Juan Carlos Ureña Soberanis
Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Carlos Ureña Soberanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dos de febrero del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el cuatro del mes y año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARSE EN PROVEÍDO DE 07/12/2021, QUE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo su informe justificado de manera extemporánea. Ahora bien, de las referidas constancias se advierte que es innecesario continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama medularmente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la omisión de dictar el auto de ejecución de laudo de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, lo cual solicitó por escritos presentados el veintitrés de octubre de dos mil trece y veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, así como requerir a la parte demandada el cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 06/2008. En ese sentido, de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se aprecia que dictó el acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, en el cual se advierte que acordó las promociones que le presentó la parte aquí quejosa y dicto el auto de ejecución de laudo relativo al expediente laboral de origen, comisionando al actuario adscrito a dicho órgano laboral para que en compañía de la parte actora, se constituyan en el domicilio de la demandada y le requieran la cantidad a la que fue condenada; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 179 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley de la materia por haber sido emitido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. De este modo, de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si se actualiza alguna causal que torne improcedente el juicio. En ese contexto, esta juzgadora advierte que ha cesado la omisión reclamada en esta vía constitucional, toda vez que el dos de febrero de la presente anualidad, la autoridad responsable proveyó lo conducente a las promociones que le presentó la parte quejosa, en el sentido de dictar el auto de ejecución de laudo en el expediente laboral 06/2018, y ordenó requerir de pago a la parte demandada, por lo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Disposición normativa que conforme a cuyo contenido el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no invade la esfera jurídica del particular que amerite obligar a la autoridad a realizar un acto, cuyo efecto sería la concesión de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados, imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque esa omisión ya no invade la esfera jurídica del promovente al haber actuado la autoridad en el sentido en que lo hizo. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, pagina 480, con registro digital 200884, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Sin que en el caso sea susceptible de considerar los actos subsecuentes a la omisión reclamada, toda vez que el análisis debe realizarse en función de aquéllos que obstruyan el cauce legal del procedimiento laboral de origen previo a la presentación de la demanda de amparo, en los términos y plazos previstos por la legislación obrera aplicable, en función de la etapa procesal en que éste se sitúa, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley que rige la materia; y en ese sentido, debe tenerse como tal, la omisión antes destacada sin que sea susceptible llegar hasta el cumplimiento del laudo. Se sostiene esta consideración en la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". Por tanto al ser la causal invocada de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado de esta decisión que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, con registro digital 184572, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". También, cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que se dejen transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable oficiante, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas; sin embargo, al ser indudable y manifiesta la causal invocada, ningún sentido tiene dejar transcurrir dicho termino. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Se instruye al actuario que para realizar las notificaciones que surjan de este proveído, deberá ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, motivo por el cual en caso de que se cuente con algún punto de contacto de alguna de las partes, también se le faculta para que las lleve a cabo por cualquier medio electrónico. Lo anterior tiene la finalidad de proteger la salud de quienes intervengan en la diligencia y de impartir justicia pronta y expedita.
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