Juan de Dios Zarate Castillo

Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
931/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Juan de Dios Zarate Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a sus autos el oficio 4176/2021, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el veintiséis de octubre del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por Juan de Dios Zárate Castillo, en contra del auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, quedando registrado bajo el recurso de queja 144/2021, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por el promovente Juan de Dios Zarate Castillo, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo 926/2021, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE; Y, CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el escrito signado por el promovente Juan de Dios Zarate Castillo, y en atención a su contenido, téngasele desahogando el requerimiento formulado por este órgano de control constitucional en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se le previno para los siguientes efectos: PRIMERO. Aclare, el acto reclamado en el presente controvertido constitucional. Lo anterior es así, pues de una lectura integra del escrito inicial de demanda manifiesta como acto reclamado destacado la omisión por parte del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla, de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas mediante escrito de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE. Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado el aquí amparista refirió lo siguiente: Precisado lo anterior, el promovente deberá aclarar el acto o actos que combate en la presente contienda constitucional, esto es, si reclama: - La omisión por parte del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla, de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas mediante escrito de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE. O en su caso: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra. SEGUNDO. En caso de que el promovente señale como acto reclamado el auto de vinculación a proceso dictado en su contra. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Fecha de la emisión de dicho auto; b) Fecha en que tuvo conocimiento del mismo; c) Autoridad responsable a quien se lo reclama; d) Los antecedentes del referido proveído y en su caso los conceptos de violación que estime necesarios; e) Si también combate como acto reclamado la legal detención de la que fue objeto y la medida cautelar de prisión preventiva, así como las a autoridades a quien se los reclama. TERCERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si la omisión por parte del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en Puebla, de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas mediante escrito de siete de enero de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE, se realizó en la audiencia inicial donde se dictó el auto de vinculación de la que fue objeto. (.)" Y, en el ocurso de cuenta el demandante constitucional manifiesta, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) I).- De la Autoridad Ordenadora Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro derivado de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE, donde posterior al Auto de Vinculación a proceso esto es: 1.- Desde el siete de enero de dos mil veintiuno. 2.- Siete de septiembre de dos mil veintiuno. 3.- Catorce de junio de dos mil veintiuno. 4.- Trece de julio de dos mil veintiuno. 5.- Doce de abril de dos mil veintiuno. 6.- Veintidós de marzo de dos mil veintiuno. 7.- Me he encontrado ofreciendo testigos de descargo, inspección judicial constancias del lugar en que me he encontrado desde las ocho de la mañana del día veintiocho de enero del dos mil diecinueve (sic), lo que se traduce en la omisión de la Autoridad Ordenadora Juez de Oralidad en cita, está llevando a cabo sin que apertura y se señale día y hora para la recepción y desahogo de mis pruebas, fotografías, etc. El énfasis añadido es propio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la porción normativa transcrita, se aprecia que el peticionario de amparo acude a esta instancia constitucional en su carácter de imputado dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE, a reclamar del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en, Puebla, la omisión de admitir y desahogar diversos medios de convicción ofrecidos por el mismo, dentro de la carpeta judicial administrativa de referencia. Por tanto, respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, como se dijo, el solicitante de amparo acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en, Puebla, la omisión de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez responsable por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión por parte del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la región Judicial Centro con sede en, Puebla, de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por el aquí peticionario de amparo dentro de la carpeta judicial administrativa 154/2019/PUE; y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente las omisiones indicadas y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN; ASÍ COMO A SUS AUTORIZADOS PROCESALES -EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO-.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a las presentes actuaciones el escrito signado por el promovente Juan de Dios Zarate Castillo, y en atención a su contenido, téngasele designando como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Estela Camargo Cantú, por lo que al tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se tiene por autorizada con las facultades conferidas. Asimismo, téngase al ocursante designando como autorizados en términos restringidos del referido numeral, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a los profesionistas que refiere en su ocurso de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente; en consecuencia, se tienen por autorizados en los términos solicitados. Finalmente, no ha lugar a tener el correo electrónico proporcionado por el peticionario de amparo, como medio para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no lo prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomará en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

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