Juan Carrion Hernadez

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Juan Carrion Hernadez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente de amparo hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo aparentemente promovida por Juan Carrión Hernández, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 911/2021-4. Cuestiones relevantes. En primer término, es menester destacar que del contenido del escrito que se atiende, se advierte que el quejoso refiere se encuentra en uno de los supuestos que contempla el numeral 15 de la Ley de Amparo, estando ante un grave peligro. Sin embargo, del estudio integral de la demanda, antecedentes, autoridades señaladas como responsables y petición del acto, no se aprecia que el promovente combata algún acto que se encuentre previsto en el referido numeral de la ley de la materia, es decir, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Pues se duele una orden de detención atribuida a autoridades pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, refiriendo que no ha cometido un delito y, en consecuencia, teme por su libertad a través del dictado y ejecución de los actos reclamados. Esto quiere decir que tan no se está en presencia de un acto prohibitivo, que el quejoso acude a esta vía, en virtud de que posiblemente se le incoa un hecho delictuoso; lo que -con independencia del estudio de fondo-, está contemplado en la Constitución Federal como aquellos actos de molestia que pueden tener existencia jurídica, en términos del artículo 16 constitucional. Máxime que la orden de detención se le reclama a una autoridad que participa en un proceso penal, como lo es la representación social, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal; por ende, aun cuando la parte quejosa aduzca que se le vulnera el derecho a la libertad, no quiere decir que en automático sea un acto prohibitivo, pues la norma constitucional permite ciertos actos que inciden en ese derecho, tales como la orden de detención, aprehensión, comparecencia y presentación. De ahí que este Juzgador concluye que en el caso no se está en alguno de los supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, pues examinando el contexto planteado, se observa que la petición del quejoso descansa en: 1) la existencia de los actos por un posible delito; 2) se lo atribuye a autoridad que, por disposición constitucional, tiene la facultad de perseguir los hechos delictuosos y participar en el proceso penal ; y 3) el artículo 16 del texto Supremo, permite la existencia de estos actos de molestia, bajo los antecedentes planteados en la demanda, es decir, el constituyente no veda la posibilidad de que los actos reclamados, bajo el contexto que aduce la parte quejosa, puedan surgir del sistema jurídico. Anudando a que en el capítulo denominado "declaración de extrema urgencia" se obtiene que la parte quejosa manifiesta que se encuentra en grave peligro, por lo que solicita se obligue a la autoridad a incapacitarlo, para así poder resguardarse de la enfermedad que acongoja a la sociedad actualmente; lo cual evidentemente no guarda relación alguna con los actos aquí reclamados. En ese contexto, como ya se dijo, los actos que se alegan en la demanda, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, lo que significa que los requisitos de la demanda de amparo se regulen en términos del artículo 108 de la ley de Amparo y no del diverso 109, como lo pretende hacer valer la parte promovente. Desechamiento Una vez precisado lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que de su contenido integral, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fraccio´n XXIII del arti´culo 61, en relacio´n con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra establecen lo siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...)"XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Arti´culo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona fi´sica o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en te´rminos de la fraccio´n ni del arti´culo 5 de esta Ley. El quejoso podra´ hacerlo por si´, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El primer precepto transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposicio´n de la Ley; por su parte, el numeral 6o citado con antelacio´n, expresa que el amparo u´nicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que de lo contrario, no se insta al Órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo; toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. En ese contexto, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio constitucional. Ahora, como se advierte de autos y de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que dio origen a este juicio fue remitida electrónicamente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin evidencia criptográfica de la firma del quejoso Juan Carrión Hernández, por lo que, al carecer de su firma electrónica -la cual tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa-, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, es procedente desechar de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad de quien aparece como quejoso para promoverla.

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