Juan Elias Guzman Escamilla

Expediente 510/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
510/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Elias Guzman Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo signada por ********; en contra de actos del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, por violación a los artículos 1, 4, 14, 16, 19 y 20 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 510/2021-6. Desechamiento de demanda. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como actos reclamados: i) El proveído de veintiséis de julio de dos veintiuno, pronunciado en la causa penal ******** que se instruye al ahora quejoso, por el que se denegó la petición formulada por el abogado del agraviado, en el sentido autorizar el traslado del directo quejoso, del CEFERESO número 15 en el Estado de Chiapas, a un CERESO en el estado de Guanajuato, a fin de participar de manera física en el desahogo de la audiencia de juicio, programada para el día cinco de agosto de dos mil veintiuno por video conferencia en tiempo real. El anterior acto se reclama a la siguiente autoridad: 1. Titular del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra. Pues al respecto indicó: "La ilegal e inconstitucional resolución emitida en fecha 26 de Julio de 2021, emitida por la autoridad ordenadora responsable mediante la cual NO (AUTORIZA EL TRASLADO del suscrito quejoso a un CERESO del Estado de Guanajuato y la PRESENCIA FISICA DEL SUSCRITO QUEJOSO, en el desarrollo de la audiencia de debate de Juicio dentro de la causa penal ********, vulnerando; de forma evidente mis derechos subjetivos estipulados en los artículos 1, 14, 18 y 20 Constitucional apartado A fracción VI así como el artículo 9, 62, 105 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales". Fijado lo anterior, el suscrito juzgador considera que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En tal precepto legal se reconoce el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En esta tesitura, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de auto de veintiséis de julio de dos veintiuno, pronunciado en la causa penal ******** que se instruye al ahora quejoso, por el que el titular del Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado, sede Salvatierra, denegó la petición formulada por el abogado del agraviado, en el sentido autorizar el traslado del directo quejoso, del CEFERESO número 15 en el Estado de Chiapas, a un CERESO en el estado de Guanajuato, a fin de participar de manera física en el desahogo de la audiencia de juicio, programada para el día cinco de agosto de dos mil veintiuno por video conferencia en tiempo real. Bajo este panorama, el peticionario no está relevado de agotar el recurso ordinario pertinente e idóneo, lo que en el caso se traduce en la obligación de interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, numeral que dispone lo siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Del precepto legal transcrito se desprende que el recurso de revocación es uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Además, de dicho dispositivo legal se advierten dos requisitos en cuanto a su procedencia, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial y un segundo que refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. De lo anterior, se evidencia que el medio de impugnación idóneo para que el quejoso esté en aptitud de combatir el acto que ahora reclama es el recurso de revocación. Ello es así, pues el auto que ahora se combate cumple con los requisitos de procedencia antes señalados, se explica. Por lo que respecta al primer requisito, se cumple debido a que el proveído de veintiséis de julio de dos veintiuno, lo dictó el juez designada como Tribunal Unitario de Juicio Oral del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, dentro de la causa penal ******** (la cual se encuentra en la etapa de juicio oral), en donde reiteró la celebración de la audiencia de juicio por video conferencia en tiempo real, y denegó la petición de trasladar al directo quejoso de CEFERESO 15 ubicado en Chiapas, a un CERESO en el estado de Guanajuato, para que el agraviad pudiera presenciar de manera física la referida audiencia; de ahí que, el auto reclamado se emitió dentro de una etapa del procedimiento penal. Por lo que ve al segundo requisito, este se cumple en virtud de que se está en presencia de una resolución de mero trámite, pues en el auto de veintiséis de julio de dos veintiuno, el juez responsable negó la referida petición presentada por el abogado del quejoso y, sin mayor substanciación, estableció que no ha lugar a trasladar al agraviado del CEFERESO donde actualmente se encuentra a un CERESO del estado de Guanajuato, para lo cual ordenó la notificación de las partes. Por tanto, sí se cubren los requisitos de procedencia que establece el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, este juzgador federal considera que el auto reclamado en esta instancia constitucional debió impugnarse, previo a la promoción del juicio de amparo, a través del recurso de revocación, en el cual se demostrara, en su caso, su ilegalidad. Por tanto, es necesario que el quejoso impugne la legalidad del auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno a través del medio ordinario de defensa -revocación-, previo a la promoción del juicio de amparo; tanto más, que no se encuentra en los supuestos de excepción que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño a procedimiento, porque el quejoso es parte en la causa penal de origen. IV. Además, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal no es insuficiente para determinarlo, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 73, diciembre de 2019, tomo I, página 283, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por Juan Elías Guzmán Escamilla, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Respecto al domicilio para recibir notificaciones, como el promovente señaló los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta y las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que indica, en virtud de que no tiene cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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