Juan Elias Guzman Escamilla
Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 618/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Elias Guzman Escamilla
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de doce de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos.
- Principal
Recepción de la demanda. Vista la demanda de cuenta presentada por xxxxxxxx, en contra de actos del juez de Oralidad Penal de la Región III, sede Salvatierra, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente físico y digital bajo el número 618/2020-III. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierten diversas causales de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda por lo siguiente: El quejoso reclama, a la letra: "la ilegal o inconstitucional orden de traslado de fecha 15 de octubre en contra del suscrito quejoso a diverso centro estatal de prevención y readaptación social en Pénjamo." De los antecedentes narrados se advierte: Que desde el mes de mayo de dos mil diecinueve se encuentra vinculado a dos procesos radicados en la ciudad de Salvatierra, por hechos que la ley señala como homicidio calificado; además, se encontraba recluido en el Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad de Celaya. En el primero "ya se encuentra señalada fecha para el debate de juicio, ante el Juez Presidente del Tribunal Unitario de Juicio Oral". En el segundo, se dictó "auto de apertura a juicio por el juez de control" El quince de octubre de dos mil veinte fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Pénjamo. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, los juzgadores emitieron sendos autos calificando de legal el traslado. Estos proveídos le fueron notificados el diecinueve siguiente. Ahora bien, el promovente enuncia como responsables al titular del Juzgado de Oralidad con residencia en Salvatierra, Guanajuato, así como al director del Centro Estatal de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad y al director general del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría Pública del estado de Guanajuato. Lo anterior impide tener claridad sobre si el mandato de traslado fue emitido por una autoridad administrativa o judicial; sin embargo, se estima innecesario formular una prevención, en la medida en que en cualquiera de los supuestos, se actualizan de forma notoria e indudable sendas causales de improcedencia y pretender aclarar, solamente generaría un retardo en la impartición de justicia en detrimento del promovente, tal como se explicó en este mismo proveído. De esta manera, se permite que, con prontitud, el inconforme haga valer lo que estime conveniente ante la autoridad ordinaria. Se explica: Resulta evidente que la orden de traslado fue emitida con anterioridad al quince de octubre de dos mil veinte o, al menos, ese mismo día. Bajo ese contexto, el suscrito estima que, de haberla emitido una autoridad jurisdiccional, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo relacionada con la extemporaneidad Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo en contra de actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de los que se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de ellos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. De ahí que, si el quejoso tuvo conocimiento del traslado, por lo menos el quince de octubre de dos mil veinte en que fue ejecutado, es a partir del día siguiente en que debe computarse el plazo de quince días, corriendo de la siguiente manera: 16, (17 y 18 inhábiles), 19, 20, 21, 22, 23 (24 y 25 inhábiles), 26, 27, 28, 29, 30 (31, 1 y 2 inhábiles), 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Luego, si acorde al matasellos que obra en el escrito, fue presentado hasta el 10 de noviembre, esto es, fuera del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces debe declararse extemporánea. Es cierto que, en el supuesto de que la orden de traslado hubiese sido dictada por autoridad administrativa, encuadraría en el supuesto de excepción del artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo (en cualquier tiempo, al ser ataques a la libertad personal fuera de procedimiento). No obstante, de la propia manifestación del quejoso se advierte que fue notificado de sendos proveídos emitidos el dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictados por las autoridades jurisdiccionales, en los que se calificó de legal la orden de traslado y su ejecución, lo que se traduce en una cesación de efectos de la orden de traslado primigenia, por haber sido sustituida por éstos que son los que rigen la situación jurídica actual del aquí quejoso. Lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo , en concordancia con las consideraciones que ahí se exponen, la tesis aislada I.9o.P.167 P (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." Ahora bien, si lo que en verdad pretende el peticionario es controvertir la calificación de legal por parte de los juzgadores, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relacionado con el principio de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a)El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora, en virtud de que el acto reclamado lo es la orden de traslado dictada y calificada de legal, respecto a tal procedimiento, en los artículos 52, penúltimo párrafo, 131 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está previsto como medio de defensa el recurso de apelación. Debe resaltarse que el artículo 132, fracción VII, enunciado, señala claramente que el recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien, entre otras cuestiones, sobre los traslados. En consecuencia, puede afirmarse que en contra del acuerdo emitido por la autoridad jurisdiccional, en el que califica de legal el traslado solicitado por la autoridad penitenciaria respecto de un interno, ya sea procesado o sentenciado, procede el recurso de apelación y, por tanto, antes de acudir a la instancia constitucional, el interesado se encuentra obligado a agotar ese medio de defensa ordinario, lo que en el caso no aconteció. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es inconcuso que éste resulta improcedente, pues la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Igual criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 197/2017. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Decima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, cuyo rubro y texto son: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En suma, al actualizarse de forma notoria e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, XVIII y XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113, se desecha de plano la demanda. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Toda vez que el promovente señaló para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Así también, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Jesús González Herrera y Óscar Vladimir Moreno Maldonado, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen inscrita su cédula profesional en el sistema de Registro Nacional de Profesionistas, que los acredita para ejercer la profesión de abogado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Juan Elian Canelo Ramírez1116/2019
- Juan Elías Guzmán Escamilla661/2019
- Juan Elias Guzmán Escamilla753/2019
- Juan Elias Guzman Escamilla510/2021
- Juan Elias Guzman Escamilla624/2021
- Juan Elias Guzman Escamilla1029/2019
- Juan Emmanuel Hernández Resendiz293/2021
- Juan Enrique Heredia González782/2023
- Juan Enrique López Silva845/2018
- Juan Espitia Alvarado471/2020
- Juan Eugenio Martínez Sandoval11/2016
- Juan Evaristo García Nache648/2016