Juan de Dios Sandoval Pérez
Expediente 415/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan de Dios Sandoval Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 415/2021, promovido por Juan de Dios Sandoval Pérez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Luis Roberto Guillén López, apoderado jurídico de Juan de Dios Sandoval Pérez, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta, de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 415/2021 y en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la admitió a trámite y requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se reconoció al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e INVERCAP AFORE, S.A. de C.V., el carácter de terceras interesadas, por ser la contra parte de la quejosa en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) y 26, fracción II, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento por medio de oficio. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos consignados en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad que reside en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de cumplimentar y ejecutar el laudo de once de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 866/2013, promovido por el aquí quejoso contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Invercap Afore, S.A. de C.V. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad las autoridades están obligadas a realizar esa conducta. En otras palabas, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018, publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Como quedó precisado, el quejoso reclama la omisión de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de cumplimentar y ejecutar el laudo dictado en del expediente laboral de origen. Al respecto, es necesario traer a contexto el contenido de los numerales 940, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales en lo conducente, disponen: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." De los preceptos legales transcritos se obtiene que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Asimismo, que las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación y, vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 950. Finalmente, que transcurrido el término señalado en el artículo 945, a petición de la parte que obtuvo sentencia favorable, dictará auto de requerimiento de pago y embargo. Al respecto, la Auxiliar en Funciones de Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, porque el laudo de once de diciembre de dos mil diecisiete quedó firme mediante ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, hasta el veintinueve de octubre de dos mil veinte, y además, porque la ejecución de los laudos corresponde al Presidente de la Junta y es a la parte que obtuvo a la que corresponde instar dicha ejecución. Así, una vez realizado el análisis correspondiente y en atención a las constancias que obran en el sumario, quien esto resuelve concluye que, efectivamente, son inexistentes los actos omisivos reclamados a la autoridad responsable en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, porque de las constancias del expediente ordinario laboral 866/2013, promovido por los apoderados jurídicos de Juan de Dios Sandoval Pérez, frente al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y otro, se advierte que el once de diciembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, se dictó el laudo. Luego, inconformes con la anterior determinación, los apoderados jurídicos del instituto demandado presentaron demanda de amparo directo, y mediante resolución correspondiente a la sesión del veintinueve de octubre de dos mil veinte, terminada de engrosar el seis de noviembre siguiente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En tribunal responsable tuvo por recibida la llegada de la ejecutoria antes indicada, en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, sin que en el expediente de origen se hayan dictado actuaciones posteriores. Lo anterior, evidencia que no existe la omisión atribuida a la Junta responsable dado que conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley, previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman; sin embargo, como se dijo con antelación, el quejoso no realizó petición alguna en ese sentido para que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requiera a los organismos demandados Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Invercap Afore, S.A. de C.V., cumplan con las prestaciones a que fueron condenados. Por tanto, es inconcuso que la omisión reclamada a la autoridad responsable para proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, es inexistente a la fecha de presentación de la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, sin que en el caso medie petición alguna por parte del aquí quejoso, razón por la cual no es dable tener por actualizada la omisión genérica que en esos términos le atribuye a la junta responsable. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Como sustento de lo antes considerado, se cita la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2771, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Laboral, registro digital 2000011, del epígrafe y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así como la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época, registro digital: 2000025, del siguiente contenido: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En las condiciones apuntadas, no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo, por lo que al resultar inexistentes los actos omisivos atribuidos a la citada autoridad, procede sobreseer en este asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan de Dios Sandoval Pérez, por su propio derecho, contra la autoridad y acto reclamado, por los motivos expuestos en la consideración tercera del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los escritos de Roberto Gerardo López Jiménez, en cuanto apoderado de la moral tercera interesada INVERCAP AFORE, S.A. de C.V, carácter que se le reconoce en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, en virtud del instrumento notarial que se sirvió adjuntar a sus escritos de cuenta; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente asunto, el apoderado de la tercera interesada de referencia. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte tercera interesada para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes no podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no habérselas conferido expresamente. En ese sentido, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte promovente el acceso al expediente electrónico a través del "Nombre de Usuario" gerardo.lopez.jimenez, registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, proporcionado para tal efecto, por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el diverso 4, fracción V, del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se autoriza practicarle las notificaciones de carácter personal mediante el correo electrónico que proporciona para tal efecto, con constancia que para ello genere el actuario adscrito a este juzgado; lo anterior, de manera excepcional. En tal virtud, se comisiona al actuario tome nota de lo anterior para realizar las subsecuentes notificaciones. Por otra parte, téngase al apoderado de la tercera interesada en cita, realizando sus manifestaciones en vía de alegatos. Finalmente, se tienen por recibidas las documentales que exhibe el apoderado en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.DENISSE**ORF
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 415/2021. Enseguida, el secretario hace constar que el presente Expediente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El secretario encargado del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da nueva cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable. El secretario encargado del despacho provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en cita. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. El secretario encargado del despacho acuerda: Vista la cuenta secretarial con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene a la agente adscrita formulando sus alegatos y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del secretario encargado del despacho para dictar sentencia.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Juan Claudio Espinoza Yañez1184/2023
- Juan Claudio Espinoza Yañez281/2022
- Juan Claudio Espinoza Yañez1106/2022
- Juan Cruz Guzmán1324/2019
- Juan Cruz Vargas548/2018
- Juan Daniel Cortes Alcantar461/2020
- Juan Diego García Navarro74/2020
- Juan Doroteo Victoriano429/2023
- Juan Eduardo Muñoz Ibarra961/2023
- Juan Eduardo Nieves Rubio940/2020
- Juan Eduardo Vargas Oseguera210/2019
- Juan Esteban Argote Zavala291/2021