Juan Diego Baas Ruiz
Expediente 529/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Diego Baas Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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III. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta de mayo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
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III. Agréguese a estos el escrito aclaratorio del directo quejoso Juan Diego Baas Ruiz, mediante el cual cumple con la prevención contenida en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Juan Diego Baas Ruiz, contra el acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1987/2012, por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fijó una tercera almoneda para el seis de junio de dos mil dieciocho, a las doce horas, del predio marcado con el número doscientos cuarenta y cinco, de la calle treinta y ocho, de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad. En el caso, este Juzgador Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a la transcripción que antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate. El dispositivo legal en cita, regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos, consistentes en: a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase; y, b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El contenido del referido artículo es el mismo de la ley abrogada, siendo que lo único que realizó el legislador, fue precisar lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución y, en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con esto se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Lo anterior, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa impugna el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1987/2012, por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fijó una tercera almoneda para el seis de junio de dos mil dieciocho, a las doce horas, del predio marcado con el número doscientos cuarenta y cinco, de la calle treinta y ocho, de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad. Como puede advertirse con meridiana claridad, dicha determinación no constituye la última resolución en el procedimiento de remate, entendiéndose por ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; siendo que se trata de una mera determinación de índole procesal, que no trastoca derechos sustantivos de la parte quejosa, en la medida que sencillamente le requiere la designación de un valuador a su cargo, bajo apercibimiento que, en caso contrario, se le tendrá por conforme con la pericial emitida por las demás partes. Siendo que, en su caso, dicha presunta violación procesal podrá alegarla en el juicio de amparo que promueva contra la última resolución emitida en el procedimiento de remate, acorde a lo preceptuado por el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es dable citar al caso, la tesis visible en la página 774, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "REMATE, AMPARO CONTRA EL AUTO QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL. NO PUEDEN ALEGARSE VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO NATURAL. Conforme al artículo 114, fracción III, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tratándose de remates procede el amparo indirecto sólo contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por tanto, como en el caso se reclama la resolución de segunda instancia que confirma la del Juez de primer grado y aprueba el remate, la parte quejosa sólo puede alegar violaciones cometidas durante el procedimiento de remate, desde la orden de llevarlo a efecto, mediante la publicación de las convocatorias o edictos correspondientes, designación de peritos valuadores, etcétera, pero en ningún caso violaciones cometidas en procedimientos previos ni durante la sustanciación del juicio natural." En esas condiciones es dable concluir, que el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 1987/2012, por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fijó una tercera almoneda para el seis de junio de dos mil dieciocho, a las doce horas, del predio marcado con el número doscientos cuarenta y cinco, de la calle treinta y ocho, de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues no se trata de aquella que ordena otorgar la escritura, ni la que ordena entregar la posesión del bien rematado. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia sustentada por el Pleno (sic) en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Página: 1738, que señala: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." En efecto, se afirma que dicha ejecutoria no constituye la resolución impugnable en el juicio de origen, pues no se trata de la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega del bien rematado; por tanto, como ya se dijo, debe tomarse en cuenta, que de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, se desprende que el legislador, en forma específica, estableció que el amparo indirecto sólo procede en tratándose de actos de tribunales judiciales, después de concluido el juicio, en específico, en el procedimiento de remate contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio
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III.- Agréguese a estos autos el oficio signado por la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que mediante oficio 600-04-02-04-00-2018-45580, de nueve de mayo del año en curso, remitió copia del oficio 9486/2018, a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal "2", a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por ser la unidad administrativa competente para ello, por tanto, tómese nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes.
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III. Agréguese a estos autos el escrito aclaratorio del quejoso Juan Diego Baas Ruiz, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que se le efectuó mediante proveído de siete de mayo del presente año. Ahora bien, en el auto de referencia, se previno al quejoso para lo siguiente: "Precise cuál es el acto que reclama; Haga una relación sucinta, cronológica y detallada de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, toda vez existen discrepancias entre los antecedentes y el acto reclamado". Así, de la lectura de su escrito aclaratorio, se advierte que el quejosa no cumplió con lo estipulado en el inciso b, toda vez que de su ocurso de cuenta, no se advierte que el impetrante de amparo, haya hecho una relación sucinta, cronológica y detallada de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, esto, para estar en disponibilidad de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Por otra parte, en virtud de que el proveído de siete de mayo de dos mil dieciocho, se notificó el catorce de los corrientes, debiendo transcurrir del dieciséis al veintidós de mayo del año en curso, para el debido cumplimiento, es evidente que en la especie, aún no ha vencido el término concedido, ya que el escrito de cuenta fue presentado el día veintidós de los corrientes, ante la Oficialía de partes de este juzgado; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, por auto de siete de mayo último, para que dentro de un día restante, la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos y respecto de la cual no cumplió; término que desde luego, empezará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que de este acuerdo se le haga. Al caso cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto versan: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Se reitera el apercibimiento efectuado, en el sentido que de no cumplir con ello en el término señalado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo.
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