Juan de Dios Carcamo Escobar
Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan de Dios Carcamo Escobar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado de autos, así como del contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a Juan de Dios Cárcamo Escobar; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvanse a la Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género de este Distrito Judicial, las documentales que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 690/2019-II, promovido por Juan de Dios Cárcamo Escobar, por propio derecho, contra actos del Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Juan de Dios Cárcamo Escobar, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y la autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Le resulta dicho carácter a la ciudadana Juez Auxiliar en materia oral familiar especializada en atención de violencia familiar y violencia contra la mujer por razón de género, de este Distrito Judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con domicilio en Periférico Paseo de la República, número 6040, colonia Ex Ejido Emiliano Zapata, Morelia, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO: Le reclamo la ilegal, medida cautelar por medio de la cual decreto (sic) de pensión alimenticia provisional, a mi cargo y a favor de mi menor hija SOL ITZEL CÁRCAMO CÁRCAMO, dictada mediante auto de data 27 de mayo del año 2019, dentro del juicio ordinario familiar, número 136/2019, seguido en el Juzgado Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de género, de este Distrito Judicial de Morelia, del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Así mismo se reclama la ilegalidad de la medida provisional a favor de mi menor hija SOL ITZEL CÁRCAMO CÁRCAMO, sobre la orden de restricción, siendo que, al suscrito, se me prohíbe acercarme a mi hija. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se celebró el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, al tenor del acta que al efecto fue levantada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra actos que tienen ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción; esto es, esta ciudad de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados a la autoridad responsable, son los siguientes: El proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en el juicio ordinario oral familiar 136/2019, promovido por Celina Cárcamo Ojeda, sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, en contra del ahora quejoso Juan de Dios Cárcamo Escobar, en el que ordenó: El pago de la pensión alimenticia provisional a cargo del ahí demandado Juan de Dios Cárcamo Escobar, en favor de la menor de iniciales S.I.C.C., por la cantidad mensual de $3,080.04 (tres mil ochenta pesos con cuatro centavos 00/100 moneda nacional); y, La orden de restricción al quejoso Juan de Dios Cárcamo Escobar, con la prohibición de acercarse al domicilio donde habita la menor de iniciales S.I.C.C. y la parte actora del contradictorio natural, o al lugar en donde se encuentren; bajo apercibimiento legal que en caso de no acatar la orden de restricción en su contra, podrá ser consignado y/o sancionado en términos de la legislación penal, por incurrir en desobediencia a una orden judicial. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia de los actos que le fueron atribuidos. Tal afirmación se corrobora con las constancias consistentes en copia fotostática debidamente certificada de las constancias del juicio ordinario oral familiar 136/2019, promovido por Celina Cárcamo Ojeda, sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, en contra del ahora quejoso Juan de Dios Cárcamo Escobar, del índice del Juzgado Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en el que obra el auto pronunciado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PÚBLICOS." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En ese contexto, al no advertirse la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación. QUINTO. Estudio. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". Luego, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional aduce medularmente que el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido por la juez responsable en el que se dictaron las medidas cautelares ahora combatidas, es contrario a derecho por los siguientes motivos: I.- La medida provisional que estableció por concepto de alimentos provisionales el importe de treinta días de salarios mensual, es excesiva para su ingreso, pues por una parte, los alimentos son igualitarios, ya que su esposa también tiene la obligación de cubrirlos y, por la otra, la juez de primer grado no tomó en consideración sus circunstancias particulares para su fijación. II.- Además, arguye que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. III.- Asimismo, las medias cautelares pronunciadas por la responsable carecen de la debida fundamentación y motivación que se le exige a todo acto de autoridad. IV.- Por otra parte, argumenta que a su parecer, la medida cautelar de alimentos atenta en contra del principio de proporcionalidad; y, V.- De la misma forma, aduce que la medida de restricción dictada en su contra violenta los principios que fomentan la relación de convivencia paterno-filial, ya que la medida provisional debió ser encaminada al acercamiento del progenitor con su hija y no al contrario, pues estima que debe fijarse con las restricciones adecuadas, pero no suprimirse de manera tajante, pues ello irá en detrimento del interés superior del menor. Anteriores circunstancias por las cuales el promovente de amparo, solicita a este juzgado que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión. Tales asertos resultan infundados, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, conviene señalar que de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtienen los siguientes antecedentes: A través del escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Juez de Primera Instancia Auxiliar en Materia Oral Familiar, Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia Contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, Celina Cárcamo Ojeda, demandó en la vía ordinaria oral familiar el divorcio sin expresión de causa, del ahora quejoso Juan de Dios Cárcamo Escobar, sustentando su escrito inicial de demanda esencialmente en los siguientes antecedentes: I.- Contrajo matrimonio el veintiocho de febrero de dos mil con el ahora quejoso, procreando dos hijos de los cuales solamente uno de ellos es menor de edad. II.- Que a principios del mes de abril de dos mil éste último tuvo actitudes violentas con la actora pues además de insultarla, la aventó contra unos muebles de tal suerte que se golpeó en la nariz y los brazos, condiciones que continuaron hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en que la demandante salió del lugar que en ese entonces se estableció como domicilio conyugal, y luego de la revisión médica presentó la denuncia correspondiente. Por lo anterior, entre otras medidas cautelares, la accionante pidió al Juez que conociera de la demanda, que de manera provisional, se decretara el pago de una pensión alimenticia en favor de la menor SOL ITZEL CÁRCAMO CÁRCAMO; y, se apercibiera al ahora quejoso abstuviera de amenazar, injuriar o realizar llamadas telefónicas o mensajes; evitar conductas de violencia en agravio de ella o de su familia, causar daños a su persona, familiares, bienes propios y de los de su familia, además de acercarse a ella o a sus familiares, anexando las documentales que estimó convenientes. En proveído pronunciado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, radicó la demanda sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones a que se alude, la que admitió a trámite en la vía y términos propuestos en contra de Juan de Dios Cárcamo Escobar, a quien ordenó se le corriera traslado y realizara el respectivo emplazamiento para que diera contestación a la demanda incoada en su contra, manifestando su conformidad o en su defecto, exhibiera la contrapropuesta conducente y, en relación a las medidas cautelares solicitadas por la actora en ese juicio, la juez de primer grado determinó lo siguiente: ". en atención a lo dispuesto en los numerales 260, 464, 453, y 932 del Código Familiar de Michoacán, a petición de la parte actora, esta autoridad, de manera provisional, mientras dure la tramitación del presente juicio y hasta en tanto obren más datos objetivos sobre la capacidad económica del obligado alimentario, decreta como pensión alimenticia provisional a cargo del demandado Juan de Dios Cárcamo Escobar y a favor de la menor S.I.C.C., la cantidad mensual de tres mil ochenta pesos con cuatro centavos, la que corresponde a treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona económica, el cual asciende a la suma diaria de ciento dos pesos con sesenta y ocho centavos. En virtud de lo anterior, se autoriza a la actuaria de este juzgado, para que al momento de verificar el emplazamiento, requiera al demandado Juan de Dios Cárcamo Escobar, de la pensión provisional fijada, misma que deberá ser depositada los tres primeros días de cada mes, apercibiéndolo que de no hacerlo, a instancia de la parte interesada, se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el adeudo, los que serán puestos en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la propia embargante, previa la aceptación y protesta del cargo, lo mismo que el señalamiento del lugar designado para el depósito. (.) En la inteligencia de que la obligación de otorgar la pensión provisional fijada en el presente auto deberá de surtir efectos una vez que sea notificado de la misma; así como, que de demostrarse, con posterioridad, que el deudor alimentario tiene un empleo fijo, entonces dicho monto de dinero deberá descontarse del salario que éste reciba. (.) Ahora, dados los motivos que expone la solicitante en el sentido de que es víctima de violencia familiar, por la persona de Juan de Dios Cárcamo Escobar; resulta necesario atender la medida de protección que solicita, ya que al armonizar el contenido de los artículos 317, 324 y 325 del Código Familiar de Michoacán, establecen que se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar; que siempre que se hagan del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o cualquier lugar que frecuenten; siendo competente para ello, el juez del lugar en que se cometan los actos de violencia, el del lugar en que tenga su residencia habitual el violentado, y en casos de urgencia, será el del lugar donde este se encuentre. Bajo este cuadro jurídico, tenemos que se considera legalmente justificada la medida de protección que hace valer la actora, relativa a que se le prohíba al demandado acercarse al domicilio donde habita con su menor hija, o al lugar en donde se encuentren; amenazar, injuriar o realizar llamadas vía telefónica o mensajes de texto a la señora Celina Cárcamo Ojeda y a sus familiares; habida cuenta que dada la potestad de que se encuentra investido este Órgano Jurisdiccional para emitir cualquier medida tendiente a prevenir actos o situaciones de riesgo; medidas que pueden determinarse en cualquier momento, sin que ello implique que pueden considerarse como violatorias del debido proceso, en virtud de que por su carácter temporal, no atenta en modo alguno contra el principio y garantía de audiencia, ni propiedad del presunto agresor; de suerte que, acorde a esa gama de prerrogativas establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes, que se sustentan en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, en las que de su contenido y exégesis jurídica, basta tan solo la existencia de una situación de riesgo para que el Órgano Jurisdiccional emita las medidas más eficaces a efecto de evitar y prevenir que se siga en dicha situación, estado de riesgo; de ahí que, para la procedencia de la medida en trato, no es un requisito sine qua non (condición necesaria y esencial) la existencia, presencia, materialización del daño a la víctima, ya sea física o emocional; sino tan solo la posibilidad de una situación de riesgo para que el Órgano Jurisdiccional tutela tal prerrogativa, esto es, evitar, prevenir y erradicar esa situación, a efecto de garantizar esos derechos fundamentales de la víctima. De esa guisa, si en el caso que nos ocupa acontece esa situación de riesgo a la dignidad humana, innegablemente que resulta viable decretar como medida provisional a favor de la señora Celina Cárcamo Ojeda y de su menor hija de iniciales S.I.C.C., la orden de restricción a Juan de Dios Cárcamo Escobar, quien tiene su domicilio en (.) Por tanto, con las facultades que otorga a esta juzgadora el numeral 932 del Código Familiar de Michoacán, se ordena a la actuaria de este juzgado para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio del demandado, para que le haga saber, que se le prohíbe acercarse al domicilio donde habite la señora Celina Cárcamo Ojeda y su menor hija, o al lugar en donde se encuentren; (.)". La determinación anterior integra la presente litis constitucional, únicamente en lo que corresponde a las medidas cautelares emitidas en la determinación judicial a que se alude. En principio, previo a examinar los conceptos de violación formulados por el disidente, es necesario precisar que en relación a las medidas cautelares que son decretadas por la autoridad al admitirse una solicitud de divorcio sin expresión de causa, en el que además se invoca la existencia de violencia familiar, la ley de la materia no contempla recurso ordinario de impugnación de tal determinación. Lo anterior es así, pues el artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán, dispone: "Artículo 260.- Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia y sólo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de éstos, como lo sería: Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." Por su parte, el artículo 324, del Código Familiar del Estado de Michoacán, señala: "Artículo 324.- Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda." Asimismo, el artículo 464, del ordenamiento legal en consulta, establece: "Artículo 464.- En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; (.)." Además, los artículos 1087, 1092 y 1095 del Código Familiar del Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 1087.- en los procedimientos del orden familiar sólo será admisible el recurso de apelación." "Artículo 1092.- Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. (.)." "Artículo 1095.- Para que proceda la apelación contra autos o interlocutorias que no sean de las determinadas en el artículo 1092, se requiere disposición expresa de este Código." Como ya se precisó, la parte quejosa combate el auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en específico la parte en la que el juez responsable dictó como medidas cautelares la fijación provisional de alimentos y la restricción para aquel se acercara al domicilio donde habiten la allá actora y la menor hija o al lugar donde se encuentren. Por tanto, acorde a lo dispuesto en los preceptos 464, 1087, 1092 y 1095, del Código Familiar del Estado de Michoacan, el señalado auto de no es de los que la legislación estatal invocada establece pueda ser impugnado a través de recurso alguno, por lo que no es posible exigir la interposición de recurso ordinario alguno; por lo tanto, debe considerarse oportuna la presente instancia constitucional. Ahora bien, retomando los conceptos de violación invocados por el quejoso, el primero de ellos lo hace consistir en: La medida provisional que estableció por concepto de alimentos provisionales el importe de treinta días de salarios mensual, es excesiva para su ingreso, pues por una parte, los alimentos son igualitarios, ya que su esposa también tiene la obligación de cubrirlos y, por la otra, la juez de primer grado no tomó en consideración sus circunstancias particulares para su fijación. A efecto de analizar lo anterior, es necesario transcribir el contenido del artículo 443 del Código Familiar del Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 443.- Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, (.)." Es decir, se considera como alimentos, el derecho humano que tiene alguna persona para recibir de otra, lo suficiente para tener una vida digna que englobe la comida, el vestido, un lugar donde vivir, atención médica, educación y oficio, arte o profesión adecuados. Por lo tanto, tratándose de la solicitud de divorcio sin expresión de causa, acorde a lo dispuesto por el antes transcrito artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán, el juez oral familiar, debe proveer las medidas cautelares que le sean solicitadas por quien lo promueva, pero además, también debe pronunciarse respecto de aquellas que procedan de manera oficiosa, es decir, las que el juez oral familiar considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de éstos y a las circunstancias particulares de cada caso en específico. Entre tales medidas oficiosas, como ya se anotó, se encuentran la de fijar y asegurar los alimentos para el acreedor alimentista. En el particular a estudio, se advierte la consideración que al respecto realizó la juez familiar, al destacar la existencia de una menor, y establecer de manera provisional y mientras durara la tramitación del juicio la pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso Juan de Dios Cárcamo Escobar y a favor de la menor S.I.C.C., por la cantidad mensual de $3,000.04 (tres mil ochenta pesos con cuatro centavos 00/100 moneda nacional), que corresponde a treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona económica, que asciende a la suma diaria de ciento dos pesos con sesenta y ocho centavos, se encuentra ajustada a derecho. Pues, no debe soslayarse que dada la finalidad que tienen las medidas cautelares, esto es, garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, las cuales buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica -falta de suministrar alimentos-, el juez tiene la ineludible obligación de determinar lo conducente con los elementos con los que cuenta en ese momento, ponderando la protección a los menores de edad que se vean involucrados en los procesos jurisdiccionales sometidos a su arbitrio judicial, a efecto de garantizar en el tópico que aquí se analiza -alimentos-, que éstos no vean mermada su subsistencia al no percibir alimentos de quien legalmente está obligado a proporcionarlos, con la evasiva de que tal obligación corresponde a ambos progenitores, pues precisamente, tal punto atañe a cuestiones que deben ser dirimidas en la sentencia que ponga fin al procedimiento de primer grado, no así al momento en que se decreta una medida cautelar de esta naturaleza. De ahí que se advierta que la fijación de la suma monetaria para cubrir los alimentos en favor de la menor hija del quejoso resulta apegada a derecho, sin que pueda decirse que la misma no es igualitaria respecto a la que también se encuentra obligada a proporcionar la allá actora, pues debe estimarse que la ahora tercera interesada cumple con su obligación alimentaria, al tener a la menor incorporada a su domicilio, por lo que el pago de la pensión alimenticia solo corresponde a esa parte en cuanto obligado alimentista, pues es a quien no tiene a la menor bajo su custodia. Además, en lo que corresponde a la segunda parte del agravio que se analiza, relativo a que para tomar la determinación de fijar los alimentos, la juez oral familiar no tomó en consideración sus condiciones, por lo que excedió su arbitrio judicial. Debe destacarse que de acuerdo al artículo 851 del Código Familiar del Estado de Michoacán, dispone que ni para recibir información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien esta se pida, lo que evidencia que el juez de primer grado no tiene la obligación de analizar las circunstancias particulares de cada parte al momento de fijar una pensión provisional. Pues se insiste, cuando existan menores de edad, el juez oral familiar tiene la obligación de fijar la pensión provisional en el auto de admisión de la demanda de divorcio sin expresión de causa, tomando en cuenta únicamente los datos que hasta ese momento procesal le son proporcionados, lo que al efecto se estima fue considerado por la autoridad responsable. Lo anterior, pues incluso la Juez Oral Familiar, determinó: ". esta autoridad de manera provisional, mientras dure la tramitación del presente juicio y hasta en tanto obren más datos objetivos sobre la capacidad económica del obligado alimentario, decreta como pensión alimenticia provisional a cargo del demandado Juan de Dios Cárcamo Escobar y a favor de la menor S.I.C.C., la cantidad mensual de tres mil ochenta pesos con cuatro centavos, la que corresponde a treinta días de salario mínimo general vigente en esta zona económica, el cual asciende a la suma diaria de ciento dos pesos con sesenta y ocho centavos." De ahí que se estime que la responsable no excedió su arbitrio judicial como lo señala el quejoso, pues ciñó la determinación de la que ahora se duele el quejoso, acorde a lo dispuesto por el artículo 464 ya transcrito. Además, no obstante su inconformidad, se estima apegada a la legalidad la determinación de la responsable, pues incluso la fijación de la medida provisional de alimentos, la realizó acorde al salario mínimo general vigente en esta zona económica y no en unidades de medida y actualización (UMA), lo que si generaría un agravio al quejoso. A lo anterior se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo registro y texto es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2018733 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II Materia(s): Civil Tesis: VII.1o.C. J/17 (10a.) Página: 863 PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBE FIJARSE, EN LOS CASOS QUE ASÍ PROCEDA, TOMANDO COMO BASE O REFERENCIA EL SALARIO MÍNIMO Y NO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 368/2017. 22 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda. Amparo directo 1030/2017. 27 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretaria: María Esther Alcalá Cruz. Amparo directo 131/2018. 29 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Víctor Manuel Moreno Velázquez. Amparo directo 204/2018. 29 de junio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda. Amparo directo 226/2018. 9 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio. Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de diciembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Por lo tanto, el anterior concepto de violación se estima infundado. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando señala en su segundo concepto de violación que para decretar las medidas cautelares contenidas en el proveído pronunciado por la responsable el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior se afirma en virtud de que al realizar el análisis del proveído que contiene las medidas cautelares materia de este juicio constitucional, se advierte que la juez responsable constriñó su determinación a lo dispuesto en los artículos 260, 324 y 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, pues en el auto que tuvo por recibida la demanda de divorcio sin expresión de causa, decretó las medidas cautelares que establece la ley, con el fin de no transgredir los derechos humanos de la menor de iniciales S.I.C.C., pues al efecto en acatamiento a los citados preceptos legales, de inmediato decretó las medidas cautelares que le fueron pedidas y que además resultaban procedentes, sin que para esto último la ley establezca que debe otorgarse audiencia previa al demandado, pues todo ello se provee atendiendo al interés superior del menor y con los elementos con los que se cuente en ese momento procesal. Además, no debe soslayarse que las medidas cautelares ahora combatidas no son actos definitivos, sino en todo caso se trata de actos de molestia que en la especie reúnen los requisitos necesarios para reputarse como tales, ya que fueron emitidos por escrito por una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, en términos de la codificación familiar aplicable, las cuales tienden a proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. De ahí que no se vulnere su garantía de audiencia previa, dado que como queda demostrado, no se trata de un mandamiento privativo de derecho que resulte definitivo y en el que deban regir las formalidades establecidas por el artículo 14 de la Constitución Federal. A lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 196727 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Marzo de 1998 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 21/98 Página: 18 MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia. Amparo en revisión 284/94. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Laura G. de Velasco de J. O'Farril. Amparo en revisión 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de julio de 1996. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason. Amparo en revisión 1749/94. Adalberto Hernández Pineda y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo directo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho. De igual forma, es aplicable al respecto el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "Época: Décima Época Registro: 2011438 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CXII/2016 (10a.) Página: 1151 VIOLENCIA FAMILIAR. EL DICTADO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NO VULNERA LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, AUDIENCIA O PROPIEDAD DEL PRESUNTO AGRESOR. El hecho de que el juzgador determine el dictado de medidas de prevención en los casos de violencia familiar, ya sea al admitir la demanda o durante su proceso, no vulnera los derechos al debido proceso, audiencia o propiedad del agresor, ya que, por un lado, tales medidas no son definitivas y, por otro, merecen un grado de protección menor frente a los valores y derechos que se pretenden proteger. De esta forma, las medidas de urgencia no tienen por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado, sino únicamente un propósito de interés general, consistente en prevenir un acto de violencia más en contra de las víctimas; por lo que tales medidas tienen únicamente alcances precautorios y cautelares, además de estar fundadas en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Amparo directo en revisión 6141/2014. 26 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación." De ahí que el segundo concepto de violación que externa el quejoso, también se considera infundado. Lo anterior no quiere decir que el aquí quejoso no esté en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes en relación con la providencia ya emitida; no obstante, ello deberá hacerlo dentro del procedimiento de origen para que el juez familiar determine lo conducente, sin que ahora pueda estimarse que el actuar de la autoridad responsable, le ha dejado en estado de indefensión. Además, al margen de los razonamientos expuestos con antelación, se insiste en que la medida no se trata de un acto definitivo en el que permeara la garantía de audiencia previa a su dictado -pues no se requería que el quejoso fuera escuchado en forma previa, debido precisamente a la naturaleza provisional de la medida-, por lo cual, el quejoso, lógicamente, no tuvo oportunidad de aportar pruebas hasta antes de ese momento. De ahí que si el quejoso insiste en que existen elementos que pudieran abonar a la determinación tomada dentro de la medida cautelar solicitada, ello será materia de un estudio posterior, sin que en este juicio constitucional pueda emprenderse un mayor análisis, dada la naturaleza del acto reclamado. Por otra parte, en relación a la falta de motivación y fundamentación que señala el quejoso como tercer concepto de violación, cabe precisar que contrario a su estimación, del auto pronunciado por la responsable el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se advierten los preceptos legales que invocó y que de acuerdo a los hechos que le fueron planteados, aplicó con el fin de emitir su determinación. Por lo tanto con el señalamiento de los artículos en que sustentó su determinación, además del relato de las circunstancias que motivaron su proceder, se estima que el acto reclamado sí se encuentra fundado y motivado. Máxime que el promovente del amparo nada dijo en el sentido de que los preceptos invocados por la responsable sean incorrectos. En ese mismo sentido, conviene abundar en el sentido de que el cumplimiento de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, en lo que aquí interesa, tratándose de resoluciones jurisdiccionales la garantía constitucional de referencia se satisface sin necesidad de que se invoquen de manera expresa los preceptos que las funden, siempre que de la misma se pueda advertir con claridad el precepto normativo en que se sustente, esto porque los actos jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos materia del debate. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis que se cita a continuación: "Época: Novena Época Registro: 191358 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P. CXVI/2000 Página: 143 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Amparo directo en revisión 1936/95. Industrias Peredia, S.A. de C.V. 22 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.". (Lo subrayado es propio). De manera que bastaba con que la autoridad expresara con claridad las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo para que pudiera hacer del conocimiento de las partes los preceptos legales que sirvieron de sustento para la resolución combatida. En ese contexto, el concepto de violación que hace consistir en que a su parecer, la medida cautelar de alimentos atenta en contra del principio de proporcionalidad resulta de igual forma infundado. Lo anterior se estima de esa manera toda vez que no debe perderse de vista que tratándose de las medidas cautelares serán revisadas al momento de la celebración de la audiencia preliminar. Por lo tanto, resulta evidente que al tratarse de una medida cautelar, cuando no se cuente con mayores datos, tal principio no puede operar en toda su amplitud en el dictado de alimentos provisionales, de ahí que no exista la violación que alega el quejoso. Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 178961 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Marzo de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 9/2005 Página: 153 PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación. Contradicción de tesis 108/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 9/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de enero de dos mil cinco. En la misma manera, es conveniente invocar la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, cuya ubicación y contenido son: "Época: Décima Época Registro: 2016331 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV Materia(s): Civil Tesis: VII.1o.C. J/13 (10a.) Página: 3181 PENSIÓN ALIMENTICIA. SU LÍMITE TEMPORAL EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO, ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA VII.1o.C. J/5 (10a.) (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Del artículo 242 del Código Civil para el del Estado de Veracruz, se advierte que la amplitud del principio de proporcionalidad, no solamente implica un estudio de la capacidad económica del deudor frente a la necesidad de alimentos del acreedor, sino que también vincula al juzgador a analizar otras circunstancias concretas de cada caso, con el objeto de verificar que la obligación alimentaria sea proporcional y justa, no sólo cuando se origina, sino durante su vigencia, impidiendo que se torne desproporcionada y carezca de justificación. Así, uno de los límites de la proporcionalidad a tomar en cuenta, consiste en la razonabilidad de su duración, la cual si bien es un tema complejo de definir, lo cierto es que un primer parámetro válido para la subsistencia de la obligación alimentaria, podría ser que la duración sea igual al tiempo que duró la relación de pareja que motivó la obligación, el cual se estima razonable para que no constituya una carga desproporcionada para el deudor; sin pasar por alto la posible actualización de situaciones extraordinarias en las que podrá decretarse una pensión vitalicia a favor del ex cónyuge necesitado, derivado de la edad o estado de salud o cualquier otra circunstancia que lo imposibilite a obtener medios suficientes para su subsistencia. Por tanto, una obligación alimentaria que carece de un límite temporal, conlleva el riesgo de que desnaturalice el objeto de su fijación, que no es otro que el ex cónyuge que se encuentre en situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico, desarrolle aptitudes que hagan posible que se coloque en posición de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia a un grado tal que tenga una vida digna y decorosa. Derivado de lo anterior, este órgano colegiado se aparta del criterio sustentado en la jurisprudencia VII.1o.C. J/5 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO, LA CONDENA A SU PAGO DEBE HACERSE CONFORME A LAS DIRECTRICES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ES DECIR, ATENTO AL ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES, AL DECRETARSE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.)]." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 163/2017. 17 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Víctor Manuel Moreno Velázquez. Amparo directo 283/2017. 24 de noviembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Martín Ramón Brunet Garduza. Amparo directo 98/2017. 1 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretaria: Keramín Caro Herrera. Amparo directo 191/2017. 8 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda. Amparo directo 300/2017. 14 de diciembre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Ramírez Gómora. Secretario: Antonio Bandala Ruiz. Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa VII.1o.C. J/5 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO, LA CONDENA A SU PAGO DEBE HACERSE CONFORME A LAS DIRECTRICES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ES DECIR, ATENTO AL ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES, AL DECRETARSE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. CDXXXVIII/2014 (10a.)].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 1725. En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas jurisprudenciales 1a./J. 22/2017 (10a.) y 1a./J. 27/2017 (10a.), de títulos y subtítulos: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS SE ENCUENTRA CONDICIONADA A QUE SE ACREDITE, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS)." y "PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS).", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo I, junio de 2017, páginas 388 y 391, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 02 de marzo de 2018 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 05 de marzo de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. También resulta importante invocar la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2014571 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 27/2017 (10a.) Página: 391 PENSIÓN ALIMENTICIA DERIVADA DE LOS JUICIOS DE DIVORCIO. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE CONSIDERAR PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA ACORDE AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO, VERACRUZ Y ANÁLOGAS). La institución de alimentos se rige por el principio de proporcionalidad, conforme al cual éstos han de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. Para cumplir con esa finalidad, en el caso de su imposición en un juicio de divorcio, el juzgador deberá determinar qué debe comprender el concepto de una vida digna y decorosa, según las circunstancias del caso concreto; apreciar la posibilidad de uno de los cónyuges para satisfacer, por sí, los alimentos que logren dicho nivel de vida; y determinar una pensión alimenticia suficiente para colaborar con dicho cónyuge en el desarrollo de las aptitudes que hagan posible que, en lo sucesivo, él mismo pueda satisfacer el nivel de vida deseado. En esa labor, deberá tomar en cuenta los acuerdos y roles aceptados, explícita e implícitamente, durante la vigencia del matrimonio; así como la posible vulnerabilidad de los cónyuges para lograr que se cumpla con los objetivos anteriormente planteados. Contradicción de tesis 359/2014. Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de octubre de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis y/o criterios contendientes: El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 570/2013, señaló que la obligación de proporcionar alimentos que nace del matrimonio, es diversa a la que se implementa como consecuencia del divorcio, ya que la primera tiene su fuente en el artículo 433 del Código Civil para el Estado de Jalisco, mientras que la segunda en el numeral 419 de dicho ordenamiento, por lo que concluyó que es suficiente la existencia de un veredicto que disuelva el vínculo matrimonial y que declare inocente a uno de los cónyuges, para que éste tenga derecho a percibir alimentos hasta en tanto que no contraiga nuevas nupcias y tenga un modo honesto de vivir. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 477/2012, sostuvo la tesis aislada VII.2o.C.21 C (10a.), de rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. NO NACE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS A FAVOR DEL INOCENTE, EN LOS CASOS DE DIVORCIO FUNDADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, SI NO ESTÁ DEMOSTRADA SU NECESIDAD.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 1891, con número de registro digital: 2002446. Tesis de jurisprudencia 27/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En torno al último concepto de violación invocado por la quejosa, en el sentido de que la medida de restricción violenta los principios que fomentan la relación de convivencia paterno-filial, pues ello deviene en detrimento del interés superior del menor. Debe precisarse que el mismo resulta infundado, ya que si bien, cuando se encuentra de por medio el desarrollo físico, psicológico y emocional de un menor, lo cual es una cuestión de interés social y de orden público y de controversias del orden familiar, el principio fundamental que debe tener en cuenta el juzgador es el interés superior del menor, considerando de ese modo, entre otros el derecho que a éstos les asiste de que no sean separados de sus padres en contra la voluntad de éstos, lo cierto es, que lo anterior debe privilegiarse únicamente cuando dicha convivencia con sus progenitores no represente un peligro para os menores y además se desarrolle en un ambiente favorable de desarrollo físico, psicológico y emocional. No obstante ello, de las constancias que remitió la autoridad responsable se obtiene que ante la manifestación de violencia familiar, el juez estuvo obligado a decretar la medida cautelar de conformidad con lo dispuesto por los numerales 317, 324 y 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán y al efecto precisó que por su carácter de temporal, no atentan contra el principio y garantía de audiencia, ni propiedad del presunto agresor, pues en el caso basta tan solo posibilidad de la existencia de una situación de riesgo para que el órgano jurisdiccional emita las medidas más eficaces a efecto de evitar y prevenir que se siga en dicha situación, estado de riesgo, sin perjuicio de lo que se llegue a demostrar al respecto con posterioridad en el juicio de origen. Por lo que es evidente que la responsable en el auto admisorio de la demanda de divorcio sin expresión de causa, pronunciado el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, valoró la posible situación de riesgo para la menor y de manera provisional proveyó respecto a la restricción de que se habla. A lo anterior se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con localización y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181312 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2004 Página: 138 MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad. Contradicción de tesis 141/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 21 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 28/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de abril de dos mil cuatro. Nota: La tesis P./J. 21/98 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 18, con el rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA." Además, el promovente del amparo nada dijo en el sentido de que los elementos que fueron proporcionados por la actora dentro del juicio del que derivan las medidas cautelares reclamadas sean insuficientes para que el juez de origen proveyera en los términos en que lo hizo, de ahí que no pueda analizarse en esta instancia de control constitucional tal aspecto. En esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse la protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan de Dios Cárcamo Escobar, respecto de los actos reclamados a la Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de este Distrito judicial, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 690/2019-II, promovido por Juan de Dios Cárcamo Escobar, por propio derecho, contra actos del Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por Razón de Género, de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; y, ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan de Dios Cárcamo Escobar, respecto de los actos reclamados a la Juez Auxiliar en Materia Oral Familiar Especializada en Atención de Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer por razón de Género de este Distrito judicial, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe, hoy cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil diecinueve. SE ORDENA PRACTICAR NOTIFICACIONES A LOS TERCEROS INTERESADOS POR MEDIO DE LISTA. Ahora, vistas las constancias que integran la comunicación oficial que se recibe, así como la certificación de cuenta, de las que se advierte que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a Carolina Sandoval Bolaños, tutora especial de la menor de iniciales S.I.C.C, en proveído de doce de julio del año en curso, a fin de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hayan hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y en términos de lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.FMO
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