Juan Castillo Urbina
Expediente 1150/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala
- Juan Castillo Urbina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que en su primer resolutivo sobresee y en el segundo negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En mérito de lo anterior, devuélvanse las constancias que adjuntó la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, sin que resulte necesario solicitar el acuse, toda vez que en su momento correrá agregado el mismo, una vez que se realice la devolución respectiva. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1150/2022, promovido por Juan Castillo Urbina, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Juan Castillo Urbina, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 2. Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la primera autoridad, la omisión de tomar todas las medidas necesarias, a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen, así como resolver el incidente de liquidación planteado por la parte actora del juicio administrativo. Tocante a la segunda autoridad, la omisión de dar cumplimiento total a la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen. SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, respecto a los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, toda vez que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado a dicha autoridad -omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada a su favor- no era un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no fue emitido en función de lo facultado por alguna norma general, sino con motivo de la relación contractual, entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable; asimismo, se admitió a trámite la presente demanda y se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien formuló pedimento, se emplazó al tercero interesado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos se señalaron día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia son de naturaleza administrativa y la demanda de amparo se presentó en la jurisdicción de este órgano de control de constitucionalidad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá a fijarlos en forma clara y precisa. Así, se advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. La omisión de tomar todas las medidas necesarias, a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo 732/2018, y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo de origen; y, La omisión de resolver el incidente de liquidación de sentencia presentado por el recurrente el ocho de abril de dos mil veintidós, en el aludido juicio administrativo 732/2018. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, consistente en la emisión de la sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve; sin embargo no eran ciertos, los actos reclamados relativos a la omisión de tomar las medidas necesarias para el total cumplimiento de la citada sentencia, lo anterior, debido a que el impulso procesal corresponde a las partes, aunado a que en diversos acuerdos ha requerido el cumplimiento de la sentencia, haciendo efectivos los apercibimientos decretados; asimismo, también negó el acto reclamado referente a la omisión de dictar la interlocutoria relativa a la liquidación de sentencia formulada por el recurrente Juan Castillo Urbina. Empero, debe tenerse por cierto el acto reclamado por el quejoso, pues del propio informe justificado se advierte que la autoridad responsable manifestó que emitió dicha interlocutoria el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente de origen 732/2018-3 de su índice, el cual adjuntó en copia certificada a su informe justificado; sin embargo, dicha determinación fue notificada hasta el cuatro de octubre de dos mil veintidós a la ahora quejosa, por lo cual a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintisiete de septiembre de dos mil veintidós), no se había notificado a la impetrante la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia que formuló. Por tanto, es evidente que la referida autoridad responsable con tales documentales evidenció la existencia del acto reclamado, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es pertinente examinar las causas de improcedencia o de sobreseimiento que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de oficio por este órgano jurisdiccional, dado que la improcedencia del amparo es una cuestión de orden público y, una institución por virtud de la cual el órgano de amparo se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En el caso, de las constancias que se allegaron al presente juicio de amparo, la suscrita Juez considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo anterior al haber cesado en sus efectos los actos reclamados consistentes en: b), La omisión de resolver el incidente de liquidación de sentencia presentado por el recurrente el ocho de abril de dos mil veintidós, en el juicio administrativo 732/2018. A efecto de demostrar lo anterior, se transcribe el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual es del contenido siguiente: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]. Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y, esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino también como la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. En esa línea, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando, ante la inexistencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Así, de las pruebas que ofreció la responsable a su informe justificado, se advierte que: Mediante interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, no se aprobó la liquidación de sentencia presentada por el recurrente Juan Castillo Urbina, el ocho de abril de dos mil veintidós, en el aludido juicio administrativo 732/2018, dejando a salvo sus derechos, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimase conveniente (fojas 270 a 275 del cuaderno de pruebas formado con las constancias remitidas por la autoridad responsable), la que se notificó por medio de estrados al recurrente y ayuntamiento demandado el cuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 276 a 279). De lo anterior, se advierte que el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, resolvió la liquidación de sentencia formulada por el recurrente Juan Castillo Urbina, en el sentido de que no era procedente aprobar la planilla de liquidación hecha valer, dejando a salvo sus derechos, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimase conveniente (fojas 270 a 275 del cuaderno de pruebas formado con las constancias remitidas por la autoridad responsable); la cual fue notificada por medio de estrados al recurrente y al ayuntamiento demandado el cuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 276 a 279), de ahí que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos. Entonces, tales circunstancias evidencian la actualización del motivo de improcedencia previsto en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, y como se adelantó, ante la actualización de la causal de improcedencia en estudio se sobresee en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto a la omisión de dictar la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de sentencia formulado por el recurrente y ahora quejoso, reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. En consecuencia, toda vez que las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni la suscrita advierte que se actualice alguna otra; por tanto, se procederá al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, respecto al restante acto reclamado, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis del asunto, es pertinente narrar algunos antecedentes que se advierten de la copia certificada deducida del expediente 732/2022-3, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que fue remitido por la responsable. ANTECEDENTES. 1. Por escrito de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, Juan Castillo Urbina, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión, ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en contra del acto administrativo relativo al despido injustificado de que fue objeto por parte del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, señalando como domicilio para ser emplazado a juicio, el ubicado en el Palacio Municipal, sin número, colonia centro, de Huamantla, Tlaxcala, reclamando diversas prestaciones (fojas 3 a 29, del tomo de pruebas). 2. Por lo que el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, radicó el expediente con el número 159/2017, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Juan Castillo Urbina, por su propio derecho, en contra del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, por lo que ordenó emplazar a juicio a la referida persona moral oficial, por conducto de quien legalmente lo representara, en el domicilio proporcionado por el recurrente, y le concedió el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del citado proveído, a fin de que rindiera el informe respecto al acto reclamado y presentara las pruebas que estimase convenientes en relación al citado acto (fojas 30 a 35), emplazamiento que se llevó a cabo el tres de agosto de dos mil diecisiete (fojas 35 vuelta a 37). 3. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo al Síndico del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, rindiendo el informe solicitado en representación del citado ayuntamiento (fojas 82 a 84). 4. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el expediente 159/2017, de la extinta Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que ordenó radicar el expediente, con el número 732/2018 (fojas 133). 5. El uno de febrero de dos mil diecinueve el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, declaró la nulidad absoluta del acto administrativo consistente en la destitución injustificada como policía del Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, ocurrida el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, y condenó al referido Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, ocurrida el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, y condenó al referido Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, a realizar el pago de la indemnización constitucional, remuneración diaria ordinaria, salarios devengados, prima vacacional, aguinaldo, así como al pago de todas y cada una de las prestaciones que se omitió hacer ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, a favor del ahora quejoso Juan Castillo Urbina y absolvió a la autoridad responsable del pago al recurrente de las prestaciones que no fueron condenadas en dicha resolución (fojas 138 a 163 del tomo de pruebas). 6. Por auto de quince de mayo de dos mil diecinueve a petición del recurrente Juan Castillo Urbina, se declaró que la sentencia de nulidad había quedado firme y se requirió su cumplimiento, para lo cual se otorgó un plazo de tres días a la autoridad demandada y se le apercibió con la imposición de una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a diez unidades de medida y actualización (fojas 184 a 188). 7. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, atento a lo solicitado por el recurrente Juan Castillo Urbina, se hizo efectivo el apercibimiento relativo y se impuso a la autoridad demandada una multa por la cantidad equivalente a diez unidades de medida y actualización; asimismo, se le requirió para que cumpliera con la sentencia de nulidad, para lo cual se le otorgó un plazo de tres días y se le apercibió con la imposición de una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a veinte unidades de medida y actualización, del mismo modo apercibió a la responsable con darle vista al Ministerio Público con el expediente, para que procediera conforme a derecho (fojas 189 a 191); por lo que en relación a la multa impuesta giró el oficio TJA-486/2019 al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el que consta que fue recibido en dicha dependencia el trece de septiembre de dos mil diecinueve (foja 193). 8. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, a petición del recurrente, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se impuso a la autoridad demandada una multa por la cantidad equivalente a veinte unidades de medida y actualización, para lo cual se giró oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 194 y 195); por lo que se giró el oficio TJA-607/2019 al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el que consta que fue recibido en dicha dependencia el tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 196). 9. En auto de cinco de febrero de dos mil veinte, en atención a lo solicitado por el recurrente, se requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia de nulidad y se le apercibió con la imposición de una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización (foja 197). 10. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de lo solicitado por el recurrente, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se impuso a la autoridad demandada una multa por la cantidad equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización, para lo cual se giró oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; de igual manera, se requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia de nulidad y se le apercibió con la imposición de una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a ochenta unidades de medida y actualización; asimismo, se estableció que no era procedente dictar auto de ejecución con motivo de la actualización de cantidades que presentó la parte actora, debido a que omitió atender lo previsto en los artículos 574, 575 y 576 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria, a la Ley de Procedimiento Administrativo en el Estado de Tlaxcala (fojas 208 a 213); por lo que respecto a la multa impuesta, se giró el oficio TJA-100/2021 al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el que consta que fue recibido en dicha dependencia el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (foja 215). 11. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia formulado por el recurrente Juan Castillo Urbina, por lo que se ordenó dar vista con la misma por el término de tres días contado a partir de la legal notificación al ayuntamiento demandado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 265). 12. Mediante interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, no se aprobó la liquidación de sentencia formulada por el recurrente Juan Castillo Urbina, dejando a salvo sus derechos, para que los hiciera valer en la vía y forma que estimase conveniente (fojas 270 a 275), la que se notificó por medio de estrados al recurrente y ayuntamiento demandado el cuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 276 a 279). SEXTO. Estudio del acto reclamado. Se procede al estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo; en el entendido de que, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, no procede la suplencia de la queja deficiente. En los conceptos de violación, se expresa que el Magistrado Responsable no ha llevado a cabo las actuaciones conducentes para hacer cumplir la sentencia de nulidad, a pesar de que en diversas ocasiones la parte quejosa -actora en el juicio de origen- le ha solicitado que se requiera a la autoridad demandada que paguen las prestaciones a que fue condenada. Ello, a pesar de que el artículo 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé que la ejecución forzosa de la administración se efectúa a través del embargo, la ejecución subsidiaria y multa. Con este proceder -considera la parte quejosa- el magistrado responsable vulnera el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ha retardado el cumplimiento de la sentencia de nulidad, a pesar de que la sentencia dictada en el recurso de revisión -juicio de nulidad- se emitió el uno de febrero de dos mil diecinueve, esto es, hace aproximadamente tres años y siete meses; por lo que deben hacerse efectivas las medidas previstas en el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria. Estos planteamientos son infundados. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros derechos fundamentales, tener un acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tanto, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: [.] JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones." Cabe señalar que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no está limitado a los procesos tramitados ante autoridades que desarrollan funciones materialmente jurisdiccionales, sino que también irradia a las actuaciones de las autoridades administrativas, principalmente en lo tocante a los plazos establecidos por el legislador. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 2a. CXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación. [.] DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002 (*), sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento [.]. Por lo que teniendo en consideración que en el presente juicio de amparo, el acto reclamado es de naturaleza administrativa, ya que el quejoso, reclama al Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, la omisión de tomar todas las medidas necesarias, a efecto de garantizar el total cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente administrativo 732/2018, y por ende, lograr la ejecución y cumplimiento de la citada sentencia, resulta evidente que por ello, el procedimiento debe ser impulsado por la parte interesada, como se verá a continuación. En efecto, dado que en el caso se cuestiona si la autoridad jurisdiccional ha cumplido con su obligación de proveer sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establecen en las leyes; es menester tomar en cuenta que el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece que en tratándose de cuestiones procesales, debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. Esa codificación procesal, en lo atinente al cumplimiento de sentencia prevé -en sus artículos 571, 574, 578 y 591- que la parte que obtuvo sentencia favorable debe pedir la ejecución o, de ser el caso, presentar su propuesta de liquidación, para lo cual contará con un plazo de tres años. De esta manera, es procedente sostener que el impulso del procedimiento para cumplir con la sentencia emitida conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda a cargo de la parte que obtuvo resolución favorable, máxime que la legislación citada en último término -en sus artículos 139 a 144- que reglamentan la ejecución de los actos administrativos, no prevé lo contrario. Conforme a lo anterior, para verificar si en el caso en estudio la autoridad responsable cumplió con el parámetro de regularidad constitucional que se obtiene de la intelección del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, importa tener presente que el ahora quejoso presentó durante la ejecución de sentencia, las siguientes promociones: 1. Ocurso de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, del ahora quejoso Juan Castillo Urbina, en el que solicitó se ejecutara la sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, pidiendo se requiriera al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, la cantidad de $286,591.63 (doscientos ochenta y seis mil quinientos noventa y un pesos 63/100, moneda nacional), solicitando además que en caso de negativa, se procediera al embargo (fojas 185 a 187). 2. Escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por el ahora quejoso Juan Castillo Urbina, por medio del cual solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento de multa al Ayuntamiento demandado, y que se le requiriera nuevamente del cumplimiento de la sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, apercibiéndolo con duplicar la multa, señalando fecha para tal efecto; y finalmente, que se diera vista al Ministerio Público correspondiente con el expediente laboral en que se actuaba, a fin de que procediera conforme a derecho (foja 190). 3. Ocurso presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, el actor Juan Castillo Urbina, nuevamente pidió que se ejecutara la sentencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, solicitando se requiriera al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, la cantidad de $378,221.83 (trescientos setenta y ocho mil doscientos veintiún pesos 83/100, moneda nacional), solicitando que en caso de negativa, se procediera a la ejecución forzosa en términos del artículo 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo (fojas 198 a 200). 4. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil veintiuno Juan Castillo Urbina solicitó que se hiciera efectivo el apercibimiento decretado a la demandada en auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y se aplicara la multa con la que se le apercibió en el citado auto; asimismo, que se le requiriera al Ayuntamiento de Huamantla, Tlaxcala, la cantidad de $526,825.87 (quinientos veintiséis mil ochocientos veinticinco pesos 87/100, moneda nacional), solicitando que en caso de negativa, se procediera a la ejecución forzosa, utilizando todos los medios de apremio, previstos en el artículo 141 de la Ley de Procedimiento Administrativo (fojas 209 a 211). 5. Por ocurso presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, Juan Castillo Urbina, formuló planilla de liquidación de sentencia, con la cual solicitó se diera vista a su contraparte y fuesen aprobadas las cantidades solicitadas (fojas 266 y 267). De lo anterior, se advierte que después de que se dictó sentencia, el peticionario del amparo solo ha impulsado el procedimiento de ejecución de sentencia en cinco ocasiones, esto es el nueve de mayo y diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, treinta y uno de enero de dos mil veinte, nueve de abril de dos mil veintiuno y ocho de abril de dos mil veintidós, a través de las promociones presentadas y que obran a fojas 185 a 187, 190, 198 a 200, 209 a 211 y 266 a 268, por lo cual es evidente que el justiciable ha sido omiso en solicitar que se continúe con el procedimiento de ejecución, pues incluso en el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 208 a 2013), se le comunicó que no era procedente la actualización de cantidades, en tanto que omitió cumplir con lo previsto en los artículos 574, 575 y 576 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria, de ahí que el magistrado responsable, en el propio auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se haya limitado a requerir nuevamente el cumplimiento del fallo anulatorio. De lo anterior, es evidente que el justiciable ha sido omiso en solicitar que se continúe con el procedimiento de ejecución. Por tanto, la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta de naturaleza negativa -de omisión- respecto al cumplimiento de la sentencia de nulidad emitida en el expediente de origen, ya que como ha quedado expuesto, corresponde a la parte actora impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia; de manera que si la citada parte no solicita al tribunal administrativo que lleve a cabo alguna actuación, conforme al marco legal previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala -de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios-, esa autoridad jurisdiccional no está obligada a efectuar alguna actuación de oficio. Aunado a que fue hasta el ocho de abril de dos mil veintidós, en que presentó su planilla de liquidación de sentencia (fojas 266 y 267), la cual previos los trámites legales correspondientes, fue resuelta el trece de septiembre de dos mil veintidós, en la que no se aprobó la liquidación formulada (fojas 270 a 275); y fue notificada al ahora quejoso el cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 276), esto es, casi a la par de la promoción del presente juicio de amparo. Sobre todo que el justiciable no ha especificado alguna otra actuación a realizar para obtener el acatamiento del fallo anulatorio, sino que en las ocasiones en que ha intervenido, se ha limitado a indicar que debe requerirse el cumplimiento de la sentencia de nulidad. En tanto que la vista al Agente del Ministerio Público que solicitó por ocurso presentado el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 190), por la posible comisión de un delito, no es una medida de apremio prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria, o en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, no obstante que la Sala responsable apercibió a la persona moral oficial demandada con darle vista al Ministerio Público con el expediente, para que procediera conforme a derecho, en el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 189 a 191). En consecuencia, resulta infundada la afirmación de la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable ha vulnerado su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida que ésta no está obligada a realizar actuación alguna hasta que la parte que obtuvo fallo favorable le solicite que lo haga. Máxime que contrariamente a lo expuesto por el quejoso, la autoridad responsable ha enviado diversos oficios para hacer efectivo el apercibimiento decretado al Ayuntamiento demandado, a través de los oficios TJA-486/2019, TJA-607/2019 y TJA-100/2021, dirigidos al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los que fueron recibidos en dicha dependencia el trece de septiembre y tres de diciembre de dos mil diecinueve y treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 193, 196 y 215, del cuaderno de pruebas); sin que el quejoso hubiese solicitado a la autoridad responsable, que se requiriera informes al Secretario de Planeación y Finanzas, respecto al estado procesal de los procedimientos económicos coactivos iniciados al Ayuntamiento demandado, por ende, es evidente que el Tribunal responsable no estaba obligado a efectuar alguna actuación de oficio, toda vez que corresponde a la parte actora impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Finalmente, cabe señalar que si bien es cierto, que el artículo 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios prevé que la ejecución forzosa de la administración se efectúa a través del embargo, la ejecución subsidiaria y multa; cierto es también, que conforme al marco legal previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala -de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios-, esa autoridad jurisdiccional no está obligada a efectuar alguna actuación de oficio. En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Castillo Urbina, por propio derecho, respecto del acto y autoridad responsable que se indican en el considerando cuarto de la presente sentencia, por los motivos ahí señalados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Castillo Urbina, en contra del acto y autoridad que se indican en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1150/2022, promovido por Juan Castillo Urbina, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Juan Castillo Urbina; auto admisorio de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós e informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la tercera interesada Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del expediente 732/2018-3 -Tomo I-. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho y se hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal, formulo el pedimento 267/2022; a lo que la Juez acuerda: téngase a la representación social por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos y en virtud de que las restantes partes no formularon alegatos, se cierra esta etapa. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra programada para esta fecha, la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible su desahogo, toda vez que se encuentra pendiente la notificación de la misiva 37448/2022, que contiene el auto de once de noviembre del año en curso, por el que se ordenó el emplazamiento como tercera interesada, al Ayuntamiento del Municipio de Huamantla, Tlaxcala. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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