Juan Domínguez Flores

Expediente 209/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
209/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Juan Domínguez Flores
  • Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales relativos al incidente de gastos y costas derivado del juicio ejecutivo mercantil 35/2013-1 de su índice, por lo que este juzgado federal toma el debido conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha, la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto dictado por este Juzgado en cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Domínguez Flores, en contra de los actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; bajo la supervisión de la Secretaría encargada del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en atención a lo anterior y a fin de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generales en los Juzgados de Distrito, manténgase en archivo reciente el presente expediente, con la indicación de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere el considerando vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo. Finalmente, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que dentro de los autos del presente juicio, que fue remitido por la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el original del cuaderno de incidente de gastos y costas relativo al juicio ejecutivo mercantil 35/2013 de su índice; en consecuencia, por no ser necesaria su retención en el presente sumario constitucional, remítase el mismo a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    se notifica por medio de lisa a la parte quejosa el auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete..."Mexicali, Baja California, cuatro de abril de dos mil diecisiete. Demanda. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el cual contiene el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado dentro de los autos del amparo indirecto 205/2017 de su índice, en el cual declaró carecer de legal competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan Domínguez Flores; anexando al oficio de mérito, los autos de dicho juicio, así como original del cuaderno de incidente de gastos y costas relativo al juicio ejecutivo mercantil 35/2013 de su índice; en tal virtud, se comparten las razones expuestas en el oficio de cuenta, por lo que, este Órgano Jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo; asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese tal determinación. Fórmese el Juicio de Amparo número 209/2017-4, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano demanda. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Juan Domínguez Flores, contra actos del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En la caso, el promovente hace consistir como acto de reclamo, el auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez responsable en el incidente de gastos y costas derivado del juicio ejecutivo mercantil 35/2013-1 de su índice, por el que denegó de plano el recurso de apelación hecho valer por la autorizada del actor -aquí quejoso-, contra la resolución interlocutoria de uno de febrero del año en curso, en la que se declaró improcedente dicha incidencia. En ese sentido, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto que se invoca prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame, siempre que no se trate de alguno de los casos de excepción previstos en la fracción transcrita. Para que se actualice la causal de improcedencia antealudida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que no se surta alguno de los supuestos de excepción previstos al principio de definitividad. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de un Tribunal judicial, administrativo o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el auto reclamado lo emitió el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto de reclamo procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 1,334 del Código de Comercio, el cual dispone: "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Del contenido del precepto transcrito, se obtiene que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En el caso, el auto dictado por el Juez de Distrito responsable en primera instancia, que no admite el recurso de apelación hecho valer contra la resolución que declaró improcedente el incidente de gastos y costas promovido en el juicio de origen, decide un trámite de procedimiento y no una cuestión de fondo porque en dicha resolución no se examina la resolución apelada. Luego, contra esa clase de autos, no se advierte que en la legislación mercantil que los rige, se encuentre estipulado que proceda recurso de apelación en su contra. Por tanto, es inconcuso que conforme a lo dispuesto en el artículo 1334 del Código Mercantil, puede ser impugnado mediante el recurso de revocación por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación; medio de ordinario de defensa por virtud del cual se puede modificar o revocar dicha resolución. De ahí, que la parte quejosa previo acudir a juicio de amparo, contra el auto que combate, debió promover el recurso de revocación en comento, que es el medio de defensa idóneo para modificar o revocar dicho acto; pues, al ser parte actora en la controversia de origen, está en aptitud de comparecer ante el Juez responsable para impugnar dicho proveído. Apoya le anterior criterio, la jurisprudencia 1a./J. 101/2001 que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 138, tomo XIV, diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Finalmente, el tercer requisito de la causal de improcedencia en estudio ?que no se surta alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad?, se actualiza dado que el quejoso tiene el carácter de parte en el juicio de origen, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraño. Asimismo el acto reclamado no importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, la resolución que se reclama no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, no niega la libertad bajo caución o que establece requisitos para su disfrute, no decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, y no constituye una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; asimismo, no se trata un auto de vinculación a proceso. Por tanto, la acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del medio de defensa ordinario procedente. En esa intelección, si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclama ?previo a acudir al presente juicio de amparo?, no obstante su vinculación a la controversia de origen, es inconcuso que no se cumplió con el principio de definitividad. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento. Domicilio y autorizados del quejoso. Ahora bien, se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las licenciadas Rosalina Ávila Araiza y Fernanda Judith Morales Parra, toda vez que se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro de Profesionistas del Derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; impone a quien suscribe el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, en base en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

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