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio marcado con el número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad, y previo cercioramiento de éste, entendió la diligencia con una persona de sexo femenino de nombre Guadalupe Novelo, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese era el domicilio correcto del demandado Juan Enrique Lizama Medrano, y que era empelada doméstica, quien no se identificó pero el Actuario procedió a describirla y le informó que el demandado no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que el Fedatario, le dejó el citatorio a fin de que el demandado aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con diez minutos. d) Citatorio de siete de diciembre de dos mil veintidós, a las nueve horas con veinte minutos, en el cual se hace constar que el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, se apersonó en el domicilio ubicado en el predio marcado con el número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad, y previo cercioramiento de éste, entendió la diligencia con una persona de sexo femenino de nombre Guadalupe Novelo, que se encontraba en el interior del inmueble, y le manifestó que ese era el domicilio correcto de la demandada Roselyn Lizama Rentas, y que era su empelada doméstica, quien no se identificó pero el Actuario procedió a describirla y le informó que la demandada no se encontraba presente ya que había salido a trabajar, motivo por el que el Fedatario, le dejó el citatorio a fin de que el demandado aguardara a dicho funcionario en ese mismo domicilio, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veinte minutos. e) Constancia de notificación levantada por el Actuario aludido, a las nueve horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós de la que se advierte que realizó el emplazamiento del aquí quejoso Juan Enrique Lizama Medrano, por medio de cédula, en virtud de que el demandado (hoy quejoso) no lo esperó; diligencia que fue entendida con quien dijo ser su empleada doméstica y llamarse Guadalupe Novelo. f) Constancia de notificación levantada por el Actuario aludido, a las nueve horas con veinte minutos del ocho de diciembre de dos mil veintidós de la que se advierte que realizó el emplazamiento de la demandada Roselyn Lizama Rentas, por medio de cédula, en virtud de que la hoy quejosa no lo esperó; diligencia que fue entendida con quien dijo ser su empleada doméstica y llamarse Guadalupe Novelo. g) Mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, tuvo por presentada a la referida Guadalupe Novelo, devolviendo las cédulas de notificación que le fueron entregadas con motivo del emplazamiento de los demandados, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se dio vista a la parte actora de lo anterior. h) Así, mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora haciendo las manifestaciones en relación a la vista que se le dio, en acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. i) Seguido el cauce legal del juicio, sin que los demandados, aquí quejosos, comparecieran, el trece de junio de dos mil veintidós se dictó sentencia condenatoria en su contra, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. f) El ocho de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a la parte demandada con la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. Sentado lo anterior, se reitera, los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, devienen infundados, por las consideraciones siguientes. Este órgano de control constitucional advierte que el emplazamiento reclamado, cumplió con las reglas establecidas por los artículos 1,068, 1,392, 1,393 y 1,394 del Código de Comercio, que a la letra señalan: "Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento. A tal efecto, el juez deberá hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura que corresponda la infracción, a efecto de que este substancie el procedimiento disciplinario respectivo. Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados; IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal; V. Por correo certificado, y VI. Por telégrafo certificado." "Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Artículo 1393.- No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." El contenido de los preceptos antes mencionados, precisan la forma en que ha de realizarse la diligencia de exequendo, es decir, los lineamientos que se deben de seguir para el emplazamiento de la parte demandada. De un análisis sistemático de los preceptos legales trascritos con anterioridad, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas en los autos de exequendo por los notificadores; de entre ellos, se citan los siguientes: Se harán al interesado o a su representante o procurador; Deberá practicarse en la casa designada; Deberá entregarse instructivo o cédula en el cual se hará constar la fecha y hora; el nombre del promovente; el Juez que manda practicar la diligencia y la determinación que se manda notificar. En el caso del auto de exquendo, se proveerá auto con efectos de mandamiento judicial en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo responsabilidad del creedor. Si se trata de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encuentra a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de las siguientes seis a setenta y dos horas posteriores y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. Ahora bien, de las constancias relativas al emplazamiento de los aquí quejosos, esta Juzgadora Federal estima que no existe transgresión alguna en perjuicio de los peticionarios de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que invoca, en virtud que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio y, por tanto, cubre las formalidades esenciales del procedimiento que exige dicho artículo constitucional. Lo anterior es así, si se toma en consideración que de las razones de los citatorios y del emplazamiento practicado a los aquí quejosos, se advierte que previo a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, el Actuario adscrito a la Central de Actuaría, de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con diez minutos y nueve horas con veinte minutos respectivamente, se constituyó en unión de la parte actora Diego Jesús Tamayo Gutiérrez en el predio número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad, el cual incluso describió, como predio de una planta, color beige, cochera, rejas de color blanco, un árbol de flor de mayo en la acera del domicilio, el cual se encuentra en la esquina, mismo domicilio señalado como el de los demandados JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS; y previamente cerciorado de encontrarse en el mismo, por la nomenclatura puesta por el Municipio de esta ciudad, en la esquina de cuadra que le indicaba la calle y fraccionamiento, así como por el dicho de los vecinos de los predios del costado derecho e izquierdo, quienes le señalaron donde habita y viven los demandados Lizama Medrano y Lizama Rentas, además por el dicho de una persona del sexo femenino que se encontraba en el interior del mismo, quien dijo llamarse Guadalupe Novelo, quien no se identificó pero el fedatario procedió a describirla, como de tez morena, complexión mediana, de cabello negro, ondulado y largo, de aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura, y entre cuarenta y cinco y cincuenta años de edad, quien le informó a este, que los referidos demandados no se encontraban pero que ahí vivían y habitaban, que lo sabía porque era empleada doméstica de las personas demandadas; en tal virtud, al no encontrarse su representante, mandatario, o procurador, les dejó citatorio con su informante, para que aguardaran en ese mismo predio el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con diez minutos y nueve horas con veinte minutos respectivamente, mismos citatorios que le entregó a su informante, quien los recibió y le hizo saber la obligación que tenía de hacérselo llegar oportunamente a sus destinatarios, y no firmó por no querer hacerlo, haciéndolo únicamente dicho fedatario y la parte actora, para debida constancia. Posteriormente, el actuario responsable, se constituyó nuevamente el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con diez minutos y nueve horas con veinte minutos, respectivamente, en unión de la parte actora Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, en el predio número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad, el cual incluso describió, como de una planta, color beige, cochera, rejas de color blanco, un árbol de flor de mayo en la acera del domicilio, el cual se encuentra en la esquina, mismo domicilio señalado como el de los demandados JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS, y previamente cerciorado de encontrarse en el mismo, por la nomenclatura puesta por el Municipio de esta ciudad, en la esquina de cuadra que le indicaba la calle y fraccionamiento, así como por el dicho de los vecinos de los predios del costado derecho e izquierdo, quienes le señalaron donde habita y viven los demandados Lizama Medrano y Lizama Rentas, además por el dicho de una persona del sexo femenino que se encontraba en el interior del mismo, y quien dijo llamarse Guadalupe Novelo, quien no se identificó pero el fedatario procedió a describirla como de tez morena, complexión mediana, de cabello negro, ondulado y largo, de aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura, y entre cuarenta y cinco y cincuenta años de edad, y quien le informó a dicho fedatario que la parte demandada no se encontraba pero que ahí vivía y habitaba, que lo sabía porque era empleada doméstica de las personas demandadas, no obstante el citatorio previo que les dejó, por lo que el fedatario se identificó con su gafete, y le hizo saber el motivo de su presencia. Seguidamente, procedió a notificarle los autos de fecha cinco de julio y treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, y le requirió para que a nombre de las personas demandadas pagara en el acto al actor lo siguiente: a) La cantidad de $220, 000.00 (Doscientos veinte mil pesos, moneda nacional); b) los intereses moratorios pactados; c) el pago de gastos y costas del presente juicio, regulados que sean conforme a derecho, o en su defecto señalara bienes de la propiedad de los citados demandados para embargar, que sean suficientes a cubrir las citadas prestaciones más las costas y gastos del procedimiento, con el apercibimiento de que en el caso de no hacerlo, el derecho pasaría a favor de la parte actora, que a la persona con quien se entendió la diligencia se le puso a la vista el documento base de la acción, y dijo que no pagaba y tampoco señala bienes para embargar. Por lo que, la parte actora en la diligencia de emplazamiento del quejoso JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO, se reservó el derecho de embarga y en la diversa diligencia de la promovente ROSELYN LIZAMA RENTAS, señaló como bien para embargar el predio marcado con el número setecientos uno, de la calle trece, letra H, del fraccionamiento Gran Santa Fe II, localidad Caucel, inscrito a folio electrónico 1061419, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, así como el tablaje catastral con número once mil ochocientos sesenta y ocho, de la localidad y Municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico 117364, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán; acto seguido el Fedatario del Juzgado en funciones de Ministro Ejecutor declaró trabado formal embargo sobre dichos bienes inmuebles, y tuvo por hecho el nombramiento de depositario, que la parte actora hizo bajo la responsabilidad de Juan Enrique Lizama Medrano, y Roselyn Lizama Rentas. Que una vez hecho lo anterior, le hizo saber a la persona requerida que la parte demandada tenía un término de ocho días, para que compareciera al juzgado que conoce del juicio para que pagara lo reclamado o para oponerse a su ejecución si para ello contaba con excepciones, entregándole dos copias simples de la demanda exhibida, debidamente cotejadas y selladas de su original, junto con la copia del pagaré base de la acción, dos copias simples de cédula de identificación fiscal, dos copias simples de la credencial de elector con fotografía, dos copias simples de la Clave única de Registro de Población, la cédula de notificación del citado auto admisorio, así como de la diligencia de mérito, que incluso le hizo saber la obligación de hacerla llegar oportunamente a su destinario; con lo que concluyó la diligencia de la que levantó acta respectiva, sin firmar la persona requerida por no querer hacerlo, firmando únicamente el Actuario y la parte actora, para debida constancia En las relatadas circunstancias, es evidente que los emplazamientos practicados por el Actuario, a los aquí quejosos, fueron realizados en forma legal y, por tanto, se dio cumplimiento a los requisitos que para tal efecto exigen los artículos 1,068, 1,392, 1,393, 1,394, del Código de Comercio; de donde se crea la convicción y certeza de que ciertamente se les dio a conocer el procedimiento instaurado en su contra en el juicio ejecutivo mercantil 423/2021, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, a efecto de que hicieran valer las defensas que estimaran pertinentes, con lo cual se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se ha demostrado, el Actuario que realizó las diligencias de emplazamiento, cumplió con los requisitos establecidos en los precitados artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, relacionados con el emplazamiento; de ahí que se concluya que no existió violación a la garantía de audiencia y a las formalidades del procedimiento. Así, contrario a lo expuesto por los citados quejosos, previo a llevar a cabo el emplazamiento el Actuario sí se cercioró de que los impetrantes de amparo, tuvieran su domicilio en el lugar donde se realizó dicha diligencia, ya que en sendas actuaciones asentó que previamente cerciorado de encontrarse en el predio señalado como el de los demandados, ubicado en el número trescientos noventa y nueve, de la calle once, letra "A", por cincuenta y cuatro, del fraccionamiento Residencial Pensiones, de esta ciudad, y por la nomenclatura puesta por el Municipio de esta ciudad, en la esquina de las cuadra que le indicaba la calle y fraccionamiento, así como por el dicho de los vecinos de los predios del costado derecho e izquierdo, quienes le señalaron donde habitan y viven los demandados Lizama Medrano y Lizama Rentas, además por el dicho de una persona del sexo femenino que se encontraba en el interior del mismo, y quien dijo llamarse Guadalupe Novelo, quien no se identificó pero el fedatario procedió a describirla como de tez morena, complexión mediana, de cabello negro, ondulado y largo, de aproximadamente un metro con cincuenta centímetros de estatura, y entre cuarenta y cinco y cincuenta años de edad, y quien le informó a dicho fedatario que la parte demandada no se encontraba pero que ahí vivía y habitaba, que lo sabía porque era empleada doméstica de las personas demandadas. En ese sentido, debe decirse que, dicho motivo de inconformidad resulta infundado, cuenta habida que el Fedatario si cumplió con el requisito del cercioramiento a que hace referencia el artículo 1393 del Código de Comercio. Aunado a que no la parte quejosa aportó prueba alguna al presente sumario, a fin de desvirtuar lo asentado por el Actuario Judicial responsable, en las diligencias de emplazamiento, llevadas a cabo el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con diez minutos y nueve horas con veinte minutos, de ahí que, se concluya que se practicó con apego a derecho y, por ende, no es violatoria de derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 2555, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL NOTIFICADOR PUEDE CERCIORARSE POR CUALQUIER MEDIO CUANDO SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 1393 del Código de Comercio dispone las formalidades a observar para realizar la diligencia de embargo (actuación que en la práctica judicial se lleva dentro de una diligencia trifásica que comprende, en primer término, el requerimiento de pago, luego el embargo y, finalmente, el emplazamiento); pero, nada dice sobre la forma en que el actuario debe cerciorarse cuando se encuentre en el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que el notificador puede cerciorarse por "cualquier medio" que la persona a emplazar vive en la casa designada para ello y, en caso de no poder verificar ese dato, se abstendrá de practicar la notificación. Así las cosas y toda vez que el correcto cercioramiento del domicilio en que debe realizarse el emplazamiento del demandado constituye una garantía de respeto al derecho de audiencia tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llenar el vacío legislativo de la codificación mercantil en cuanto al modo en que debe realizarse el cercioramiento, debe aplicarse la disposición supletoria que sí contiene regulación en ese aspecto. Por tanto, al emplazar a juicio al demandado en un juicio ejecutivo mercantil, el notificador puede cerciorase por "cualquier medio" cuando se encuentre en el domicilio de éste." Por consiguiente, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, sin que se advierta algún motivo que induzca a suplir la deficiencia de la queja en su beneficio, lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados por el Actuario responsable, y todo lo actuado con posterioridad al emplazamiento, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del emplazamiento que reclamaron los quejosos, que tras el análisis efectuado con antelación, resultaron infundados sus conceptos de violación. SEXTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JUAN ENRIQUE LIZAMA MEDRANO Y ROSELYN LIZAMA RENTAS, por su propio derecho, contra los actos que reclamaron de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, y que hicieron consistir medularmente, en el emplazamiento que les fue practicado en el juicio ejecutivo mercantil 423/2021, promovido en su contra, por Diego Jesús Tamayo Gutiérrez, así como todo lo actuado con posterioridad a éste; por los motivos expresados en el quinto subsecuente. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

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