Juan Daniel Larios López

Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
683/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Juan Daniel Larios López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra del auto de treinta de noviembre del año próximo pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. En otro aspecto, como lo dispone el diverso artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Juez Municipal de Ixtacuixtla, de Mariano Matamoros Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada de la orden de protección y restricción de veintinueve de enero de la presente anualidad. Antecedentes del Juicio de Amparo De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso por escrito presentado en buzón judicial y recibido el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, señaló como actos reclamados: a) La orden de restricción de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. b) La omisión de notificar la orden de restricción; c) La omisión de dar vista a la autoridad competente, a efecto de que se inicie el procedimiento que corresponda que ratifique o modifique la citada orden. Ahora, la Encargada del Juzgado Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, en su carácter de autoridad ordenadora, al rendir su informe justificado, señaló que cesaron los efectos de los actos reclamados, debido a que en los archivos que obran en su juzgado, se encontró el antecedente de la orden de protección y restricción concedidas a favor de Cristal Velázquez Lozada y de las menores de identidad reservada e identificadas con las iniciales D.L.V. y M.L.V., en contra del quejoso Juan Daniel Larios López, decretada el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno; y que dicha orden de protección ceso sus efectos en el mes de marzo del mismo año. Lo señalado por la autoridad responsable, se encuentra corroborado con la copia certificada de la orden de protección que remitió con su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que efectivamente el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, de decretó orden de protección y restricción concedidas a favor de **** y de las menores de identidad reservada e identificadas con las iniciales D.L.V. y M.L.V., en contra del quejoso ****, con fundamento en lo previsto por el artículo 47 de la Ley que garantiza a las Mujeres a una vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, el que dispone: Artículo 47. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, estas se constituyen fundamentalmente en precautorias y cautelares, podrán otorgarse de oficio o a petición de parte, por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o de violencia en contra de la mujer en cualquiera de sus modalidades, tienen por objeto evitar en todo momento que la persona agresora, por sí o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima y/o víctimas indirectas. Las órdenes de protección tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas y, en su caso, de las víctimas indirectas; mismas que se deberán dictar e implementar con base en los siguientes principios: I. Principio de protección: considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; II. Principio de necesidad y proporcionalidad: las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; III. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiere su situación; VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un sólo acto y de forma automática, y VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudiera impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad. VIII. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de: identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor riesgo. En materia de violencia política, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere la presente sección. De la transcripción anterior, se llega a la conclusión que las órdenes de protección tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas. Por lo que tomando en consideración que la orden de protección reclamada fue dictada el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, resulta evidente que dejó de surtir efecto legal alguno, el veintinueve de marzo siguiente, ya que de conformidad con el segundo párrafo del 47, de la Ley que garantiza a las Mujeres a una vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, su duración fue de sesenta días naturales, sin que obre en autos constancia alguna que demuestre se haya prorrogado. En consecuencia, al hacer dejado de surtir efectos la orden de protección reclamada, corren la misma suerte las omisiones de notificar dicha orden y de dar vista a la autoridad competente con la misma, a efecto de que se inicie el procedimiento que corresponda. Por tanto, resulta claro que en el caso al presentarse la demanda de amparo (diecisiete de agosto de dos mil veintiuno) los actos reclamados no existían. Asimismo, los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, Director de la Comisión Estatal de Seguridad en su denominación correcta, y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur, Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Titular de la Mesa Dos, Región Sur, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos reclamados. Sin que el quejoso aportara prueba alguna de su parte tendiente a desvirtuar tales negativas. Por tanto, se infiere que no existen los actos reclamados por el quejoso, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI. 1o. 102 K, del Semanario Judicial de la Federación, con los datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 210529 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Septiembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: XXI. 1o. 102 K Página: 349 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Se deja sin efectos audiencia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con trece minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa para que conste como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Juez Municipal de Ixtacuixtla, de Mariano Matamoros Tlaxcala, a través del cual remite copia certificada de la orden de protección y restricción de veintinueve de enero de la presente anualidad. Antecedentes del Juicio de Amparo De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el quejoso por escrito presentado en buzón judicial y recibido el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, señaló como actos reclamados: a) La orden de restricción de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. b) La omisión de notificar la orden de restricción; c) La omisión de dar vista a la autoridad competente, a efecto de que se inicie el procedimiento que corresponda que ratifique o modifique la citada orden. Ahora, la Encargada del Juzgado Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, en su carácter de autoridad ordenadora, al rendir su informe justificado, señaló que cesaron los efectos de los actos reclamados, debido a que en los archivos que obran en su juzgado, se encontró el antecedente de la orden de protección y restricción concedidas a favor de Cristal Velázquez Lozada y de las menores de identidad reservada e identificadas con las iniciales D.L.V. y M.L.V., en contra del quejoso Juan Daniel Larios López, decretada el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno; y que dicha orden de protección ceso sus efectos en el mes de marzo del mismo año. Lo señalado por la autoridad responsable, se encuentra corroborado con la copia certificada de la orden de protección que remitió con su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que efectivamente el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, de decretó orden de protección y restricción concedidas a favor de **** y de las menores de identidad reservada e identificadas con las iniciales D.L.V. y M.L.V., en contra del quejoso ****, con fundamento en lo previsto por el artículo 47 de la Ley que garantiza a las Mujeres a una vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, el que dispone: Artículo 47. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, estas se constituyen fundamentalmente en precautorias y cautelares, podrán otorgarse de oficio o a petición de parte, por el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o de violencia en contra de la mujer en cualquiera de sus modalidades, tienen por objeto evitar en todo momento que la persona agresora, por sí o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima y/o víctimas indirectas. Las órdenes de protección tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas y, en su caso, de las víctimas indirectas; mismas que se deberán dictar e implementar con base en los siguientes principios: I. Principio de protección: considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; II. Principio de necesidad y proporcionalidad: las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentre la persona destinataria, y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; III. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima, y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo; V. Principio de accesibilidad: se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiere su situación; VI. Principio de integralidad: El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un sólo acto y de forma automática, y VII. Principio pro persona: Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima, tratándose de niñas siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudiera impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad. VIII. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de: identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión, o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor riesgo. En materia de violencia política, el Tribunal Electoral de Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere la presente sección. De la transcripción anterior, se llega a la conclusión que las órdenes de protección tendrán una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días, para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas. Por lo que tomando en consideración que la orden de protección reclamada fue dictada el veintinueve de enero del año dos mil veintiuno, resulta evidente que dejó de surtir efecto legal alguno, el veintinueve de marzo siguiente, ya que de conformidad con el segundo párrafo del 47, de la Ley que garantiza a las Mujeres a una vida libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, su duración fue de sesenta días naturales, sin que obre en autos constancia alguna que demuestre se haya prorrogado. En consecuencia, al hacer dejado de surtir efectos la orden de protección reclamada, corren la misma suerte las omisiones de notificar dicha orden y de dar vista a la autoridad competente con la misma, a efecto de que se inicie el procedimiento que corresponda. Por tanto, resulta claro que en el caso al presentarse la demanda de amparo (diecisiete de agosto de dos mil veintiuno) los actos reclamados no existían. Asimismo, los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, Director de la Comisión Estatal de Seguridad en su denominación correcta, y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur, Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Titular de la Mesa Dos, Región Sur, adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos reclamados. Sin que el quejoso aportara prueba alguna de su parte tendiente a desvirtuar tales negativas. Por tanto, se infiere que no existen los actos reclamados por el quejoso, siendo procedente por lo mismo sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI. 1o. 102 K, del Semanario Judicial de la Federación, con los datos siguientes: "Época: Octava Época Registro: 210529 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Septiembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: XXI. 1o. 102 K Página: 349 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Se deja sin efectos audiencia. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con trece minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jesús Federico Rojas Pesquera que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurre el término para que la autoridad responsable Encargada del Juzgado Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, de cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, como puede observarse del acuse de recibo de veintidós del mes y año en cita. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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