Juan de Dios Mercado Hernández

Expediente 679/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
679/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/07/2016

Partes del expediente

  • Juan de Dios Mercado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ... archívese este juicio como concluido. .... este expediente es susceptible de ser destruido... Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a su destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha....

  2. Incidental

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de junio de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo promovida por Juan de Dios Mercado Hernández, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 679/2016. Ahora, de la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el solicitante del amparo, lo constituye: la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca número 120/2016 del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la cual se confirma el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal 22/2015 del orden cronológico del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz. En vista de lo anterior, este Órgano Federal analizó la demanda en relación con las disposiciones de la Ley de Amparo, así como de los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Lo anterior, en razón de que la competencia es un aspecto de orden público y, por tanto, de estudio previo y oficioso, preferente a cualquier otro tópico, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor, en el caso de que se interponga algún recurso contra la sentencia que se llegare a dictar, sea ante el Tribunal Colegiado de Circuito, alguna de las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Nueva Ley de Amparo; con la consecuente declaratoria de nulidad de lo actuado y resuelto. Así las cosas, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. --- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. --- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se dice que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, dado que los efectos del acto que se reclama consiste en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca número 120/2016 del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se trasladan directamente al proceso penal 22/2015 del orden cronológico del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, donde tiene su principal impacto y repercusión la confirmación del auto de vinculación a proceso, razón por la cual, es competente el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan, quien ejerce jurisdicción sobre el municipio de Tantoyuca, lugar donde tiene su sede el juez que conoce de la causa penal que se sigue al referido quejoso. En ese contexto, se deja establecido que los efectos de la materialización de la resolución que confirma el auto de vinculación a proceso, consisten, entre otros, que continúe el proceso y que el aquí quejoso quede bajo la potestad del juez que conoce de la causa de origen, para su continuación y en su caso el dictado de la sentencia correspondiente, lo que evidencia que la ejecución de los efectos jurídicos del acto reclamado se actualizan en un diverso distrito judicial, que lo es donde radica el juez que lleva el proceso de origen, a fin de preservar la unidad del proceso, aunado a que el quejoso Juan de Dios Mercado Hernández, bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz. Cobra aplicación por su contenido, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Así como la diversa 1a./J. 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el párrafo cuarto del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías y declina su competencia, por razón de territorio, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Tuxpan, por estar ubicado dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, el de Proceso y Procedimiento Oral del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, quien conoce del proceso del que deriva el acto combatido, por lo que remítasele por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrita a esos Juzgados de Distrito, el presente Juicio de Amparo, así como las copias de la demanda para que determine lo conducente respecto de la competencia planteada, solicitándole el acuse correspondiente. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Las tesis a que se hace referencia, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de que el impetrante del amparo haya señalado como autoridad responsable ordenadora a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que la misma, de acuerdo a la estructura del Poder Judicial del Estado, tiene jurisdicción en toda la entidad federativa. Sin que sea necesario decidir sobre la suspensión del acto solicitada pues no se está en ninguna de las hipótesis del primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no importan peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Área nacionales. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de amparo y autógrafa de este acuerdo. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el lugar de su reclusión, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de la materia, a Ángel Daniel Neri García, Reina Alvarado Hernández y Rafael Martínez Corona. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria quien autoriza y da fe.

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