Juan Diego Jiménez Rojas

Expediente 339/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
339/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Diego Jiménez Rojas
  • agente del Ministerio Público de la Federación titular de la célula I-Iv BC de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California, Tijuana (causa penal 511/2020)

Actuaciones

  1. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a a la parte quejosa, la determinación de treinta de octubre de dos mil veinte, emitido en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 339/2020, promovido por Juan Diego Jiménez Rojas, por conducto de su defensor, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el trece de julio de dos mil veinte, Juan Diego Jiménez Rojas, por conducto de su defensor, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, que hizo consistir en: "[.] El auto de vinculación a proceso de fecha diecinueve de junio de dos mil veinte, emitida (sic) en los autos de la causa penal 511/2020." SEGUNDO. Por tratarse de un asunto considerado de tramitación urgente durante la contingencia sanitaria ocasionada por la enfermedad Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 2 COVID-19, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, conoció de la presente demanda de amparo, registrándose bajo partida 339/2020; mediante proveído de catorce de julio de dos mil veinte, se admitió a trámite, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 3 específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que el acto de reclamo destacado es el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia pública de diecinueve de junio de dos mil veinte, en la causa penal 511/2020, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. TERCERO. Es cierto lo reclamado a la autoridad responsable, pues así se desprende de la aceptación formulada al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que fueron remitidas, relativas a la causa penal de origen. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. A su vez, debe decirse que gozan de valor probatorio pleno los discos versátiles digitales allegados Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 4 al presente juicio, continentes de los archivos digitales relativos a la audiencia (inicial y de continuación) en la cual se tomó la determinación aquí reclamada, pues poseen el carácter de documentales públicas, como al efecto estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia en el presente juicio, este órgano de control constitucional procede al estudio del concepto de violación formulado, que se tiene por reproducido, en obvio de repeticiones innecesarias. QUINTO. Es infundado el reclamo de la parte solicitante de la protección constitucional, aun supliéndose la deficiencia de la queja, al tenor de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. En su único concepto de violación, el quejoso sostiene que el auto de vinculación a proceso es Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 5 violatorio de sus derechos humanos, en específico, de los establecidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna, cuenta habida que el juez responsable no tomó en consideración los argumentos vertidos por la defensa, en el sentido de que los primeros respondientes fueron omisos en señalar con exactitud el lugar en que supuestamente ocurrió el hecho delictivo imputado, lo que genera incertidumbre y duda respecto de la actuación de los agentes aprehensores. Precisión previa En la especie, debe decirse que si bien es cierto el juez de control no se cercioró en términos de lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de la calidad de profesionista en derecho con la que debían contar quienes asistieron al peticionario en la audiencia donde se emitió el acto reclamado, también lo es que dicha vulneración es meramente formal, y puede convalidarse con la revisión que realizó este juzgado de distrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de la que se desprende que los licenciados Alberto Rodríguez Rosales, Lourdes Alicia 1 Jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), visible en la página 959, libro 71, octubre 2019, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA." Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 6 Alarcón López y Rafael Asahel García Bracamonte, cuentan con cédulas profesionales 3269665, 10404926 y 11287198, respectivamente, expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, motivo por el cual la falta de constatación denotada no puede estimarse constitutiva de una infracción que amerite reparación por virtud de la presente sentencia de amparo. Consideración anterior que encuentra consonancia con lo determinado por la propia primera sala del más alto tribunal en el país, al momento de resolver la contradicción de tesis 1/2020, que dio lugar al establecimiento de la jurisprudencia 42/2020 (pendiente de integrar en el módulo de sistematización respectivo), de rubro siguiente: "DERECHO DE DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DE LOS DEFENSORES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL NO IMPLICA PER SE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LOS IMPUTADOS." En efecto, la falta de acreditación de la calidad de licenciado en derecho de los defensores en las audiencias del proceso penal acusatorio, no es por sí misma una violación al derecho fundamental de defensa adecuada. Ahora, si bien en el caso particular se inobservó la regla procesal de verificación -mención del número de cédula profesional para registro audiovisual- durante el desarrollo de la audiencia inicial, tal circunstancia se perfecciona al tiempo que resulta un hecho notorio para este tribunal que a la defensa sí le revestía dicha cualidad técnica, dada la información arrojada por el indicado portal oficial que goza de la presunción de contener datos verídicos, al tenor de lo autorizado por el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Análisis de la materia de reclamo Como ya se dijo, es infundado lo alegado por la parte solicitante de la protección constitucional. Del examen de los registros digitales de la audiencia inicial de diecisiete de junio de dos mil veinte, los cuales fueron allegados a los autos del presente juicio, se desprende que previa apertura de audiencia, individualización de las partes y aceptación y protesta del cargo por parte de la defensa particular del peticionario, en uso de la voz, la fiscal interviniente en tal actuación formuló imputación al aquí quejoso, ante la probabilidad de que hubiese cometido o participado en el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuya comisión se reputó de manera dolosa y a título de autor material. Los numerales de mérito son del tenor siguiente: Héctor Jesús Sánchez Gómez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.04 13/01/23 18:29:45 Juicio de amparo 339/2020 8 "Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: [.] II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y [.]." "Artículo 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: [.] b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. [.]." Debe decirse que la fiscalía expuso que los hechos constitutivos de delito fueron, en síntesis, los siguientes: i) Que durante el desarrollo de funciones de vigilancia, dos elementos de la Policía Municipal de Tijuana advirtieron que sobre la calle Monte Fuji, entre Monte Olimpo y Loma Dorada, del fraccionamiento Loma Dorada, en esta ciudad, aproximadamente a las nueve horas con veinte minutos del quince de junio de dos mil veinte, se encontraba un vehículo estacionado en sentido contrario, lo que implicaba una infracción al reglamento de tránsito de la municipalidad. ii) Una vez que se acercaron al automotor en cuestión para efectos de librar la boleta de infracción correspondiente, solicitaron al conductor la documentación respectiva, quien a su vez respondió al nombre de Juan Diego Jiménez Rojas. iii) Mientras el sujeto activo se disponía a buscar en la guantera los documentos requeridos, uno de los agentes policiacos observó que en el área de los pies del conductor (sobre el tapete) se encontraba un arma de fuego tipo pistola; razón por la cual al estimar la comisión de un hecho delictivo, procedieron a realizar la detención condigna del aquí quejoso. Posteriormente, previo a que la fiscalía solicitara la vinculación a proceso que fue decretada, se dio oportunidad al aquí impetrante de declarar o bien, de guardar silencio en torno a la imputación que le fue formulada, habiendo ejercitado de manera libre el imputado su derecho a no declarar en forma alguna. Finalmente, el quejoso solicitó que se resolviera su situación jurídica en el término constitucional de setenta y dos horas, por lo que el día diecinueve de junio del año en curso, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, y tal circunstancia conllevó, previo debate, al dictado del auto de vinculación a proceso que en esta sede constitucional reclama. Ahora bien, es preciso señalar que la emisión de un acto como el aquí reprochado, se constriñe al cumplimiento de los estándares establecidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Carta Magna, que establece que los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1) Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2) Que la ley señale como delito a ese hecho; y, 3) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior implica que, en términos de lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el dictado de una resolución como la aquí reclamada no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, ya que la realización de un juicio de tal tipo sólo es exigible para el dictado de la sentencia definitiva del proceso penal. Por ello, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Lo anterior, como puede colegirse de la lectura de la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) visible en la página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Además, para efectos de determinar la probabilidad de que el imputado hubiese cometido el delito, o bien, participado en su comisión, el juez de control deberá valorar los datos de prueba sometidos a su consideración, así como de los argumentos jurídicos vertidos en la respectiva etapa de debate por las partes, en el entendido de que se debe partir de la idea de que es precisamente la investigación judicializada la que dará lugar al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, a la sanción penal del autor de aquellos que resulten delictivos. De igual manera, es preciso señalar que el dictado del acto reclamado debe verificarse al tenor de la jurisprudencia visible en la página 2388, libro 57, agosto de 2018, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existirinvalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones - hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última." Así, de la intelección del criterio de mérito, es dable extraer una metodología clara para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que desde una perspectiva lógica debe privilegiar el estudio de: a) La existencia de una teoría del caso -o hipótesis- sustentada en un hecho captado por medio de los sentidos. b) La constatación de la probabilidad o verosimilitud de los enunciados que integran la hipótesis. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que el hecho reputado como delito ha acontecido, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la suposición aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. Finalmente, es preciso indicar que de conformidad con los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba son meras referencias al contenido de un medio de convicción aún no desahogado, mismos que deben permitir al juzgador concluir que un hecho delictivo se cometió con la participación de una persona, en el entendido de que tales datos pueden ser valorados de manera libre y lógica. Además, debe apuntarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 259, antes invocado, las pruebas que en su caso se incorporen a las audiencias en las cuales se resuelva sobre una vinculación a proceso, serán valoradas por los juzgadores de manera libre y lógica. Así, la jurisdiccional del conocimiento tuvo por satisfecha la materialidad de un hecho constitutivo de delito, y tales consideraciones se estiman apegadas a derecho, en la medida que se tuvo por demostrada la existencia de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, comprendida en la clasificación jurídica a que hace referencia el inciso b) del numeral 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual portaba el sujeto activo al momento de la detención en flagrancia, pues el artefacto bélico se encontraba en los pies del aquí quejoso mientras estaba sentado en el asiento de conductor de un vehículo, esto es, el arma de fuego condigna se localizó dentro del radio de acción y pronta disponibilidad del imputado. Además, que el indiciado no contaba con el permiso correspondiente para portar el arma de fuego en cuestión, como podría ser que haya sido expedido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o bien que el imputado forme parte de alguna corporación policiaca que lo faculte para ello. Dichas circunstancias posibilitaron al juez de control arribar a la conclusión de que el aquí quejoso probablemente cometió el hecho materia de imputación, colocándolo en la hipótesis normativa de autor material, en una forma de actuación dolosa. Tal ejercicio jurídico se estima, adverso a lo que sostiene el impetrante, suficiente para dictar auto de vinculación a proceso en su contra, pues el juez responsable emitió consideraciones que, a la luz de las exposiciones formuladas por la fiscalía, los datos de prueba y su respectiva apreciación, le permitieron colegir la probable participación del imputado en el hecho constitutivo del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en comento. Los anteriores aspectos conducen a este tribunal a concluir que, en términos de la tesis aislada XV.3o.6 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el caso concreto es pertinente proceder a la apertura de la etapa de investigación judicializada, circunstancia que importará la integración de una verdadera indagatoria, donde se dé cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el imputado, en aras de verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva a través de los actos materia de imputación y que dieron lugar a la causa penal de origen. Tal criterio se encuentra visible en la página 2167, libro 39, febrero de 2017, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." [Énfasis añadido] En adición a lo anterior, este tribunal considera oportuno desestimar los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, en el sentido de que el juez responsable no tomó en cuenta el argumento de la defensa de señalar la omisión de los agentes aprehensores de indicar con precisión el lugar de los hechos materia de imputación, cuenta habida que tal alegación está encaminada a combatir la determinación del juez de control relativa a la calificación de la legalidad de la detención; sin embargo, tal actuación es autónoma e independiente de la aquí reclamada y, por tanto, escapa del escrutinio constitucional correspondiente al presente asunto. No obstante, debe decirse que dicha circunstancia denotada por la parte peticionaria, quedó superada en la audiencia pública donde el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso reprochado, pues de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, tales como el informe policial homologado suscrito por los primeros respondientes, las entrevistas realizadas a éstos por parte del agente ministerial que corroboró las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la inspección del lugar de los hechos, y dictámenes en materia de balística, fotografía forense y de tránsito terrestre, entre otros, se advierten elementos que generan convicción a la autoridad responsable de que se cometió un hecho ilícito en un lugar determinado y que el imputado probablemente participó de forma directa en el mismo. No inadvierte este juzgado de distrito que durante el debate previo al dictado de la resolución aquí combatida, la defensa ofreció dos testimoniales que se desahogaron en la misma audiencia, las cuales fueron debidamente justipreciadas por el juez de control de forma libre y lógica, ya que de las declaraciones de los atestes no se logró siquiera constatar en modo alguno el momento de la detención y, en consecuencia, fueron desestimadas. Por tal motivo, ante la falta de una mayor exposición demostrativa por parte de la defensa que refutara la solicitud de la fiscalía efectivamente planteada para formular imputación y vincular a proceso al aquí quejoso por el delito de mérito, el juez responsable adecuadamente consideró que existían elementos suficientes para el dictado del auto materia de reclamo. Así, al resultar infundado lo alegado, y sin que se advierta aspecto alguno que suplir, lo conducente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados. SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Diego Jiménez Rojas, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, puntualizado en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.

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