Juan Eduardo Nieves Rubio

Expediente 940/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
940/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Juan Eduardo Nieves Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la parte tercera interesada Virginia Valentina Rubio García por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución de 29 de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo.

  3. Principal

    Juicio de Amparo 940-2020 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 940-2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace constar que el presente Expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da nueva cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en cita. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa formulando sus alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Juan Eduardo Nieves Rubio, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo Michoacán y de otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución. Segundo. Trámite. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, este juzgado admitió la demanda a trámite; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se reconoció el carácter de tercera interesada a Virginia Valentina Rubio García y, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue ejecutado dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P.-J 40-20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI-20042, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la 1 Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 2 Tesis: P. VI-2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Juan Eduardo Nieves Rubio, por su propio derecho reclamó: 1.Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo Michoacán: ? El proveído de once de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro de la orden de protección 990-2020, promovida por Virginia Valentina Rubio García en contra del quejoso. 2. Del Director de Seguridad Pública de la Población de Irimbo, Michoacán: ? El acoso intimidatorio, agresiones físicas y amenazas por parte de los elementos policiacos a su mando. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director de Seguridad Pública del Municipio de Irimbo, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable mencionada se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J-20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó, consistentes en copia certificada de la orden de protección 990-2020, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2. En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2263, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia número 2784, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo 3 Contenida en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000. 4 Consultable en la página 231, tomo VI, materia común, Quinta época, Apéndice 2000. VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010,5 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 5 Consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso argumenta esencialmente, que el Juez responsable al emitir la resolución reclamada, vulnera sus derechos contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, toda vez que decretó sin mayor trámite las medidas de seguridad y emergencia y preventivas, sin que previamente haya sido oído y vencido en juicio. Argumentos que devienen infundados. Se dice de este modo, toda vez que el hecho de que no se conceda en favor del quejoso, el derecho de audiencia, previo a las medidas de emergencia y de protección decretadas, no viola en su contra lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Es así, ya que a pesar de que el artículo 14 Constitucional establece como punto medular el derecho de audiencia previa a un acto privativo, no menos lo es que ello rige únicamente respecto de los actos privativos, los cuales, en sí mismos persiguen la privación, tienen existencia independiente y sus efectos son definitivos, no provisionales. Particularidades de las que no goza el presente caso, que tiene origen en medidas de seguridad de emergencia y preventivas, en la que se prohibió a Juan Eduardo Nieves Rubio, que de forma directa o por medio de terceras personas intimide o moleste en su entorno a Virginia Valentina Rubio García, ni se le acerque en un radio menor de doscientos metros en su domicilio o en el de sus familiares y en general en cualquier otro lugar a donde acuda; restricción que abarca la prohibición de llamadas y mensajes a su número celular. De igual forma la preventiva, consistente en que se le monte una guardia permanente en el domicilio de la víctima, pudiendo ingresar a los domicilios en caso de auxilio, y le monte guardia hasta que la víctima deje de estar expuesta al riesgo. Lo anterior, dado que las medidas de emergencia y preventivas decretadas son precautorias, cautelares y de urgente aplicación, en razón a que se otorgan inmediatamente de que se hace del conocimiento de los hechos que las generan y se mantienen vigentes hasta que la víctima de violencia deje estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima, de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, que establecen: "ARTÍCULO 60. Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y podrán ser: I. De emergencia; II. Preventivas; y, III. De naturaleza Civil. "ARTÍCULO 61. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje (sic) estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima." Por ende, como se anticipó, tratándose de la imposición de medidas cautelares, no rige la garantía de audiencia previa, por no constituir actos privativos; lo que fue interpretado así por el máximo tribunal del país, actuado en pleno, en la jurisprudencia número 21-98, publicada en el tomo VII, marzo de 1998, página 18, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De igual forma, es de citar la tesis 1a. LXXXVIII-2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 525, Materias(s): Constitucional, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2005795, que dice; "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 62, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos de privación se rigen por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se caracterizan por ser definitivos; mientras que los de molestia se relacionan con el diverso 16 constitucional y se distinguen de aquéllos por ser provisionales y carecer de definitividad, esto es, la Constitución Federal distingue y regula de forma diferente los actos privativos y los de molestia. Ahora bien, el artículo 62, párrafo segundo, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que establece que las medidas de protección previstas en el artículo 66 del citado ordenamiento son precautorias, cautelares y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, no se rige por el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14 constitucional, porque no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial, o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más contra la mujer agredida; por lo que sus alcances sólo son precautorios y cautelares, ya que se fundan en principios de debida diligencia y en el estado de necesidad. No obstante lo anterior, si bien el indicado derecho de audiencia previa no rige para antes de que el juez dicte las medidas de emergencia, la propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en su artículo 72, establece que al notificarse la medida de emergencia debe citarse al agresor para que comparezca ante el juzgador a alegar lo que a su derecho convenga, lo cual permite considerar que la referida ley tutela y cumple con ese derecho a favor del agresor, en virtud de la afectación que pudiera ocasionarse a la esfera de sus derechos con el dictado de la medida cautelar. De ahí que el artículo 62, párrafo segundo, de la citada ley, al establecer medidas de protección de emergencia, no viola el derecho fundamental de audiencia previa." Del mismo modo, debe decirse que las medidas de protección y de emergencia, tampoco vulneran el contenido del artículo 16 de la Constitución, toda vez que éstas no tienen la finalidad de aprehender a quien se considera probable responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez para que se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis: 1a. LXXXVII-2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 528, Materias(s): Constitucional, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2005799, que dice: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 62 Y 66, FRACCIONES I A III, DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉN RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los citados preceptos legales, al establecer las medidas y órdenes de protección de emergencia, en materia de violencia contra las mujeres, no violan el artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior y posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que prevé la obligación para la autoridad judicial de no librar orden de aprehensión sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ello es así, pues las medidas y órdenes de protección de emergencia no tienen la finalidad de aprehender a quien se considera probable responsable de la comisión de un delito para ponerlo a disposición de un juez para que se inicie un proceso penal en su contra; por el contrario, dichas medidas son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la mujer víctima de violencia, por encontrarse en riesgo su integridad física o psicológica, su libertad o seguridad y la de las víctimas indirectas; además, porque no sólo puede dictarlas un juez penal sino también uno en materia civil o familiar; de ahí que las medidas y órdenes que prevén los numerales de referencia no tienen porqué dictarse bajo las condiciones y los requisitos que establece dicho precepto constitucional para la orden de aprehensión, pues el objeto y la finalidad de las dos figuras son completamente distintos. Por otra parte, tampoco asiste razón al peticionario de amparo cuando esgrime, que se vulnera su esfera de derechos, toda vez que se le prohíbe acercarse a su centro de trabajo, dado que el lugar en donde se le prohíbe se encuentra un camión de su legítima propiedad que fue heredado por su padre. Toda vez que ni siquiera demuestra que el vehículo que menciona efectivamente sea de su propiedad, por el contrario, con las pruebas documentales que aportó lo único que se evidencia es que la concesión de servicio público se encuentra a nombre de su progenitor y que se dio inicio, a la sucesión intestamentaria del mismo. Además, las medidas como las que nos ocupan, son susceptibles de ser valoradas en las resoluciones o sentencias que se pudiesen llegar a con motivo de los juicios en materia civil, familiar o penal de conformidad con lo previsto en el artículo 656 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, por ende tiene expedito su derecho para promover lo que en derecho proceda. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. 6 "ARTÍCULO 65. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los tribunales competentes. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Eduardo Nieves Rubio, contra el acto reclamado al Director de Seguridad Pública del Municipio de Irimbo, Michoacán. Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Eduardo Nieves Rubio, contra los actos reclamados a la autoridad y por el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en auto de trece de enero del año en curso se tuvo por rendido el informe justificado de la secretaria encargada del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por el cual remitió copias certificadas de diversas constancias, de las cuales se advierte que existe diverso juicio de amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad,promovido por la parte tercera interesada Virginia Valentina Rubio García, derivado del juicio de origen 990/2020, de su índice. Asimismo, este órgano jurisdiccional, solicitó copia certificada del juicio de amparo V-877/2020 de su índice, las mismas que se recibieron el diecisiete de febrero del año en curso, en las cuales se verifico, que el diverso juicio y en el que se actúa 940/2020 se promovieron respecto de los siguientes actos: JUICIO DE AMPARO V-877/2020 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TECERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN JUICIO DE AMPARO 940/2020, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN El acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte por el que se fijaron medidas provisionales dentro del juicio especial oral familiar 990/2020 relativo a la solicitud y concesión de medidas de protección. El acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte por el que se fijaron medidas provisionales dentro del juicio especial oral familiar 990/2020 relativo a la solicitud y concesión de medidas de protección. Atento a lo anterior, se aprecia que el juicio de amparo indirecto V-877/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, el cual de la boleta de turno se advierte que fue recibido el 18 de diciembre de dos mil veinte por la secretaria de guardia de ese juzgado, así como el diverso 940/2020, en que se actúa, el cual fue recibido mediante escrito el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, derivan del mismo juicio especial oral familiar 990/2020 relativo a la solicitud y concesión de medidas de protección, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por lo que se actualiza la hipótesis que describe el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, la cual prevé: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (...) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer, recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Por tanto, se solicita de la manera más atenta al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que de no tener impedimento alguno, se sirva remitir a este órgano jurisdiccional los autos del juicio de amparo indirecto V-877/2020, a efecto de que se esté en condiciones de conocer del mismo, con la finalidad de no dictar sentencias contradictorias, solicitándole de la manera más atenta, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que emita, a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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