Juan Enrique Garcia Beltran
Expediente 2596/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Enrique Garcia Beltran
Actuaciones
- Principal
MESA III. Agréguese a los presentes autos el oficio de seis de enero de dos mil veintitrés, signado por el Jefe de disciplina, adscrito al área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en CFE Distribución, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, con el cual pretende cumplir con el requerimiento de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, a fin de que exhibiera dos copias más del recurso de revisión que interpuso en contra la sentencia dictada en este asunto, con dos anexos. Ahora bien, de la revisión del contenido de dicho oficio se advierte que la responsable manifiesta que el recurso de revisión instado fue depositado en original junto con sus copias, en el servicio postal mexicano con número de guía MC44895943MX, el cual aún se encuentra en tránsito, pendiente de entrega; en consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto este Juzgado reciba la revisión en original donde conste la fecha de depósito del mismo ante el servicio postal mexicano. Finalmente, se reserva realizar a la responsable TITULAR DEL AREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES EN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, con sede en la Ciudad de México, los requerimientos respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con siete minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 2596/2022, promovido por Juan Enrique García Beltrán, por conducto de su apoderado Andrés José Azcorra Cabrera, contra un acto de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la Junta responsable y por la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofertadas las probanzas de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; cerrándose por ende la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra este período. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 2596/2022; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Demanda de amparo. Juan Enrique García Beltrán, por conducto de su apoderado Andrés José Azcorra Cabrera, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir, medularmente, en la omisión de dictar el laudo relativo al controvertido 940/2017. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión de dictar el laudo relativo al controvertido 940/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado y actualización de una causal de improcedencia. Es cierto el acto reclamado que se atribuye a la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, cuenta habida que así lo admitió al rendir su informes de ley. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclamó de la Junta responsable, la omisión de dictar el laudo relativo al controvertido 940/2017. Ahora, de las constancias que remitió la Junta responsable, se advierte que el siete de noviembre de dos mil veintidós, esto es, el propio día de la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, se elevó a la categoría de laudo la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 940/2017. Siendo que, al no haber sido notificada a las partes, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, debe considerarse que dicho laudo fue emitido con posterioridad a la misma. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que la Junta responsable ya ha dictado el laudo que recayó al controvertido de origen. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido emplazado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; cuenta habida que, con el sentido de la misma, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Enrique García Beltrán, por conducto de su apoderado Andrés José Azcorra Cabrera, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la Directora General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no ha cumplido con el requerimiento que le fue realizado en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a efecto de designar a un asesor jurídico para que asista y represente a la tercera interesada ******************** en el presente juicio de amparo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la aludida directora para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, designe a un asesor jurídico, para que asista y represente a la citada tercera interesada, en este juicio de amparo. Apercibida, que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, se libró el despacho 136/2022, de la estadística de este Juzgado, al Juez Segundo Mixto del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán, a fin de que en auxilio de las labores de ese Juzgado, se sirviera emplazar a juicio a la tercera interesada Martha Gabriela Tec Martínez. Sin embargo, toda vez que hasta la presente fecha no ha sido devuelto el despacho de mérito; a fin de evitar dilaciones en el presente procedimiento, requiérase al citado Juez, para que dentro del término de tres días siguientes a que quede debidamente notificado del presente acuerdo, informe el estado procesal en que se encuentra la comunicación oficial en cuestión o bien se sirva a devolver la misma. Apercibida dicha autoridad que de no cumplir con lo requerido en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días de medidas de actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la misma legislación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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