Juan Diego Iribe Salazar

Expediente 466/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
466/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Diego Iribe Salazar
  • Comisión Disciplinaria del Centro de Readaptación Social La Mesa.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio dictado el doce de mayo de dos mil dieciséis; por lo que, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el aludido fallo ha causado estado, dese aviso a las autoridades responsables, y hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito presentado el doce de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y que por razón de turno tocó conocer a este órgano de control constitucional, Gisel Betzabe Iribe López, en nombre y representación de Juan Diego Iribe Salazar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión Disciplinaria del Centro de Readaptación Social "La Mesa", con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, mismos que hizo consistir en lo siguiente: "V. ACTOS RECLAMADOS: A las autoridades responsables penitenciarias les reclamo la segregación e incomunicación de que es objeto el directamente quejoso JUAN DIEGO IRIBE SALAZAR, sin que exista antecedentes de haber sido llamado a comparecer al Consejo Técnico Interdisciplinario del indicado Centro de Readaptación Social, así como los posibles golpes y torturas a que están siendo sometidos por las autoridades responsables, no obstante de que se encuentran internados en dicho lugar a disposición de las citadas autoridades jurisdiccionales del Estado de Baja California; además, su injustificada incomunicación a los familiares del directamente quejoso, al no permitirnos visita alguna a la que tiene derecho, contraviniendo el Reglamento de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Baja California. En consecuencia de lo expuesto, se reclama de cada una de las autoridades antes señaladas, en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, los actos que están realizando en perjuicio de los derechos constitucionales y humanos de JUAN DIEGO IRIBE SALAZAR ante la indebida interpretación y aplicación del Reglamento de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Baja California." Así, previa ratificación del quejoso del escrito de demanda promovido a su favor, mediante proveído de trece de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, y se pidió informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables. Mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veinte de abril del año en curso, la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con residencia en esta ciudad, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, de esta ciudad, el quejoso Juan Diego Iribe Salazar, obtuvo su libertad el quince de abril de dos mil dieciséis, con reservas de ley, al revocarse el plazo constitucional dictado por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 266/2015, de su índice, por falta de elementos para procesar por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, en la variante de venta, ordenando en dicha determinación su inmediata liberación. Lo anterior se corrobora, con las constancias que en copia certificada acompañó al oficio citado -fojas 39 y 40-, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones; eficaces para demostrar que han cesado los efectos del acto reclamado. En ese contexto, se advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia mencionada; lo procedente es sobreseer en el juicio constitucional, de conformidad con la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia, proceder que guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." A virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra programada para las diez horas con cincuenta minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis. Por último, agréguese a los autos el pedimento firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California; sin embargo, resulta innecesario proveer respecto a su contenido, por los motivos antes argumentados.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO DE DOCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales, los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables; y con apoyo en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, déjese a la vista de las partes por un término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga.

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