Juan Carlos Rebaja Pedro

Expediente 77/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
77/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rebaja Pedro

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 77/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así también, quien resuelve advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. A fin de corroborar lo expuesto, conviene citar el contenido del artículo mencionado en el párrafo que antecede, el cual dispone textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." En la aludida fracción del precepto legal que se analiza, se aprecia la voluntad del legislador de excluir al juzgador de amparo del conocimiento de la materia político-electoral, atendiendo a la naturaleza del juicio protector de derechos fundamentales, que es alejada de los actores políticos del país. Por otro lado, la doctrina ha separado las garantías individuales de los derechos políticos, para señalar que estos últimos no daban acción de amparo en virtud de que comprenden aspectos relacionados con la constitución y el funcionamiento de los poderes públicos. Bajo ese contexto, los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un sistema integral de justicia electoral y de derechos políticos que permite combatir las leyes que se expidan sobre el particular a través de la acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La improcedencia del juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, por lo cual no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral en el caso de actos o resoluciones. Ahora bien, el acto reclamado que en esta instancia se hace valer es la ilegal objetividad, certeza e imparcialidad de los lineamientos para el reclutamiento, selección y designación del personal que se desempeñará como analista de organización, analista jurídico y auxiliar administrativo de los consejos distritales electorales, mediante acuerdo 113/SO/20-12-2017, relativos al procedimiento para la contratación de analistas y auxiliares administrativos de los consejos distritales electorales, lo cual permite concluir que el acto reclamado fue emitido en un procedimiento por una autoridad competente en materia electoral, lo que trae como consecuencia la improcedencia de los actos atribuidos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, como lo dispone la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis P. LX/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, del rubro y texto que dicen: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." AVISO...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: En mérito de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por su notoria improcedencia la demanda de amparo. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este circuito, residente en Acapulco, al resolver el recurso de queja administrativa 96/2013. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a *** y únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por no cumplir con el requisito anterior y a *** y ***, por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente.

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