Juan Claudio Fernández Ayala
Expediente 450/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Claudio Fernández Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución interlocutoria de catorce de diciembre de este año, dictada en el incidente de falta de personería derivada del expediente especial número J-V-08/2018, donde además se ordenó levantar la suspensión del procedimiento y se señalaron día y hora para la audiencia de aprobación de formato de boleta de votación para la diligencia de recuento en la etapa que quedó en la audiencia de treinta de noviembre de este año (audiencia de aprobación donde se imponen diversos lineamientos dados en la ejecutoria de amparo); y con lo cual, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos para que obren únicamente como constancia los oficios signados por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral y por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, ambos con residencia en Zamora, Michoacán, toda vez que mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo de amparo en que se actúa. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. SE DA CUENTA CON ESCRITO. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, este juzgado acuerda: PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que anexa a su escrito de cuenta la parte quejosa. Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 00472/2019 por el delito de lesión en razón de parentesco o relación en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Zamora, el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 00472/2019 por el delito de lesión en razón de parentesco o relación en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez. Por lo tanto, si de las constancias allegadas por la parte quejosa, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el nueve de septiembre del año en curso, la autoridad responsable tuvo a la víctima directa otorgando el más amplio perdón en favor del aquí quejoso y desistiéndose de toda pretensión de su parte, dejando así sin efectos la audiencia intermedia señalada para las dieciocho horas del diez de septiembre del año en curso; de ahí que mediante diverso proveído de veinte de octubre del año en curso, se tuvo al Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, desistiéndose de la acción penal a favor del aquí quejoso Juan Claudio Fernández Ayala, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de lesiones en razón de parentesco en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez. Determinando así el Juez responsable la extinción de la acción penal respecto del hecho por el cual, el ministerio público ejercitó acción penal en contra de Juan Claudio Fernández Ayala, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor del aquí quejoso, con efecto de sentencia absolutoria, lo cual puso fin al procedimiento, de ahí que resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Por lo que, proceda SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el dos de diciembre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al supuesto de sobreseimiento que se actualiza, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. SE DA CUENTA CON ESCRITO. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento a su contenido, este juzgado acuerda: PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que anexa a su escrito de cuenta la parte quejosa. Ahora bien, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 00472/2019 por el delito de lesión en razón de parentesco o relación en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, Región Zamora, el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 00472/2019 por el delito de lesión en razón de parentesco o relación en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez. Por lo tanto, si de las constancias allegadas por la parte quejosa, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que el nueve de septiembre del año en curso, la autoridad responsable tuvo a la víctima directa otorgando el más amplio perdón en favor del aquí quejoso y desistiéndose de toda pretensión de su parte, dejando así sin efectos la audiencia intermedia señalada para las dieciocho horas del diez de septiembre del año en curso; de ahí que mediante diverso proveído de veinte de octubre del año en curso, se tuvo al Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, desistiéndose de la acción penal a favor del aquí quejoso Juan Claudio Fernández Ayala, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de lesiones en razón de parentesco en agravio de Julia Hilgareda Torres Vázquez. Determinando así el Juez responsable la extinción de la acción penal respecto del hecho por el cual, el ministerio público ejercitó acción penal en contra de Juan Claudio Fernández Ayala, por lo que decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor del aquí quejoso, con efecto de sentencia absolutoria, lo cual puso fin al procedimiento, de ahí que resulta incuestionable que HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Por lo que, proceda SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el dos de diciembre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al supuesto de sobreseimiento que se actualiza, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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