Juan Emilio Arguelles Carlón
Expediente 922/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Juan Emilio Arguelles Carlón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Devolución de tomo de pruebas. Visto lo anterior, es innecesario conservar el tomo de pruebas, remitido por el presidente responsable, respecto al juicio de origen; en esa virtud, se ordena devolver a su lugar de origen. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexa. Legajo de prueba. Debido a la voluminosidad de las documentales, se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como Tomo I. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del informe recibido, así como de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la omisión de señalar fecha dentro de los plazos de ley, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los autos del juicio laboral 5175/12 de su índice, promovido por la parte quejosa. Acotado lo anterior, de la constancia que acompaña la autoridad responsable se advierte en lo que interesa, que remite copia certificada del acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral citado, a través del cual se procedió a señalar fecha próxima para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, las diez horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó a la parte promovente en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. No se soslaya que la fecha que señaló la responsable no se ajusta a los plazos establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, hacer un requerimiento en ese sentido, resultaría más perjudicial que benéfico para la parte quejosa, toda vez que sería una labor compleja emplazar a las demandadas, por lo menos con diez días de anticipación de la audiencia bifásica, lo que desemboca en su inminente diferimiento y, por ende, un trámite retardatorio, toda vez que los tribunales obreros cuentan con una carga excesiva de trabajo para realizar diligencias y demás actos judiciales. No obstante, se hace del conocimiento de la junta laboral que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que la corrección respecto de la audiencia de ley, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio en este tema, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada (justicia pronta y expedita), lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere en la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, a través del cual solicita que se difiera la audiencia constitucional, ya que no cuenta con las constancias del juicio de origen; dígasele que se esté a lo acordado en proveído de once de febrero pasado. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de febrero de dos mil veintiuno. (...) Se requiere constancias. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que integran el expediente de origen 5175/2012 de su índice. (...) Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia constitucional y se señala para su celebración las diez horas con doce minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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