Juan Carlos Trigos Ruanova

Expediente 139/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
139/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Trigos Ruanova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese el comunicado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo y admite a trámite el recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 139/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo y escrito aclaratorio; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 139/2023, promovido por *******, contra actos de la Primera Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dos de febrero de dos mil veintitrés, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo violaciones a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. Previa declinación de competencia por parte del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la demanda se remitió a este órgano federal, donde una vez aclarada, se admitió el uno de marzo de la presente anualidad. En ese acuerdo, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las responsables rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, se emplazó a la parte tercera interesada y la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, el acto reclamado en este juicio es la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en el toca ****, por la Primera Sala Familiar de esta ciudad, donde confirmó la interlocutoria de cuatro de octubre anterior, que desestimó el incidente de cancelación y/o reducción de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio incausado *****, del índice del Juzgado Segundo Familiar de la Ciudad de México. Y como violación procesal, se tiene el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, que en su parte conducente inadmitió una prueba de informe sobre las percepciones de la progenitora de su contrario. La fijación del acto reclamado en estos términos obedece a que la resolución que se tiene como acto reclamado destacado es la que pone fin a la incidencia natural, mientras que las demás determinaciones fueron emitidas dentro de dicho procedimiento y su naturaleza adjetiva, es compatible con la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 171, aplicables analógicamente al presente asunto. Al efecto se cita el criterio con registro 231932, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia(s): Civil, Página: 772, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECLAMADA EN AMPARO INDIRECTO. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DEBEN SER COMBATIDAS JUNTO CON DICHA INTERLOCUTORIA. En la tramitación de un incidente que culmina con interlocutoria susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, el afectado debe combatir las violaciones a las normas del procedimiento junto con la interlocutoria, aplicando por analogía los principios que informan el amparo directo en los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo y que también recogen en el indirecto las fracciones II y III del artículo 114, del mismo ordenamiento." También se invoca por analogía la tesis I.8o.C.3 K, de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS DENTRO DEL JUICIO NATURAL, SON IMPUGNABLES EN AMPARO DIRECTO, NO COMO ACTOS RECLAMADOS DESTACADOS POR SI SOLOS, SINO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACION QUE SE EXPRESEN. Conforme a lo que prevé el artículo 158 de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes fundamentales del procedimiento o violaciones procesales, son impugnables en amparo directo, no como actos reclamados destacados por sí solos, sino en los conceptos de violación que se expresen, por lo que el hecho de que la infracción se realice en el juicio de primera instancia, no obstaculiza su reclamo como violación procesal en el juicio de garantías directo, ni mucho menos implica su consumación y consentimiento, puesto que será hasta el dictado del fallo definitivo en que se actualice la conculcación a las garantías individuales, en la medida que influya la resolución reclamada en el dictado de un fallo desfavorable a las pretensiones del impetrante." TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del reclamo; lo cual se corrobora con las constancias que remitieron, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. CUARTO. Antecedentes. A continuación, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. El veintiséis de agosto de dos mil nueve, se dictó la sentencia que decretó el divorcio entre las partes. 2. En el proceso natural, se promovió contra el quejoso un incidente de pensión alimenticia cuya resolución -en donde se fijó la obligación alimentaria a cargo del quejoso, por el monto mensual de ****- adquirió firmeza al haber sido analizada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo *****, donde se negó la protección constitucional a ***** y declaró sin materia el amparo adhesivo de *****. 3. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el quejoso demandó al tercero interesado en la vía incidental la cancelación y/o reducción de la pensión alimenticia. 4. Dicha incidencia se admitió el veintitrés del mismo mes y año; determinación en la que además, se decretó lo siguiente: - Ordenó notificar personalmente al tercero interesado; - Admitió diversas pruebas (confesional a cargo del tercero interesado, una documental exhibida con el ocurso incidental, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana). - Se inadmitió una prueba donde el quejoso solicitó requerir un informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer las percepciones de ****, progenitora del tercero interesado. La inadmisión de esta última probanza es alegada dentro de los motivos de disenso, por lo cual será considerada como una violación procesal. 5. Mediante escrito de nueve de junio de dos mil veintidós, el tercero interesado dio contestación y ofreció como pruebas la confesional del quejoso, diversas documentales, la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana; y el quince siguiente se admitieron los medios de convicción y se fijó fecha para la audiencia incidental. 6. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, se dictó la interlocutoria que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- Ha sido procedente la Vía incidental intentada, en donde el actor incidentista no acreditó los extremos de su pretensión y el enjuiciado justificó su contestación a la demanda incidental, en consecuencia; SEGUNDO.- Se absuelve al C. ****, de la prestación solicitada por el C. ****, por las razones expuestas en el presente fallo. TERCERO.- Mediante Acuerdo V-10/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó la implementación del 'Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), para los órganos jurisdiccionales de primera instancia de adoptar las medidas necesarias, con el fin de impulsar la implementación de herramientas tecnológicas que auxilien a esta H. Institución, como plataformas y/o sistemas tecnológicos necesarios para la modernización y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de esta Casa de Justicia, por tales motivos, queda guardada copia de la presente resolución en el medio electrónico de referencia. CUARTO.- Notifíquese. [.]" 7. Inconforme, el quejoso promovió apelación contra dicha resolución y el diez de enero de dos mil veintitrés, la Ad quem dictó sentencia donde la confirmó. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. QUINTO. Violación procesal. Por razón de método y técnica se dará respuesta a lo inherente a la violación procesal que refiere el quejoso ocurrió en el procedimiento natural. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cuarenta y cuatro del Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROCEDIMIENTO, PREFERENCIA DEL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES AL." En la especie, la parte quejosa señaló que la inadmisión de la prueba relativa al informe sobre las percepciones de su ex cónyuge constituye una violación al principio de proporcionalidad que debe regir en la fijación del débito alimenticio. En su apoyo, citó diversos criterios, a saber: - Tesis VII.3o.C.17 C, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en Materia Civil, de rubro: "ALIMENTOS. EL JUEZ DEBE ANALIZAR EN FORMA INTEGRAL LAS CUESTIONES DEBATIDAS Y PROBADAS, PARA DECIDIR LO TOCANTE AL AUMENTO O REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." - Tesis I.8o.C.4 C (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materia Civil, cuyo rubro es: "ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD EN CASO DE DIFERENCIA DE INGRESOS ENTRE LOS DEUDORES." Sin embargo, no se entrará al estudio de dicha violación, pues el quejoso omitió prepararla conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 171 de la Ley de Amparo, que establece la obligación de impugnarla a través del recurso ordinario. En efecto, para preparar la violación procesal, el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de apelación en términos de los artículos 688, 689, 691, 696, 700, fracción I, y 701, todos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México Como se aprecia, el recurso de apelación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir la violación procesal alegada, pues a través de éste se podía lograr su confirmación, revocación o modificación; por lo que, al no haberse agotado este recurso, se concluye que no se preparó debidamente la violación procesal. Sin que resulte aplicable la excepción prevista en el párrafo segundo del numeral 171 de la legislación de la materia, pues ella solo opera tratándose de amparo directo. Al respecto se cita por analogía la jurisprudencia 2a./J. 120/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA. El artículo 171, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece la obligación de preparar las violaciones procesales que se hagan valer en el juicio de amparo directo, esto es, prevé la obligación de impugnarlas durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que la ley ordinaria respectiva señale, mientras que en su segundo párrafo exceptúa de dicha regla, entre otros, a los trabajadores. Ahora bien, la excepción se refiere exclusivamente a los siguientes presupuestos: que se trate de violaciones a las leyes del procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; que esas violaciones se impugnen en vía de amparo directo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; y que se trate de amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio y en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. De lo anterior se sigue que la intención del legislador fue acotar el alcance de esa excepción únicamente a los juicios de amparo directo en los que se hagan valer violaciones procesales ocurridas dentro del procedimiento, pues tratándose de excepciones a reglas generales deben estar expresamente establecidas; por tanto, no puede hacerse extensiva a los juicios de amparo indirecto, no obstante que se trate de un juicio promovido por un trabajador." Resuelto lo inherente a la violación procesal, se pasa al estudio de fondo sobre el acto reclamado destacado. SEXTO. Conceptos de violación contra la sentencia que confirmó la interlocutoria donde se resuelve el fondo del incidente de origen. El quejoso refiere que el acto reclamado vulnera sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 Constitucionales, por lo siguiente: a) Omitió interpretar adecuadamente los agravios de la apelación, y valorar las pruebas aportadas. Ello, pues refiere que el convenio celebrado el **** por el quejoso y el Fondo..., (FONCA), exhibido con la demanda incidental, demuestra que su relación con dicha entidad concluyó el treinta de noviembre de dos mil veintiuno y dejó de percibir el estímulo económico que recibía. Sobre esa base, alega que actualmente sus ingresos no son fijos y por ello debió cancelarse o disminuirse la pensión alimenticia decretada en su contra. b) Incorrectamente la Ad quem determinó que el accionante debe acreditar carencia de medios económicos para cumplir con la pensión alimenticia, lo que no ocurrió. Con relación a ello, insiste que no cuenta con percepciones fijas para sostener el débito alimenticio por haber concluido su relación de trabajo con el Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes (FONCA). c) La autoridad responsable omitió atender su solicitud de aplicar las normas de los Estados Unidos de Norteamérica, particularmente las leyes del Senado de Florida, en congruencia con el Programa Reciproco para el cobro de pensiones alimenticias México - Estados Unidos (UIFSA por sus siglas en inglés); petición que formuló en un diverso expediente incidental que está glosado al cuaderno principal. Los conceptos de violación son infundados. Entre los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. Este deber se aterriza en el artículo 81 del código de procedimientos civiles para esta ciudad, cuyo contenido busca que quien se ve o se siente afectado con una resolución jurisdiccional, tenga margen o conocimiento de lo resuelto por el juzgador y los alcances de su resolución, para contar con la aptitud de poder controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, el sustento, finalidad, objeto y duración de la carga alimentaria, deriva del mandato constitucional previsto en el numeral 4º del Pacto Federal, que vincula a los padres a procurar el mayor nivel de protección, educación y formación integral a sus descendientes -que surge como resultado de la patria potestad-, cuya regulación en el Código Civil para la Ciudad de México, se encuentra en los artículos 303 y 308, fracciones I y II, que disponen: "Artículo 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. Artículo 308.- Los alimentos comprenden: I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; [.]" En cuanto a la forma de ministrarlos y el monto por el que deben proporcionarse, los artículos 309 y 311 del ordenamiento legal invocado, en lo conducente establecen: "Artículo 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. [.] Artículo 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente." Mientras que, con relación al cese o modificación (reducción en este caso) de la obligación de ministrar alimentos, los artículos 320 del Código Civil y 94 de la legislación procesal civil, ambas para la Ciudad de México, disponen: "Artículo 320.- Se suspende o cesa, según el caso, la obligación de dar alimentos, por cualquiera de las siguientes causas: I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; III.- En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables; VI.- Las demás que señale este Código u otras leyes. ARTICULO 94 Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente." La interpretación conjunta de dichos preceptos, conlleva a identificar que las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, pueden alterarse y modificarse (verbigracia: reducirse) cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio respectivo; y las causas específicas para cancelar o cesar la obligación alimentaria. En el caso, el incidente primigenio persigue como finalidad, que la obligación alimenticia a cargo del quejoso se cancele o reduzca. Para que ello sea viable, entonces el accionante debe demostrar lo siguiente: - Para su reducción: Que las circunstancias involucradas en el ejercicio de la acción que se dedujo en un inicio han cambiado. - Para su cancelación o cese (de forma enunciativa, ocurra alguna de las hipótesis previstas en el numeral 320 del código adjetivo civil para esta entidad): Carencia de medios para cumplirla; el alimentista dejare de necesitar los alimentos; surjan actos de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra el que debe prestarlos; la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad; o si el acreedor, sin consentimiento del deudor, abandona la casa de éste por causas injustificables. Ahora bien, en la resolución reclamada, la Sala responsable desestimó la apelación del quejoso conforme a los argumentos que se enlistan a continuación: - El apelante adujo que su situación económica había cambiado, basando su aseveración en el hecho de que su contrato con el Fondo Nacional para la cultura y las Artes (FONCA), ha concluido, y por ello no cuenta con un ingreso fijo, lo cual a su dicho no fue valorado debidamente por el juez natural. - Contrario a ello, el A quo valoró dicho documento conforme al numeral 327 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, y como se dijo en primera instancia, no le resulta útil para acreditar su dicho, pues si bien no está vigente el estímulo que se le otorgaba al apelante, también es cierto que al dedicarse al trabajo artístico, sus ingresos son por tiempo determinado y puede realizar una o diversas actividades remuneradas. - El propio apelante sostuvo que no cuenta con una percepción económica fija, pues su trabajo es preponderantemente artístico y variable. - Ello da pauta a que el contrato exhibido no es el único ingreso que obtenía, y su conclusión no tiene el alcance de acreditar que carezca de medios económicos. - Para la procedencia de la acción de cancelación de pensión alimenticia era necesario acreditar que el deudor carece de medios económicos para cumplir con su obligación. - Si bien afirmó que su hijo ha tenido la oportunidad de convertirse en un ciudadano capaz de valerse por sí mismo y con herramientas para continuar su desarrollo económico propio, no exhibió algún medio de prueba para acreditarlo; por el contrario, su acreedor ofreció las probanzas para demostrar que se encuentra estudiando la licenciatura en derecho en la Universidad Panamericana. - Las pruebas presuncional, adminiculada con la instrumental de actuaciones y confesional ficta del apelante, permiten identificar que si bien el contrato que tenía con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), ha concluido, también es cierto que puede tener otros ingresos variables. - No se actualizó lo establecido en el numeral 94 del código procesal civil para esta ciudad, pues las circunstancias de necesidad de su hijo no han cambiado. Ahora bien, en su motivo de disenso a), el peticionario alega una indebida interpretación a los agravios planteados y pruebas aportadas, partiendo de la premisa de que el convenio que exhibió como base de su acción incidental demuestra que ya no percibe un estímulo económico que recibía, sus ingresos no son fijos y por ello debió cancelarse o disminuirse su débito almienticio. Ese argumento es incorrecto. Para demostrar esa afirmación, es importante reseñar que la pensión alimenticia quedó definida en la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil trece, emitida en los tocas ****, en los que para fijar la cantidad de *****, mensuales a favor del tercero interesado, por concepto de pensión alimenticia definitiva, la Sala responsable consideró entre otras cosas: - Que el peticionario prestaba sus servicios como *****, percibiendo un sueldo por la cantidad mensual bruta de ****; - Además, percibía diversos ingresos adicionales por actividades relacionadas con el *****. Sobre dichos aspectos, al resolver el amparo directo ****, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se pronunció en el sentido de que la decisión asumida por la Sala responsable estaba apegada a derecho, pues el accionante no había aportado prueba fehaciente para acreditar que sus ingresos fueran diferentes a los referidos por la Ad quem, y por ello negó la protección constitucional. Dicho lo anterior, en el incidente primigenio el quejoso sustenta su pretensión en el sentido de que su capacidad económica ha disminuido, con base en la documental consistente en un convenio celebrado el***, identificado como****, entre el quejoso y el Fondo..., (FONCA). De dicho documento se advierten los siguientes aspectos: - ¿Qué regula?: El ingreso del quejoso al Sistema Nacional de Creadores de Arte, con la distinción de creador artístico. Conforme a dicho pacto, el peticionario se obligó a cumplir con la realización de los proyectos denominados ******. El estímulo a su favor, fue por la cantidad mensual de *****. En el documento por una parte se advierte que el estímulo económico se recibiría por el periodo comprendido del primero de diciembre de dos mil dieciocho al treinta de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, en la cláusula CUARTA, se estableció que la vigencia del convenio iniciaba a partir de su fecha de firma y hasta el catorce de enero de dos mil veintidós. - ¿Qué impacto tenía en su economía?: La percepción del ingreso a través del mencionado "estímulo económico", tuvo un impacto benéfico en la capacidad económica, durante el tiempo que estuvo vigente. Ello es así, pues a través de la realización de determinadas obligaciones, se constituyó a su favor la entrega de una cantidad cierta y en dinero, por un tiempo cierto y determinado. - ¿Cuáles son las consecuencias de su finalización? La terminación de la vigencia del convenio exhibido en el incidente primigenio, tiene como consecuencia que la capacidad del peticionario regrese a la que tenía con anterioridad a la firma de dicho pacto. Con base en las respuestas a dichas interrogantes, es dable afirmar que la capacidad económica del peticionario sí sufrió una modificación con el convenio exhibido, pues en el tiempo que recibió el estímulo, se incrementó; sin que de las constancias allegadas se advierta que con motivo de ello, la pensión alimenticia aumentara. Empero, esa circunstancia no fue considerada entre los elementos que dieron pauta a la fijación de la obligación alimentaria, pues su celebración (que le generó al quejoso un estímulo económico) surgió aproximadamente cinco años después de que se dictara la sentencia que lo condenó al pago de alimentos. En ese sentido, si bien la conclusión del convenio en el que sustentó su pretensión incidental, puede generar una merma en su capacidad económica, lo cierto es que al provenir de un acto posterior, no tiene el alcance de evidenciar un cambio en las circunstancias que sirvieron de base para determinar el monto que está obligado a pagarle a su hijo con motivo de su obligación de ministrar alimentos. De ahí que no pueda considerarse dentro de alguna de las hipótesis previstas en los artículos 94 del Código de Procedimientos Civiles y 320 de la legislación adjetiva civil, ambos de esta ciudad, para la reducción o cancelación del débito alimenticio, pues lo que sí demuestra es que por un tiempo determinado, percibió un ingreso adicional, el cual concluyó sin que durante ese tiempo, se hubiera aumentado su obligación alimentaria, establecida en dos mil trece. Conforme a ello, es dable afirmar que el peticionario no satisfizo su carga probatoria conforme al artículo 281 y 282, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues afirmó no tener la misma capacidad económica, lo que envuelve la afirmación en el sentido de que su capacidad disminuyó. En apoyo a lo anterior, se cita al respecto la tesis I.3o.C.998 C (9a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." Conforme a ello, son infundados los motivos de disenso a) y b). En otro orden, para dar respuesta al motivo de disenso c), es importante señalar que el propio quejoso reconoce que la petición de aplicar una norma extranjera la formuló en un diverso expediente incidental, de ahí que no existiera motivo para que la Ad quem hiciera pronunciamiento al respecto. Sin perjuicio de lo anterior, el numeral 55 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, establece en su párrafo primero lo siguiente: "ARTICULO 55 Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciarse las normas del procedimiento. [.]" Conforme a lo anterior, existe una norma que rige el procedimiento natural, y obliga a los tribunales a estar a lo dispuesto en ella, sin que exista posibilidad de renunciar o modificarla. Ante lo infundado de los motivos de disenso, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra actos de la Primera Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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