Juan Daniel Villasana Alonso
Expediente 598/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Daniel Villasana Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecisiete de septiembre (día hábil siguiente) al cinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 97), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que el quejoso haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 59), se concedió el amparo y protección a Juan Daniel Villasana Alonso, para que la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Juan Daniel Villasana Alonso, para el efecto de que la jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el expediente de ejecución 43/2018/JES de su índice: a) Deje insubsistente el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. b) En su lugar, dicte otro en el que conforme a las disposiciones señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se pronuncie sobre el escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual solicitó se le otorgue el beneficio de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena. c) Notifique dicha determinación al quejoso Juan Daniel Villasana Alonso y remita las constancias que así lo acrediten." En acuerdo de veinte de agosto de dos mil dieciocho (fojas 78 a 80), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Por oficio 6155/2018 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (foja 89), la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada de la resolución de veintidós del mismo mes y año, emitida en el incidente de ejecución 43/2018/JES de su índice y su notificación al quejoso (fojas 90 a 96). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, la jueza responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos el proveído de veintiuno de mayo de dos mil dos mil dieciocho, dictado en el expediente de ejecución 43/2018/JES, de su índice (foja 91 vuelta). 2. En su lugar, dictó otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos, conforme a las disposiciones señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, resolvió sobre la petición del quejoso Juan Daniel Villasana Alonso, mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual solicitó el beneficio de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena; y, al respecto, la jueza penal responsable no admitió el incidente de remisión parcial de la pena propuesto por el quejoso pues consideró que tal beneficio resulta inaplicable, debido a la fecha de presentación de la solicitud y previno al aquí quejoso y a su defensa para que corrijan su petición y, en su caso, promueva el beneficio de libertad anticipada o el diverso que estime conveniente (fojas 91 y 91 vuelta). 3. El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, notificó dicha resolución a Juan Daniel Villasana Alonso (foja 95). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber cumplido con la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos y la certificación que antecede se aprecia que la sentencia dictada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 47 a 59), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Daniel Villasana Alonso, no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Juan Daniel Villasana Alonso, para el efecto de que la jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en el expediente de ejecución 43/2018/JES de su índice: a) Deje insubsistente el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. b) En su lugar, dicte otro en el que conforme a las disposiciones señaladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se pronuncie sobre el escrito presentado por el quejoso el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual solicitó se le otorgue el beneficio de libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena. c) Notifique dicha determinación al quejoso Juan Daniel Villasana Alonso y remita las constancias que así lo acrediten. (.)" Apercibiendo a la citada autoridad responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tengan para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponérsele la multa con la que se les apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido por esta autoridad federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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