Juan Carlos Segarra Pérez
Expediente 181/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Segarra Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese sin lugar a proveer de conformidad el escrito de ..., quien se ostenta autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues de autos no se advierte tal designación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 181/2022; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 181/2022, promovido por ... por propio derecho y en representación de los menores de iniciales .... y ..., contra actos de la Segunda Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El tres de marzo de dos mil veintidós, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra un acto de la Sala responsable en cumplimiento a una ejecutoria constitucional previa, alegando violación a los artículos 4, 17, 103 y 107 de la Ley Fundamental. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por turno la demanda se radicó en este Juzgado de Distrito, quien previa aclaración, la admitió el once de marzo pasado. En ese auto, se dio intervención a la Representación Social adscrita, se pidió informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso familiar, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: De la lectura integral de la demanda de amparo, y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., que confirmó el auto de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en la juicio de Divorcio sin causa ..., del índice del Juez Sexto Familiar de esta Ciudad. En el auto combatido, entre otras cuestiones, y de lo que se duele medularmente el quejoso en su demanda, es que se le impuso el deber de pagar la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales por concepto de pensión alimenticia a favor de su contraria e hijos, con el incremento de ley. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. I. El diez de mayo de dos mil diecinueve, ... demandó de ..., la disolución del vínculo matrimonial, en la cláusula cuarta de su propuesta de convenio señaló: "CUARTA. Respecto de las modalidades de la Guarda y Custodia compartida, de los divorciantes, con sus menores hijos, convienen que se sujetarán a lo siguiente: De acuerdo como se han venido otorgando los tiempos, un fin de semana de cada quince días, iniciando los viernes por la tarde y concluyendo el martes a las 8:00 am (ocho de la mañana) dejándolos en el colegio ... a ... y en el colegio ..., donde actualmente estudian los menores hijos de las partes, por lo que el divorciante se obliga a recoger a los menores ... y ... de apellidos ..., en el domicilio referido de la parte demandada como se señala en la cláusula segunda del presente convenio, los días viernes a las 14:00 horas, y reintegrándolos el día martes, en esa virtud el C. ..., se compromete a llevarlos al colegio ... y ..., donde estudian los menores hijos de las partes divorciantes, los cuales entran en un horario de las 8:00 Horas. Asimismo, el señor ..., podrá recoger a los menores todos los lunes al término de su jornada escolar y directamente en el Centro Educativo antes nombrado, obligándose a reintegrarlos al domicilio escolar, el día martes, obligándose la divorciante a recogerlos al término del horario escolar, esto es independiente de los días que le toque al divorciante las visitas y convivencias convenidas por los divorciantes ya que la modalidad en la cual detentan la guarda y custodia compartida, asimismo, la menor ..., todos los viernes de fin de mes, lo pasará en su totalidad con su padre. Los divorciantes podrá convivir con los menores de forma equilibrada, con beneficio en miras de fortalecer su autoestima y debido desarrollo moral, afecto, psicológico y emocional, por lo que podrá variar previo acuerdo y consentimiento debido a tales metas, el desarrollo de las visitas planteadas, tomando en cuenta igualmente los compromisos profesionales y/o laborales de ambos padres. Toda diferencia que impida el adecuado desarrollo de la guarda, custodia, compartida, deberá ser sometida por las partes al arbitrio judicial." II. Tal demanda se admitió a trámite, previa aclaración, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve por el Juez Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, con el número de expediente ... . III. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, ... solicitó como medidas precautorias: 1. La fijación de una pensión alimenticia provisional a favor de ella y de sus menores, por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) mensuales. 2. Girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, con la finalidad de conocer los ingresos de su contrario. 3. La retención del 50% (cincuenta por ciento) de las percepciones extraordinarias que el actor recibió desde enero de dos mil dieciocho a esa data, por ingresos fijos y demás percepciones respecto de su empresa ..., así como persona física por la venta de textiles y publicidad. Lo anterior, pues señaló carecer de fuente de ingresos al estar desempleada, dedicarse preponderantemente al hogar y cuidado de sus hijos, además que desde su separación (doce de diciembre de dos mil diecisiete), ... dejó de proveer los gastos de ella y sus menores, cubriendo únicamente la hipoteca del domicilio conyugal, el colegio de su menor hija y el seguro de gastos médicos. Motivo por el cual, exhibió su planilla de gastos. IV. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se determinó que una vez que se resolviera sobre la guarda y custodia se proveería con relación a su planilla, y en términos del artículo 278 del Código Adjetivo de esta Ciudad, se giraron los oficios solicitados. V. En proveído de la misma fecha, se tuvo a ... dando contestación a la demanda y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, asimismo, se ordenó que en la misma fecha se realizara una plática con los menores, a fin de que la juez tuviera condiciones para resolver lo conducente. VI. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve tuvo lugar la citada audiencia y plática de menores, en la que se determinó: ".Se tiene por celebrada la plática con los menores hijos de las partes y al resultado de la misma, así como al interés superior de los menores hijos de las partes de nombres ... y ... ambos de apellidos ..., esta Juzgadora se pronuncia en cuanto a los alimentos, guarda y custodia y régimen de convivencias de manera provisional a favor de su señora madre la C. ..., y toda vez que los alimentos son de orden público, de tracto sucesivo, consumibles, irrenunciables, imprescriptibles y de primera necesidad se fija como pensión alimenticia provisional el equivalente a $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales, en favor de la demandada y sus menores hijos, la cual tendrá un incremento anual conforme a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil, la misma se establece sin prejuzgar respecto de la cantidad y porcentaje que en su caso se determine al momento de dictar la sentencia que se dicte en el incidente correspondiente una vez que se cuenten con mayores elementos posibles para tal efecto, amén de que con apoyo en el artículo 311-Ter del Código Sustantivo. de tal manera que apreciándose de las constancias de autos que hasta el día de la fecha presentó la demanda incluso dicha suma no abarca todos y cada uno de los gastos que se generan por estos sin embargo se considera pertinente fijarla como provisional hasta en tanto se conozca con toda certeza la capacidad económica del deudor alimentario, en el entendido de que su actividad actual es de empresario según el dicho de la demandada y, atendiendo al criterio sustentado.ello en razón de que la finalidad de los alimentos es satisfacer las necesidades del acreedor alimentario, lo que no implica que éste obtenga un lucro mediante la prestación alimentaria, ni tampoco que le sean satisfecha (SIC) únicamente las necesidades básicas para la vida, sino que el monto de la pensión debe ser tal, que con ella se solvente el acreedor alimentario una vida decorosa, sin lujos pero en medida de lo posible, suficiente para desenvolverse en el estatus socioeconómico a que está acostumbrado, en función del entorno social en que se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades; en ese acto se requiere al actor mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que dentro de los primeros CINCO DÍAS de cada mes, exhiba Billete de Depósito expedido por ..., a este H. Juzgado, por la cantidad antes señalada, apercibido que en caso de no hacerlo así se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una MULTA por el equivalente a $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por desacato a un mandamiento de autoridad judicial, con fundamento en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles.- Por otro lado y toda vez que el C. ... al día de la fecha no se encuentra suspendido o limitado en el ejercicio de la Patria Potestad que ejerce sobre sus consanguíneos, aunado al derecho que tiene de convivir con éste al no detentar la Guarda y Custodia, sobre los mismos y con el propósito de salvaguardar la relación paterno filial que debe existir entre padres e hijos, con las facultades que la ley de la materia le conceden a la suscrita y con fundamento en lo previsto por el artículo 941 Ter del Código Procesal de la materia en relación con los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a efecto de velar por el interés superior de dichos infantes así como su sano desarrollo y para respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, el suscrito tiene a bien decretar como Régimen de Visitas Provisional de los menores ... Y ... ambos de apellidos ... con su progenitor, un fin de semana de cada quince días, iniciando los viernes a la salida del Colegio, y concluyendo el martes a las 8:00 am, así como los días lunes de cada semana, reintegrándolos el día martes en el COLEGIO ... a ..., y en el COLEGIO ... al menor ..., para lo cual el progenitor deberá pasar por sus hijos a la salida de los respectivos centros escolares y reintegrándolos al mismo en el horario establecido en líneas que anteceden señalando que los menores hijos pernoctaran con su progenitor; debiendo el divorciante recoger y reintegrar a los menores hijos de las partes por lo que hace a la menor de nombre ... en su centro escolar ubicado. Y por lo que hace al menor ... (SIC) en el Colegio. y para los efectos legales procedentes en este acto el C: ... manifiesta que su domicilio es.; para lo cual se requiere a ambas partes mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL para que se lleven a cabo dichas convivencias en forma armónica, apercibidos que para el caso de incumplimiento debidamente acreditado de no hacerlo así, se harán acreedores a una MULTA por el equivalente a $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)."(énfasis añadido). VII. Inconforme, Juan Carlos Segarra Pérez interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el siete de enero de dos mil veinte por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca 2368/2019, donde modificó el auto impugnado, conforme a lo siguiente: ".Se tiene por celebrada la plática con los menores y atento al resultado de la misma, así como al interés superior de los niños ... y ... ambos de apellidos ..., esta Juzgadora se pronuncia en cuanto a la guarda y custodia de manera provisional, tomando en cuenta la opinión de la infante ..., quien refirió que le gusta vivir con la madre y con el padre, procede a fijar la guarda y custodia provisional de los hijos de las partes en forma compartida a favor de la señora ... y del señor ...; en el entendido que la misma se llevará a cabo en los términos propuestos por el señor ..., en la cláusula cuarta de su propuesta de convenio; y toda vez que los alimentos son de orden público, de tracto sucesivo, consumibles, irrenunciables, imprescriptibles y de primera necesidad se fija como pensión alimenticia provisional el equivalente a $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales, en favor de la demandada y sus descendientes, la cual tendrá un incremento anual conforme a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil, la misma se establece sin prejuzgar respecto de la cantidad o porcentaje que en su caso se determine al momento de dictar la sentencia que se dicte en el incidente correspondiente una vez que se cuente con mayores elementos posibles para tal efecto, amén de que con apoyo en el artículo 311-Ter del Código Sustantivo el cual establece [.] de tal manera que apreciándose de las constancias de autos que gasta el día de la fecha presentó la demandada incluso (sic) dicha suma no abarca todos y cada uno de los gastos que se generan por estos, sin embargo se considera pertinente fijarla como provisional hasta en tanto se conozca con toda certeza la capacidad económica del deudor alimentario, en el entendido de que su actividad actual es de empresario según el dicho de la demandada."(énfasis añadido)." VIII. Esta decisión fue materia del juicio de amparo indirecto ... de este índice, sentenciado el once de mayo de dos mil veinte que concedió la protección constitucional en los siguientes términos: "(.) a) Deje insubsistente la resolución reclamada de siete de enero de dos mil veinte emitida en el toca de apelación ...; y, b) Dicte otra, en la que reitere todo aquello que no es materia de la presente concesión, y tomando en consideración los razonamientos expresados en este fallo, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que corresponda a fin de fijar la guarda y custodia, así como los alimentos de los menores, conforme a las reglas que los rigen. (.)" IX. En cumplimiento, la Sala del conocimiento dictó la resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno, que en lo que en lo que es materia de agravio resolvió: "(.) y toda vez que los alimentos son de orden público, de tracto sucesivo, consumibles, irrenunciables, imprescriptibles y de primera necesidad se fija como pensión alimenticia provisional el equivalente a $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales, en favor de la demandada y sus menores hijos, la cual tendrá un incremento anual conforme a lo dispuesto en el artículo 311 del Código Civil, la misma se establece sin prejuzgar respecto de la cantidad o porcentaje que en su caso se determine al momento de dictar la Sentencia que se dicte en el incidente correspondiente una vez que se cuente con mayores elementos posibles para tal efecto." Esta sentencia fue objeto del juicio de amparo ..., promovido por ..., por propio derecho y en representación de sus menores hijos, donde se les otorgó la protección constitucional por sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para los siguientes efectos: "En congruencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección constitucional, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Sala responsable: 1) Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Dicte otra con plenitud de jurisdicción, donde reitere aquello que no fue materia de análisis constitucional, y regule prudencialmente la pensión provisional tomando en consideración lo aquí resuelto." X. En cumplimiento a la ejecutoria constitucional, se dictó la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintidós en el toca ..., en la que confirmó el monto de crédito alimentario por 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, a cargo del hoy quejoso. Este fallo constituye el acto reclamado. XI. Con tal determinación, se decretó el cumplimiento a lo resuelto en el amparo ..., por auto de siete de abril de dos mil veintidós; mismo que se declaró firme por acuerdo de veinticinco de mayo siguiente. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, el quejoso alega una violación a sus derechos humanos por lo siguiente: 1. En el acto reclamado no se observaron los lineamientos impuestos para cumplir la ejecutoria ..., ni "activa" el control de constitucionalidad de los derechos fundamentales, para la defensa de los niños y evitar el estado de precariedad de su progenitor; y contar con las pruebas que den cuenta de la situación financiera de él, respecto del pago que debe hacer por la hipoteca. Incluso, una tía del quejoso le prestó dinero para evitar que deje de ver a sus sobrinos y quedar en indefensión o incluso ir a dar a la cárcel, por los pagos que le toca hacer, incluyendo la hipoteca donde vive la madre de los niños, siendo que ahora ellos pasan más tiempo con él. Las normas de derechos humanos deben interpretarse de forma que no dejen al quejoso en estado de insolvencia o indefensión, debiendo construirse el marco conceptual más protector conforme al amparo ... . Tampoco hubo una metodología para determinar si el quejoso tenía préstamos personales para hacer frente a sus deudas, siendo necesario tomar todas las medidas y pruebas para determinar la verdadera capacidad, como se dijo en ese amparo y en el diverso ... . 2. La Sala resuelve incongruentemente y contra el contenido del artículo 311 del Código Civil para esta ciudad, pues omite precisar cuál es la situación más benéfica para los menores y se pone en desventaja económica al quejoso, quienes ahora pasan más tiempo con el quejoso y por ello los gastos son mayores; lo que igualmente pasa respecto de la menor, pues no se valoró que de acuerdo a su escucha, ésta pasa más tiempo con el quejoso, por la custodia compartida. Este aspecto no ha sido valorado por la autoridad y denota que los niños tienen más tiempo con el quejoso. 3. El pago de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) no es acorde a su capacidad real y actual, incluso, la pandemia dejó sin recursos al quejoso; por lo que para no dejarlo en insolvencia y observa el debido proceso, se deben tener pruebas contundentes (prueba de trabajo social o de contabilidad, v.gr.) para determinar la capacidad real del deudor, pues esto no se ha verificado plenamente y presume que el ingreso del pasado sigue siendo el mismo en el presente. 4. El quejoso ha cubierto el rubro de habitación de los niños y su madre, a través del pago de la hipoteca; y ese pago debe ser considerado para efectos de fijar la pensión puesto que el quejoso ni siquiera vive ahí. Para respetar la dignidad del quejoso y no privarlo de todos sus recursos y no discriminarlo solo para proveer, debe dársele el mismo trato que a su contraria y entregársele a él el bien inmueble; ordenando a su favor la entrega y desocupación del bien, lanzando a la madre de los niños. 5. La sentencia no tomó en cuenta que el suscrito puede detentar la guarda y custodia, lo que atenta contra el interés superior del infante y afecta una verdadera ponderación en equidad de género. Así, por igualdad, debe velarse por una custodia compartida y fijar una pensión a favor del padre, para que de esa forma ambos ascendientes puedan cumplimentar los deberes hacia los hijos. Decisión: Los conceptos de violación son inatendibles por una parte e infundados por otra, atento a la secuela procesal que antecede a la emisión del acto reclamado, a la naturaleza del procedimiento de origen y en observancia al deber de tutelar el interés superior de la menor, como postulado rector de las decisiones de todo órgano del Estado Mexicano. En primer término, son de desestimarse por inoperantes, los argumentos tendientes a cuestionar la actuación de la autoridad, en relación a los lineamientos dados en amparos previos. En efecto, los motivos de inconformidad sintetizados en el inciso 1, donde destaca el quejoso que el fallo violenta sus derechos enfatizándose en la inobservancia a las ejecutorias de los amparos previos ... y ... no son de acogerse. Ello es así, porque alegaciones de esta índole, ya no pueden ser abordadas en el fondo debido a que son ajenos a la materia de la litis constitucional del nuevo juicio de amparo (este que se resuelve), pues el acatamiento a la ejecutoria son cuestiones propias del trámite de los asuntos previos y de los cuales derivó la secuela que hoy concluye con la última decisión emitida en cumplimiento. De ahí que lo relativo al cumplimiento y observancia a los lineamientos de la ejecutoria constitucional no solo representa un tema ajeno al presente asunto, por ser aspectos propios del trámite de ejecución de un diverso amparo; sino que incluso, ahora se encuentra enteramente definido al estar dictado el reconocimiento de cumplimiento y haberse declarado su firmeza. Al efecto se invoca la tesis jurisprudencial P./J. 98/97 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro: 197240. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, en Materia(s): Común, Página: 22, que dispone: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja." También se cita la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/3 (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, en Materia(s): Común, Página: 1429, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS PLANTEADOS EN UN NUEVO JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SON INOPERANTES CUANDO CUESTIONAN LA MANERA EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DA CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA ANTERIOR. Conforme al artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, las cuestiones vinculadas con el cumplimiento de una resolución dictada en el juicio para la protección de derechos fundamentales, deben plantearse al desahogar la vista que con dicho cumplimiento se da a los interesados, ello sin perjuicio de que el tribunal de amparo analice la manera en que aquélla se hubiere cumplimentado. Luego, conforme a dicho precepto los interesados en el cumplimiento cabal de la ejecutoria pueden alegar el exceso o defecto en que pudieren incurrir las autoridades responsables, en la etapa de referencia y no en un nuevo juicio de amparo; por tanto, los conceptos de violación que con tal contenido se propongan, deben declararse inoperantes." Por otro lado, a criterio de este órgano resultan inatendibles todos aquellos aspectos que invoca el quejoso en sus motivos de inconformidad, que descansan en la observancia al principio de legalidad (como son la desatención a pruebas o la inadecuada intelección y aplicación del artículo 311 del Código Civil para esta ciudad, destacados en el concepto de violación sintetizado en el inciso 2.). Ello es así, pues este órgano no puede pasar por alto que el acto reclamado es producto de dos concesiones previas de protección constitucional, en donde se disiparon los aspectos formales. Al respecto, se invoca por analogía, la tesis 2a. XVI/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 2048, que dispone: "SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL SEGUNDO JUICIO DE AMPARO. Cuando en un juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito concede la protección constitucional por alguna violación formal o procesal, parte de la base que ponderó que los conceptos de violación referentes al fondo del asunto no le reportan al quejoso un mayor beneficio que aquéllos; por ello, en el segundo juicio de amparo deberá valorar el análisis que previamente hizo sobre el fondo. A pesar de lo anterior, esta regla tiene como excepción cuando la violación formal o procesal detectada en el primer amparo sea de gran impacto en el asunto que le permita apreciar la problemática jurídica y los hechos de manera diversa y, por tanto, ahora deba concederse la protección constitucional en cuanto al fondo, pues de no ser así pone de manifiesto que la protección constitucional por vicios de fondo debió concederse desde el primer juicio." Dicho ello, los temas sobre la desatención a pruebas o inobservancia al principio de proporcionalidad alimentaria, o el análisis de las capacidades del deudor, representan temas de legalidad que han sido superados a la luz de lo resuelto en los amparos previos, donde dichas cuestiones se abordaron para sustentar el sentido de la concesión. Máxime que, particularmente en el amparo ..., en que si bien la protección se otorgó a sus acreedores, se establecieron los medios para que en aras de que la pensión fuera equitativa, no se afecte el mínimo vital del deudor; ello, como se ve de la siguiente transcripción: "En esa medida debe considerarse estás variables para regular prudencialmente la capacidad del acreedor, en un punto en el que no comprometa el mínimo vital, pues el derecho a los alimentos tiene como finalidad proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, y como establece el artículo 311 del Código Civil para la Ciudad de México, deberán proporcionarse acorde a las posibilidades reales del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Por ello, si una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle la familia de la que forma parte." De ahí que los aspectos contenidos en los apuntados conceptos de violación, ya no sean de atenderse en este tercer proceso constitucional, al ser temas formales (de apreciación de constancias o ponderación normativa) superados por las concesiones y de las que ya se declaró el cumplimiento. Se cita por analogía, la tesis de jurisprudencia II.1o.T. J/7 (10a.). Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Común, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1789, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, Y/O A LAS OMISIONES DEL PRIMER FALLO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.T. J/5 (10a.) Y DE LA TESIS II.1o.T.6 K (10a.)]. Cuando se promueve un juicio de amparo directo contra un ulterior laudo o sentencia que se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, sólo resultan operantes los conceptos de violación dirigidos a impugnar las cuestiones que la responsable: 1) resolvió directamente en ejercicio de la libre jurisdicción que le fuera conferida o en vía de consecuencia de ese ejercicio; y/o 2) dejó de resolver en perjuicio del quejoso y que debió fallar en ejercicio de esa plenitud de jurisdicción; y/o 3) las omisiones cometidas por la autoridad responsable desde el primer fallo, que le perjudicaron al quejoso hasta la emisión de la resolución que constituya el acto reclamado. Erigiéndose lo anterior, en una condición necesaria para ser analizables; y, por exclusión, los argumentos ajenos a estos temas son inoperantes por inatendibles, ya que inexorablemente quedarían comprendidos: a) en el cumplimiento cabal y vinculante de esa ejecutoria, o en la reiteración de las mismas consideraciones: por haber sido infundados los conceptos de violación enderezados en su contra (cosa juzgada); o, b) en el ser reiterados, por no haber sido materia de la litis constitucional; o, c) en el exceso o el defecto de ese cumplimiento; o, d) en la indebida repetición del acto reclamado; o bien, e) habría precluido su derecho para hacerlos valer, porque a pesar de no haberse reflejado en el primer laudo o sentencia la violación procesal y/o algún punto decisorio que pudiera perjudicarle, debió haberlas combatido, en amparo adhesivo en contra de aquél. Así, los conceptos de violación ajenos a esos tópicos, que impugnan la legalidad de lo fallado son inoperantes, por no ser materia del nuevo juicio de amparo, enderezado contra la ulterior sentencia o laudo dictado con motivo de la ejecutoria de amparo anterior; por lo anterior, este órgano jurisdiccional abandona el criterio contenido en la jurisprudencia II.1o.T. J/5 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de junio de 2016 a las 10:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo IV, junio de 2016, página 2547, con el título y subtítulo: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN.", y en la tesis II.1o.T.6 K (10a.), publicada en el mismo medio de difusión del viernes 2 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 3819, con el título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA O LAUDO RESPECTO DEL CUAL NO ES POSIBLE FORMULAR CONCEPTO DE VIOLACIÓN ALGUNO, AL HABERSE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO."" En la misma tesitura, deben desestimarse por infundados los conceptos de violación sintetizados en el inciso 3, en que se dice esencialmente que no está plenamente definida la capacidad económica del quejoso y se harían necesarias más pruebas para tal efecto; y es así, pues tal rigor es dispensable tratándose de alimentos provisionales. Ello es así, porque debe considerarse que el reclamo nace de un asunto donde se fijaron alimentos de manera provisional; mismos que por su naturaleza transitoria, constituyen un acto de molestia, que se decreta con efectos temporales y hasta que el negocio se define de manera terminal; de lo que se sigue que hay casos en que la determinación provisional no goza siempre de toda la exactitud para dictarse en cierto sentido o en cuanto a todos su alcances, pues ello corresponde a la sentencia final. En efecto, las medidas cautelares -como son los alimentos determinados en el acto reclamado- al decretarse no constituyen una prerrogativa de manera definitiva para su solicitante, pues son solo el mecanismo para tutelar la expectativa de derecho que se tiene, apreciada a la luz de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; y que precisamente por su naturaleza transitoria prescinden de todos los elementos que serán juzgados en el negocio principal. Por ello, para determinarse ni siquiera se hace exigible el derecho fundamental de audiencia, precisamente porque solo son una aproximación objetiva del derecho en disputa, no un reflejo exacto e indudable de toda su extensión. Al respecto, conviene citar las consideraciones que sobre el tema ha hecho la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 710/2017, donde estableció: "En estos términos, la obtención de una providencia precautoria debe entenderse como una expectativa de derecho cuya admisión o desechamiento constituye un acto de molestia. De hecho, existe una clara doctrina jurisprudencial del Tribunal Pleno en torno a los orígenes y efectos de la distinción entre actos privativos y de molestia, conforme a la cual las medidas cautelares -tanto en lo general como en el caso específico del embargo- constituyen actos de molestia respecto de los cuales no rige la garantía de audiencia. Al respecto, el Pleno encuadró al levantamiento del embargo -en términos del artículo 1180 del Código de Comercio- como parte de esa doctrina, enfatizando que la sustitución de la garantía -fianza en lugar de embargo- no extingue la vigencia de la medida precautoria y que, en todo caso, la garantía que busca asegurar la efectividad del crédito carece de impacto respecto de la cuestión de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción intentada, lo cual será determinado por la sentencia y no por dicha providencia precautoria." De ahí que no asiste razón al quejoso en lo tocante a la lesión que invoca respecto de la falta de mayores elementos probatorios, pues el hecho de que su determinación no sea con el mismo rigor probatorio como él pretende no contraviene derechos fundamentales. Ello, dado que tal exigencia opera para el proceso principal, mientras que en estos casos es más laxo el estándar de acreditamiento, partiendo de que lo más relevante es velar porque las necesidades de los acreedores queden debidamente cubiertas, sin que ello sea una carga definitiva para el deudor; máxime por haber dos menores de edad involucrados en la contienda. Al efecto se invoca la tesis I.4o.C.322 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2349, que cuyo contenido es: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado. Y por su consideración sobre las providencias alimentarias, también se invoca la tesis VII.2o.C.233 C (10a.), con registro digital: 2022340, Décima Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 1941, que establece: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, NO DEJA SIN OBJETO LA CONTROVERSIA DEL JUICIO. Las medidas cautelares buscan una adecuada y oportuna protección a los derechos controvertidos, pues a través de ellas se pueden evitar daños irreparables en los sujetos o la materia de la controversia, que se causen con el tiempo que conlleve el dictado de la sentencia, logrando así el aseguramiento y eficacia de la función jurisdiccional. Por lo que el objetivo principal de las medidas cautelares es preservar la materia del juicio, ya sea: 1) conservando la situación jurídica; o, 2) adelantando los efectos del fallo definitivo; para lo cual debe procurarse celeridad en el dictado de ése. Lo anterior no significa que la medida cautelar trate de acelerar la satisfacción del derecho controvertido, sino solamente suministrar anticipadamente medios idóneos para fomentar un panorama apto en la ejecución de la eventual sentencia. En ese sentido, en vista de la sumariedad de las medidas cautelares, éstas deben dictarse tomando en consideración el material probatorio aportado hasta ese momento del juicio, con base en un estándar probatorio mucho más laxo en tanto que, generalmente, las pruebas que se pueden aportar son limitadas; sin embargo, la decisión definitiva debe tomarse una vez satisfechos los extremos del artículo 14 constitucional, ya que la ponderación de los principios constitucionales no debe tener el alcance de anular el núcleo duro del derecho con menor satisfacción. Así, los principios que rigen en general a las medidas cautelares resultan aplicables a los alimentos provisionales. Por ello es que la resolución del recurso de reclamación en contra del auto que fija el monto de los alimentos provisionales previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no deja sin objeto la controversia del juicio; ello es así, porque si las circunstancias procesales sobre la discusión del derecho no variaran, de conformidad con las demás pruebas que pudieran allegarse al juicio una vez resuelta la reclamación, la sentencia definitiva tendría que pronunciarse en el mismo sentido; mientras que para el proceso principal, la cognición del juzgador es más amplia, pues no se limita a aquellas pruebas que se desahoguen por su propia y especial naturaleza, sino a las permitidas por la ley; de ahí que si con vista en los datos probatorios que pudieran allegarse cambiasen las apariencias procesales, la sentencia definitiva puede dictarse en sentido diverso al de la resolución interlocutoria de alimentos." Lo anterior, aun cuando se trate de dinero entregado a favor de la parte deudora alimentaria, y que no puede recuperarse en caso de no prosperar la acción principal, ya que aun en este supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que prevalece su carácter de acto de molestia, atento a la temporalidad que rige a las medidas cautelares. Sostiene lo anterior, el criterio 1a. CLXXXIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 359, que dispone: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, NO VULNERA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. La Primera Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión ..., reconoció que la distinción entre actos privativos y de molestia puede resultar menos clara si se reflexiona que existen restricciones temporales que pueden generar, durante el lapso en que se encuentren vigentes, una disminución, menoscabo o supresión definitiva de derechos, la cual resulte irreparable; así mismo, se sostuvo que mientras la medida tenga una finalidad provisional, ésta será considerada como acto de molestia; precisando que es posible que las restricciones -temporales por concepto- generen, momento a momento, afectaciones que, consideradas individualmente, resulten irreparables. Ahora bien, la pensión alimenticia provisional, prevista en el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, será considerada un acto de molestia aun cuando la parte deudora no pueda exigir la devolución de aquellas cubiertas durante la vigencia de la medida cautelar, con independencia de que al final pudiese decretarse la improcedencia de la pensión definitiva. En efecto, el acto seguirá considerándose de molestia si cada una de esas afectaciones, definitivas bajo una noción de irreparabilidad, forma parte de una medida de naturaleza temporal o transitoria, lo cual depende de que se haya dictado durante la tramitación de un procedimiento -entendido en sentido amplio-, cuya conclusión necesariamente implicará la emisión de un nuevo acto de autoridad que la deje sin efectos. Consecuentemente, el artículo citado al prever la pensión alimenticia provisional, no vulnera el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que regula una medida cautelar cuya vigencia temporal le confiere necesariamente el carácter de acto de molestia, por lo que no admite la posibilidad de otorgar audiencia previa a la parte deudora alimentaria." En diverso aspecto, lo aducido en los conceptos de violación que tratan el tema de la hipoteca y el pago que con ésta cubre el demandante de amparo (inciso 4), es inoperante dado que con ello se cuestiona un aspecto concreto que ya se juzgó en el amparo ... y que es precisamente que para apreciar la capacidad económica del deudor, no se debe descontar el crédito hipotecario, aunado a que ello solo acreciente el patrimonio del deudor, sin ser garantía de continuidad en el uso y goce de la habitación. En efecto, en el juicio de amparo mencionado, se sentenció: "Empero, es incorrecto lo resuelto por la sala responsable porque no debe apreciar la capacidad económica del progenitor únicamente sobre la cantidad resultante, posterior a las deducciones del crédito hipotecario contratado con la institución bancaria, porque la capacidad económica implica apreciar y/o determinar el monto global de las percepciones, que regularmente y/o en promedio recibe el deudor o en su caso incrementan su patrimonio, que en este caso se traduce en el sueldo promedio íntegro. Por el contrario, de las posibilidades financieras y/o sueldo únicamente pueden deducirse aquellas obligaciones donde medie apremio judicial. Esto es, la cargas financieras asumidas por el deudor alimentario de forma voluntaria, como créditos personales, hipotecas o apoyos solidarios, entre otros, no pueden formar parte de las deducciones excluidas de su base salarial para determinar su capacidad económica real frente a su acreedor alimentario, que a su vez establece la cantidad residual que habrá de asumir el diverso progenitor. [.] Aunado, debe considerarse que el pago de un crédito hipotecario proyectado implica incrementar el capital inmobiliario únicamente en beneficio del deudor, porque las cantidades que ahora se descuentan para calcular su capacidad financiera real, a futuro suman a sus posibilidades, es decir, conlleva un beneficio unilateral que se va adquiriendo sistemáticamente con una parte de lo que es descontado en sus capacidades financieras reales, para hacer frente a la obligación alimentaria. Lo cual tampoco constituye una garantía de continuidad en el uso, goce y disfrute del derecho a la habitación que conllevan los alimentos en beneficio de los acreedores, porque al sujetar el inmueble de mérito a las prácticas comerciales privadas, el banco acreditante no privilegia el goce del derecho a la vivienda, por lo cual el deudor alimentario no tiene plena disponibilidad sobre el bien utilizado como habitación, para estimar que pueda garantizar plenamente ese rubro de los alimentos. [.]" De lo expuesto se sigue que este punto particular sobre los alimentos en relación a la hipoteca ya está definido en el amparo previo; entonces, ya no es dable reexaminarlo, pues constituye cosa juzgada; la cual representa seguridad jurídica para las partes vinculadas a proceso, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente inmutables. De tal suerte que los conceptos de violación serán inoperantes cuando estén dirigidos a cuestionar o debatir puntos litigiosos que han adquirido firmeza, y que no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, pues ello equivaldría a vulnerar y burlar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia es de orden público. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de 2008, página 1919, en materia común cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." Y por lo que hace a su señalamiento de que para respetar la dignidad del quejoso y no privarlo de todos sus recursos y no discriminarlo solo para proveer, debe dársele el mismo trato que a su contraria y entregársele a él el bien inmueble; ordenando a su favor la entrega y desocupación del bien, lanzando a la madre de los niños; debe decirse que tal cuestión es por demás inatendible, ya que desde la emisión del auto impugnado (y pasando por el análisis hecho en el amparo ...) quien detenta la guarda y custodia es la madre. Esto es, quien tiene incorporados al hogar y bajo sus cuidados a los niños, es la contraria del quejoso, por lo que pensar en la posibilidad de lanzarla implicaría paralelamente afectar a los menores desproveyéndolos de un lugar donde vivir; lo cual es sencillamente inaceptable a la luz del artículo 4º de la Constitución Federal y de su interés superior, el cual rige por encima del de los ascendientes, de ahí que en cualquier sentido de la decisión, de inicio exista justificación para preferir el beneficio de los menores. Al efecto, cobra vigencia la tesis jurisprudencial I.5o.C. J/15, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, página 2188, de marzo de 2011, cuyo contenido es: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU RELACIÓN CON LOS ADULTOS. El concepto interés superior del menor, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad; de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social." En la misma tesitura sobre la firmeza de las decisiones constitucionales, son de desestimarse por inatendibles los conceptos de violación (inciso 5), que parten de que el quejoso puede detentar la guarda y custodia; y que en esos términos, por igualdad y equidad de género, se debe fijar una pensión para el padre en beneficio de los menores, dado el tiempo que comparten con él. Ello es así, porque la sentencia firme del juicio de amparo indirecto 366/2021, de cuyo cumplimiento derivó el acto que aquí se reclama, fue clara en el sentido de que la plenitud de jurisdicción para resolver recaía solo en los temas propios de la concesión, y que fueron estrictamente los de índole alimentario. Y por lo demás, el fallo impuso iterar todo aquello que no fuera materia de la protección; de lo que se sigue que por exclusión, lo que no se relacionara con la pensión -como es la custodia- debía prevalecer, lo que en el caso significó dejar intocada la tenencia y cuidado de los niños, sin que el hoy quejoso recurriera tal determinación en vía de revisión. Lo anterior no deja al quejoso en incertidumbre o indefensión, pues si a su saber existen circunstancias modificatorias que ameriten cambiar el régimen como está definido por ahora, el justiciable tienen a su disposición un medio de defensa a su alcance que es el incidente previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad; en donde corresponde al interesado probar que las circunstancias originales en que se gestó la decisión judicial, han sido modificadas, para que la consecuencia de tal evento sea determinada por el juez. Orienta lo anterior, la tesis I.3o.C.998 C (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Civil, Página: 629, que establece: "INCIDENTE DE REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. CARGAS PROCESALES DE LAS PARTES. Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establecen las reglas para la distribución de las cargas probatorias en los juicios del orden civil. Así, todo el que afirma está obligado a probar, de forma tal que cada una de las partes deba probar los hechos constitutivos de sus pretensiones, salvo que éstas se basen en hechos de carácter negativo. Regla que no resulta aplicable: a) cuando la negativa expresa envuelva la afirmación de un hecho; b) cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; c) cuando se desconozca la capacidad; o, d) cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. Entonces, si la acción intentada en la incidencia natural se hizo consistir en la reducción o cancelación de la pensión alimenticia, para cuya procedencia el segundo de los elementos de la acción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la codificación en comento, lo constituye el que hubieran cambiado las circunstancias que dieron origen a la pensión alimenticia; en un primer momento corresponde al deudor alimentista acreditar las circunstancias con base en las cuales sustenta la negativa del derecho de su contraparte, por ser ésta la afirmación de que su acreedora tiene, en su caso, bienes, profesión, comercio o trabajo para su subsistencia. En un segundo momento, es decir, una vez acreditado lo anterior, corresponderá a la acreedora alimentista la carga de la prueba de acreditar que las circunstancias referidas por el deudor para la cancelación o disminución de la pensión son insuficientes para la procedencia del mismo, pero se reitera, esto será sí y sólo sí el deudor alimentista demuestra las circunstancias en las que basa su petición, pues sería absurdo obligar a su contraparte a demostrar la insuficiencia de las circunstancias aducidas por el actor para la cancelación o disminución de la pensión, ya que al otorgar validez al simple dicho de este último se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentista quien tendría que demostrar la insuficiencia de hechos que pudieran resultar falsos." No pasa inadvertido que entre sus señalamientos, el quejoso aduzca que en una contienda en que se observe la equidad de género se debe fijar pensión a cargo de su contraria para equilibrar los deberes entre los ascendientes; sin embargo, en este punto no asiste razón al quejoso, pues no hay necesidad de hacer tal fijación en tanto que la madre tiene por ahora la custodia de los niños, y así se actualiza el supuesto previsto en el artículo 309, en lo relativo a la incorporación al hogar. Al efecto se cita la tesis I.14o.C.77 C, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2355, que dispone: "IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO. SON PRINCIPIOS QUE NO SE VIOLAN CUANDO SE INVOLUCRA EL DERECHO DE UN MENOR A RECIBIR ALIMENTOS DE AMBOS PROGENITORES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios, ha determinado no sólo qué debe entenderse por el principio de igualdad ("la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de modo que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido"), sino, como complemento del alcance de ese principio, un conjunto de criterios para delimitar cuándo una distinción o preferencia dispuesta por el legislador entre dos supuestos análogos se encuentra justificada y, por lo tanto, no constituye discriminación, y cuándo se considera injustificada y, por ende, concreta una discriminación. Sobre esa base, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del Código Civil para el Distrito Federal, ambos progenitores son sujetos obligados a cumplir con los alimentos que necesita su menor hijo, cuyo interés superior está por encima de los derechos de ambos padres, de manera que no se impone sólo al hombre tal carga, sino que recae también en la mujer, por lo cual el hecho de que a uno de los padres se imponga una carga procesal de proporcionar alimentos en determinado porcentaje de su salario, en favor de su menor hijo, a pesar de que percibe un ingreso inferior al de su contraparte, no revela discriminación por razón de género, ni se viola el principio de igualdad, si se parte de la base de que cuando el menor se encuentra incorporado al hogar de la madre (modo específico de cumplir esa obligación, conforme al artículo 309 del citado código), ésta debe subvenir los rubros que no se alcancen a cubrir con el monto fijado a cargo del padre, pues si ambos cuentan con empleo e ingresos, tienen obligación de aportar, en la medida de sus posibilidades, lo necesario para la subsistencia del menor." Por lo expuesto se concluye que los conceptos de violación son infundados, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal a su demandante; sin que se advierta cuestión susceptible de repararse en su beneficio en suplencia de la queja; cobrando aplicación el criterio jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ... por propio derecho y en representación de los menores de iniciales ... y ..., contra actos de la Segunda Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, ocho de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Por recibido el oficio de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual remite las constancias que refiere, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. Con las documentales que anexa, se ordena formar el tomo III, para un mejor manejo del expediente. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; en consecuencia, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Considerando que la presente determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición particular para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto específico del artículo 26 de la Ley de Amparo; por ende, se colige que es dispensable realizarles notificación por oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificar por lista a las responsables el contenido de este auto. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, intitulada: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.
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