Juan de Jesús Regino
Expediente 76/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agente de Policía de San José de las Flores, San Juan Mazatlan, Mixe, Oaxaca
- Juan de Jesús Regino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta relativa al requerimiento que se hizo al quejoso en acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés -para que dentro del plazo de tres días ratificara el contenido del escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintisiete de enero de dos mil veintitrés-, transcurrió del seis al ocho de febrero de dos mil veintitrés, sin que ocurriera a las oficinas de este órgano jurisdiccional a ratificar dicho ocurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se tiene por no presentado el ocurso en comento. Por otra parte, respecto a la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a Juan de Jesús Regino para que cumpliera con la prevención efectuada en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este expediente. Asimismo, el plazo que tenía el disidente para señalar domicilio para recibir notificaciones, transcurrió sin que hubiere indicado lugar para recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés y se ordena notificar al quejoso mediante lista, en términos del precepto 27, fracción II, última parte, de la Ley de Amparo. Con independencia de que el presente acuerdo se notifique por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional, atentamente se SOLICITA LA TITULAR DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SALINA CRUZ, que de no tener inconveniente alguno, notifique el presente acuerdo al quejoso de mérito a través de las listas que se publican en dicho órgano y una vez realizado, remita las constancias relativas. Notifíquese por lista y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos, los oficios de cuenta, mediante los cuales la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en el primero, informa a este órgano jurisdiccional que se vinculó el expediente electrónico **/*** de su estadística al juicio de amparo en que se actúa y envía la constancia de notificación que hizo del proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés emitido en este asunto (notificación realizada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés); y con el segundo, remite la constancia de notificación relativa al acuerdo de treinta de enero siguiente dictado en este expediente (notificación realizada el dos de febrero de dos mil veintitrés); en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el instrumento señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el auto de veinte de enero de dos mil veintitrés. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación con su contenido, requiérase a Juan de Jesús Regino para que dentro del plazo de tres días siguientes a que surta efectos a la notificación de este proveído, comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibido que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo. En otro punto, comuníquese a Juan de Jesús Regino que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso o a su mandatario o representante legal si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda o en algún acto procesal afirme hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Asimismo, se apercibe al promovente que en el caso de que afirme hechos falsos se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrito para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue si se actualiza alguna de las conductas típicas especiales previstas por el normativo 261 de la Ley de Amparo. En tal sentido, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, del Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Finalmente, debe destacarse que los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, consistentes en el "cierre indebido de su negocio" y "actos de molestia" no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian por los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la suspensión de los actos atacados que el inconforme solicita. Aunado a que el justiciable aduce que teme "el posible destierro", lo cierto es que esa situación hace notar como acontecimiento futuro que pudieran derivarse de la apertura de su negocio que en realidad combate. Finalmente, atentamente se SOLICITA LA TITULAR DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SALINA CRUZ, que de no tener inconveniente alguno, notifique el presente acuerdo al quejoso de mérito a través de las listas que se publican en dicho órgano y una vez realizado, remita las constancias relativas a este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa en los términos de la presente determinación.
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