Juan Diego Baas Ruiz

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Diego Baas Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de seis de marzo del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por JUAN DIEGO BAAS RUIZ, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, y manifiesta que lo que determinó la autoridad responsable en el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, fue que el auto aprobatorio de remate, dictado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria y acompaña tres copias de su escrito aclaratorio y un anexo. En consecuencia, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por la citada parte quejosa, contra actos del JUEZ SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con sede en esta ciudad, y del análisis integral de la misma, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Del contenido integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, dictado en autos del juicio ejecutivo mercantil 1987/2012, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que causó ejecutoria el auto aprobatorio de remate dictado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, se estima que en el caso, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". [Énfasis añadido]. Así, del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia se desprende que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza por los casos específicos a que alude dicho numeral, sino de igual forma cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. En esos términos el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley reglamentaria establece que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siendo que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Esto es, que de las dos disposiciones anteriores estudiadas en conjunto, y la última de ellas interpretada en sentido contrario, permiten concluir que, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, cuando se reclama el procedimiento de remate, se considerará como última resolución aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, página 1066, con registro electrónico 2011474, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." [Énfasis añadido]. De la citada jurisprudencia se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Entonces, si en el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1987/2012 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que causó ejecutoria el auto aprobatorio de remate de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, respecto del cincuenta por ciento del predio número doscientos cuarenta y cinco, de la calle treinta y ocho, colonia Montes de Amé, de esta ciudad de Mérida, por lo tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en la hipótesis, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues aun cuando se alegue vicios del procedimiento, como no se trata de una violación que por sí misma cause agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse, por tanto, sólo es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de remate, a pesar de que se realizó la venta judicial a favor de un tercero, pues al ser el quejoso parte del juicio de origen, cuenta con interés jurídico para reclamar las violaciones del procedimiento de remate y su aprobación, pero hasta que se dicte alguno de esos actos a saber, la orden del otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien la entrega del inmueble relativo. Por todo lo expuesto, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos accesorios que se proponen, pues al resolver el tema de fondo planteado, por lo mismo, no podrán tener el alcance de variar el sentido de la presente resolución. Brinda apoyo a lo anterior, la tesis CVIII/2007, sustentada por la propia Sala, consultable en la página 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y con registro digital 172517, cuyo texto es como sigue: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Diego Baas Ruiz, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por actualizarse en el caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Similar criterio sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en ejecutoria de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictada al resolver el toca 100/2018. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario de la adscripción realice las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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