Juan Díaz Apolinar
Expediente 1214/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Díaz Apolinar
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
... Notifíquese personalmente....
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil quince. Vista; la demanda de amparo promovida por José Luis Hernández Parra, quien se ostenta como defensor particular de Juan Díaz Apolinar, contra actos del Juez de Control de Proceso del Décimo Distrito Judicial, con sede en Jalacingo, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8°, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1214/2015. Ahora bien, el artículo 113 de la Nueva Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a tal precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Precisado lo anterior, se obtiene que el acto que por esta vía constitucional se combate es el auto de ocho de junio de dos mil quince, dictado por el Juez de Control de Proceso del Décimo Distrito Judicial con sede en Jalacingo, Veracruz, en el proceso penal 1/2015 de su índice, en el cual determinó negar la nulidad solicitada por el promovente del diverso auto de tres de junio pasado, donde se otorgó a la asesoría jurídica quince días hábiles para presentar el escrito de acusación correspondiente. En ese sentido y, a decir del defensor del directo quejoso en el juicio natural 1/2015 del que emana el acto reclamado a la fecha se encuentra en la etapa intermedia que prevé el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo objeto es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que será materia de juicio, pues el veintiséis de febrero del año en curso, se dictó contra el quejoso Juan Díaz Apolinar, auto de vinculación a proceso, confesión ésta que atento a lo regulado en los artículos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Ahora, antes de proveer lo conducente, conviene asentar que de acuerdo con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61 fracción XXIII, 62, 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Nueva Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Para sostener lo anterior, se hace necesario transcribir los artículos 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción V, todos de la Nueva Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- (.)V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Así también, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172, de la Nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. En ese orden de ideas, es evidente que el auto reclamado en nada violenta las garantías de la parte peticionaria, ya que no constituye resolución que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en perjuicio del peticionario, sino que se podría traducir, en su caso, en una violación a las leyes del procedimiento con efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte, resultara favorable a los intereses del ahora quejoso, reparándose de esa manera las afectaciones sufridas, desapareciendo en la realidad la afectación provocada y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho del recurrente para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 170, 171 y 173, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en el amparo directo que se intente contra la sentencia definitiva. Lo anterior es así, toda vez que el actuar del Juez de Control de Proceso al otorgar a la asesoría jurídica el plazo de quince días para presentar el escrito de acusación correspondiente, en modo alguno violenta las garantías fundamentales del quejoso agravando su situación en el referido proceso, ya que estará en aptitud de contestar la acusación que en determinado caso formule el asesor jurídico, ello, en términos del artículo 340 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, con independencia de que la sentencia definitiva que en su caso dicte el juez de juicio, podría serle favorable, y de no ser así, tiene el derecho de hacerlo valer en amparo directo, como violación cometida durante el procedimiento penal, de ahí que no existe afectación actual y material sobre algún derecho sustantivo reconocido al quejoso en la Constitución o en Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. En consecuencia, del análisis del acto reclamado en esta vía, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 172, fracciones III y IX, ambos de la Nueva Ley de Amparo, y con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto...
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