Juan de Dios Valenzuela Méndez

Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
846/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Juan de Dios Valenzuela Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el cuaderno principal del amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de estado. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que éste ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin que sea el caso de requerir a la parte quejosa por documentales originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obran en el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 26/AGOSTO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado y oficio rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, así como dos discos versátiles digitales, los cuales adquieren la naturaleza de documental pública lato sensu, ya que así lo reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que no se requiere de una audiencia especial para su desahogo, en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.). Sobreseimiento fuera de audiencia. Del contenido de las constancias remitidas por la responsable, se hace constar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo ?cambio de situación jurídica?. Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanan de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica acaecido en el mismo, deban considerarse que se consumaron irreparablemente las violaciones que se reclaman por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Asimismo, se indica que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto y la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso. Así, en el presente caso se actualiza la hipótesis de la causa de improcedencia que se invoca, toda vez que el quejoso reclamó la orden de comparecencia emitida dentro de la causa penal 1313/2018 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, que se le instruyó por su posible participación en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Ahora, de las constancias que remite el juez responsable, se advierte que, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno ?posterior a la presentación de la demanda?, se celebró audiencia en la que aprobó el acuerdo reparatorio -en el que el quejoso Juan de Dios Valenzuela Méndez aceptó una salida alterna-; por lo que se suspendió el procedimiento, y como consecuencia de ello, ordenó cancelar la orden de comparecencia girada en contra del aquí quejoso. En esa medida, es indiscutible que operó un cambio en la situación jurídica dentro del procedimiento oral que se le instruye al quejoso. De tal manera, que las violaciones que se hubieran cometido en su contra al emitir la orden de comparecencia por su posible participación en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares ?acto reclamado?, debe estimarse que se consumaron de un modo irreparable por no poder decidir sobre ella, sin afectar la nueva situación jurídica a que se alude. Ello, pues no corresponde analizar las violaciones que las responsables pudieran haber cometido en su contra, por que tratándose de violaciones a los preceptos 19 o 20 constitucionales, con el dictado del proveído de acuerdo reparatorio, sobreviene un cambio de situación jurídica del imputado, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Es aplicable al caso, la tesis 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que reza: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como por identidad jurídica la jurisprudencia número 1a./J. 34/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: Además, por las razones que lo informan, el criterio jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Alegato ministerial. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el alegato ministerial formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el informe justificado y oficio rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, así como dos discos versátiles digitales, los cuales adquieren la naturaleza de documental pública lato sensu, ya que así lo reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que no se requiere de una audiencia especial para su desahogo, en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.). Sobreseimiento fuera de audiencia. Del contenido de las constancias remitidas por la responsable, se hace constar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo ?cambio de situación jurídica?. Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanan de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica acaecido en el mismo, deban considerarse que se consumaron irreparablemente las violaciones que se reclaman por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Asimismo, se indica que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto y la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso. Así, en el presente caso se actualiza la hipótesis de la causa de improcedencia que se invoca, toda vez que el quejoso reclamó la orden de comparecencia emitida dentro de la causa penal 1313/2018 del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, que se le instruyó por su posible participación en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares. Ahora, de las constancias que remite el juez responsable, se advierte que, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno ?posterior a la presentación de la demanda?, se celebró audiencia en la que aprobó el acuerdo reparatorio -en el que el quejoso Juan de Dios Valenzuela Méndez aceptó una salida alterna-; por lo que se suspendió el procedimiento, y como consecuencia de ello, ordenó cancelar la orden de comparecencia girada en contra del aquí quejoso. En esa medida, es indiscutible que operó un cambio en la situación jurídica dentro del procedimiento oral que se le instruye al quejoso. De tal manera, que las violaciones que se hubieran cometido en su contra al emitir la orden de comparecencia por su posible participación en el delito de incumplimiento de obligaciones familiares ?acto reclamado?, debe estimarse que se consumaron de un modo irreparable por no poder decidir sobre ella, sin afectar la nueva situación jurídica a que se alude. Ello, pues no corresponde analizar las violaciones que las responsables pudieran haber cometido en su contra, por que tratándose de violaciones a los preceptos 19 o 20 constitucionales, con el dictado del proveído de acuerdo reparatorio, sobreviene un cambio de situación jurídica del imputado, lo cual obliga a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Es aplicable al caso, la tesis 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que reza: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como por identidad jurídica la jurisprudencia número 1a./J. 34/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: Además, por las razones que lo informan, el criterio jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Alegato ministerial. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el alegato ministerial formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en virtud de lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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