Juan De Dios Gonzalez Frayre y Otros.

Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
533/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Juan De Dios Gonzalez Frayre y Otros.
  • Juan De Dios Gonzalez Frayre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza expedir las copias certificadas de las constancias que solicita, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos para debida constancia. Al margen de lo anterior, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las partes, se hace de conocimiento de la ocursante que de conformidad con los lineamientos previstos en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con usuario autorizado para la utilización de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y puede consultar el expediente electrónico generado el cual cuenta con las constancias que integran el presente asunto. Además, las partes autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden obtener copia de las constancias que obren en él, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del citado acuerdo general 12/2020, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la apoderada legal de la parte tercera interesada Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual solicita el acceso al expediente electrónico, proporcionando para tal finalidad el usuario ********************; al respecto, se provee: De conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario mencionado la utilización de sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consulta del presente juicio; por tanto, instrúyase a la oficial judicial A (analista jurídico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este Juzgado, para que realice las gestiones administrativas correspondientes. Hágase del conocimiento de la promovente que es su obligación aportar los datos correctos del usuario señalado. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que la parte quejosa hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. III. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, el acuerdo en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y este proveído. V. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    ".San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a sus intereses conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que la autoridad responsable adujo dar realizando manifestación al respecto. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se aprobó la sentencia respectiva en la que se concedió la protección constitucional a la parte disidente respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, para los siguientes efectos: "X. DECISIÓN. Corolario de lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por Juan de Dios González Frayre y otros (60), por conducto de su apoderado legal Mauro Quirasco Prigadaá, contra el acto que reclaman de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, precisado en el apartado IV de esta sentencia. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, deberá: a) Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación dentro del expediente laboral 32/0523/2010, de su índice. b) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, emita otra resolución fundada y motivada en la que, siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, resuelva lo que en derecho proceda en relación a la litis incidental". (Lo resaltado es propio) La sentencia de mérito fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 26/2022, interpuesto por la parte tercera interesada; y por tanto, en auto de tres de junio pasado, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. II. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje informando que había dado cumplimiento a la ejecutoria, anexando para acreditar su dicho copia certificada de la resolución incidental de cinco de agosto de dos mil veintidós dictada en autos del expediente laboral J.32/0523/2010. Documento que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Conclusión. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable exhibió se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación dentro del expediente laboral J.32/0523/2010, de ahí que se encuentre cumplido el primero de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Ahora, el segundo de los requisitos consistía en que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción emitiera otra resolución fundada y motivada en la que siguiendo los lineamientos expuestos en la sentencia resolviera lo que en derecho proceda en relación a la planilla de liquidación señalada por la parte quejosa. En el caso, resulta necesario establecer que en la sentencia de amparo se dijo que la diversa resolución de veintinueve de junio de dos mil veinte carecía de fundamentación y motivación en virtud que la responsable al resolverla había apreciado incorrectamente la pretensión de la parte quejosa al valorar la procedencia del incidente de liquidación, soslayando que de eso ya se ocupó el laudo, y que la materia de la incidencia únicamente se debía concretar al estudio de la planilla de liquidación, es decir, a resolver, con las pruebas aportadas por las partes, si las operaciones aritméticas realizadas eran o no correctas, pero no realizar un estudio sobre la procedencia del pago de la prestación de la que ya hubo condena. En efecto de la lectura de la nueva determinación judicial de cinco de agosto de este año, se advierte que en esta ocasión la responsable se avocó únicamente al estudió de las operaciones aritméticas propuestas por la parte actora (aquí quejosa) en su planilla de liquidación, apoyando su decisión con base en el estudio de las pruebas propuestas por la parte incidentista; concluyendo que las operaciones aritméticas ofrecidas por la actora no eran correctas, lo anterior, tomando como base el hecho de que la quejosa aplicó incorrectamente lo que establece la cláusula 69 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige el acto reclamado, por las consideraciones vertidas en la interlocutoria que se estudia, considerando así que la incidentista incurrió en un error de cálculo y que las cantidades correctas que por el concepto de aguinaldo debían cubrirse ya le fueron pagadas, como incluso lo confiesa la propia actora, por lo que no existe condena que liquidar. En consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los efectos para los cuales fue concedida la ejecutoria de amparo. Con las actuaciones descritas, se infiere que la autoridad responsable acató el fallo protector; y por tanto, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa realizó manifestaciones encaminadas a indicar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en razón que aduce que la junta al momento de dictar la nueva determinación incidental realizó una indebida interpretación sobre lo que debe ser el salario diario y por ello es que declara incorrectas las operaciones aritméticas de la plantilla de liquidación que propuso, de ahí que a su parecer no se avoca al estudio de la incidencia ni de la planilla de liquidación, sino que insiste en que las prestaciones fueron debidamente cubiertas y por ende no hay pago pendiente de liquidar, fijando con ello su postura de la improcedencia de la liquidación. No obstante, esa pretensión de la parte quejosa implica un análisis de fondo de la determinación materia del cumplimiento, lo que no está permitido en el estudio de este cumplimiento, puesto que la concesión del amparo fue por falta de fundamentación y motivación y a consideración del suscrito ese requisito ya se encuentra satisfecho. Es decir, el amparo se concedió por falta de fundamentación y motivación en la resolución incidental de veintinueve de junio de dos mil veinte, no por vicios propios en cuanto al fondo de la misma, por lo que de estimar que las operaciones aritméticas fueron analizadas incorrectamente por la junta responsable la parte quejosa se encuentra en posibilidades de promover un nuevo juicio de amparo en contra de los vicios de fondo de esta nueva resolución de cinco de agosto del año en curso. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

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